La estela de la corrupción sigue empañando la imagen de Andalucía

24 y 179. Dos cifras que sin contextualizar no significan nada, pero que en los balances del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dibujan la estela de corrupción que sigue empañando la imagen de Andalucía y frente a la que el Ejecutivo de PP y Ciudadanos ha situado la acción de su Gobierno, enarbolando un discurso regenerativo que acabó con casi tres décadas de dominio socialista en Andalucía. La región copó el 45,2% de los casos de todo el país, cuya instrucción o investigación concluyó durante 2021. Un porcentaje que se eleva hasta el 52% cuando se trata del número de personas físicas o jurídicas contra las que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento.

La estadística revelada por el órgano de gobierno de los jueces detalla que durante el pasado año finalizaron las pesquisas en torno a un total de 53 causas de este tipo y que dejaron 344 investigados. Esto supone que prácticamente una de cada dos corresponde a instrucciones abiertas y cerradas por juzgados andaluces.

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Las siguientes regiones con mayor número de investigaciones concluidas, a bastante distancia de la andaluza, son la Comunidad Valenciana —nueve— y Madrid —siete—. Hay ocho, entre las que se encuentran Murcia, La Rioja, Asturias o Extremadura, que no registran ningún cierre de indagaciones.

Esta tendencia se repite, con matices, cuando se observa la cantidad de encausados por hechos de este tipo. Como es lógico, Andalucía, con 179, es la autonomía con mayor cantidad y acumula el 52% del total. En segunda posición se sitúa la región valenciana —80 procesados—, pero Castilla y León, con solo cuatro instrucciones, desplaza a la madrileña al sumar 26 personas físicas o jurídicas camino del banquillo.

El CGPJ aclara que estas estadísticas derivan de la “denominada corrupción pública” y considera que es “la que más altos índices de preocupación inspira en la sociedad”. De este modo, “los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos”, y destaca la “afectación en el dinero público” de sus supuestos actos delictivos a través de la “corrupción administrativa y la política”.

La estadística del CGPJ no discrimina entre administraciones y partidos políticos afectados

El papel protagonista que las memorias judiciales siguen otorgando a la comunidad complica esa vuelta de página que el actual Gobierno andaluz pretende dar. Es cierto que las más de 100 piezas del caso ERE, así como las derivadas del presunto fraude en los cursos de formación para desempleados, suponen un arsenal político-judicial con el que apagar cualquier reproche que provenga de las filas socialistas, pero también empañan el discurso regenerativo que ayudó a PP y Cs a llegar a la Junta de Andalucía. No porque hayan surgido casos relevantes durante su gestión, que apenas han arañado a una consejera, sino por el impacto que pueda tener en la imagen de una región que se exhibe como alternativa a los grandes polos de poder del país —Madrid y Barcelona— y trata de ser una referencia económica más allá de un destino turístico consolidado.

Teniendo en cuenta la complejidad de estas instrucciones, que se prolongan durante años, es fácil suponer que una buena parte corresponde al largo periodo en el que el PSOE estuvo el frente del Ejecutivo andaluz. No obstante, hay que aclarar que esta estadística no discrimina entre administraciones o partidos políticos afectados, por lo que entre esas 24 investigaciones finiquitadas se hallarán algunas que impliquen a ayuntamientos, mancomunidades u otros niveles de gestión, así como a dirigentes de la mayoría de las siglas. Porque si algo ha dejado claro la historia reciente de los tribunales, es que ninguna de las grandes formaciones escapa a esta lacra.

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Y como ejemplo de ese rastro judicial que parece interminable, con decenas y decenas de instrucciones del caso de los ERE como paradigma, la vista que este martes tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Sevilla. En el banquillo de los acusados, un nombre, Ángel, de apellido ilustre: Rodríguez de la Borbolla. El hermano del que fuera presidente autonómico andaluz José Rodríguez de la Borbolla.

Después de 10 años de instrucción, como denunciaba su letrado, comparecía ante la Sección Cuarta por las presuntas ayudas irregulares concedidas a empresas vinculadas al sector del corcho. Unas partidas de dinero público abonadas entre 2001 y 2007 por importe de 8.408.096,42 euros “prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación, ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria”, según plasmó el juez instructor, José Ignacio Vilaplana.