Tras la derrota, penitencia en el PSOE: recta final para la sentencia de los ERE

Las malas noticias nunca vienen solas. Después de la derrota en las elecciones de Andalucía, al PSOE le queda un sobresalto más antes de que llegue el verano. El Tribunal Supremo ha entrado en la fase final de su deliberación sobre la sentencia de los ERE y prevé tenerla lista en cuestión de semanas. Fuentes jurídicas consultadas sitúan su notificación a finales de este mes o principios del que viene. Una confirmación de la resolución de instancia —que ya ha solicitado la Fiscalía— supondría la entrada en la cárcel del expresidente José Antonio Griñán y, con ello, un nuevo trauma para el socialismo, que vive sus horas más bajas.

La corrupción de la anterior etapa socialista ha quedado al margen de los comicios. El Supremo ha mantenido en suspenso la resolución de los recursos para no interferir en las elecciones. Acabado el periodo electoral, el fallo está cercano. La decisión se encuentra en manos de un tribunal formado por los magistrados Juan Ramón Berdugo (presidente), Ana María Ferrer, Carmen Lamela, Susana Polo y Eduardo de Porres, que firmará como ponente.

La sentencia que revisa el alto tribunal condenó en noviembre de 2019 a 19 ex altos cargos de la Junta, entre ellos a los expresidentes Griñán y Manuel Chaves, por el fraude en la concesión de ayudas sociolaborales y marcó el inicio de una revolución en el socialismo andaluz. Durante la vista pública, celebrada el pasado mayo, el Ministerio Público pidió que se confirmen íntegramente las condenas, entre las que se encuentran seis años de prisión para Griñán y nueve de inhabilitación especial para Chaves. Los dos exdirigentes están condenados por delitos de malversación y prevaricación en el primer caso y por prevaricación en el segundo.

La sentencia constituye un repaso a toda una era y es el preludio de otras muchas que la seguirán. La Audiencia de Sevilla no se limitó a fijar penas, sino que realizó una contundente crítica a las políticas de empleo de la Junta, que se mantuvo en manos socialistas durante casi 40 años hasta que, en 2018, Juanma Moreno logró el desalojo gracias a la suma con Ciudadanos y Vox, confirmado ahora gracias a su mayoría absoluta

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El tribunal censuró a la antigua cúpula por construir un "sistema fraudulento" que repartió millones de euros —casi 700— a empresas en crisis sin control alguno y al margen de la Intervención General. "El sistema permitía el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos", y también se beneficiaron, indebidamente, terceros, en ocasiones personas que ni siquiera trabajaban en esas compañías. Todo el entramado era "ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado".

Para la Audiencia, la decisión de cambiar el sistema de ayudas de las empresas en crisis desembocó en una fórmula que obviaba los mecanismos de control legalmente establecidos. Pese a centrarse de forma aparente en la Consejería de Empleo, la decisión de concederlas correspondía al Gobierno en su conjunto. Fue la denominada agencia Idea quien canalizó los pagos, de forma que el Ejecutivo regional esquivaba el cumplimiento de requisitos y la posterior fiscalización. Solo dos de los 21 procesados evitaron la condena. En la lista se incluyen cuatro antiguos consejeros: José Antonio Vieira, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo.

Cárcel para Griñán

Los socialistas llevan ya tiempo asegurando que el coste electoral del caso ERE ya se pagó en las urnas y que el caso está "amortizado". Sin embargo, la magnitud del fraude y el calendario complican la vida al PSOE. Griñán fue condenado a seis años de cárcel y suma a la pena de prevaricación la de malversación de fondos públicos, por su etapa como consejero de Hacienda. Su situación es mucho más complicada, porque podría decretarse su ingreso en prisión, un escenario doloroso que los socialistas no quieren ni imaginar, confiando en que prospere el recurso.

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Dos años después de la sentencia política de los ERE, llegó una segunda sentencia el pasado enero. La Audiencia Provincial de Sevilla condenó de nuevo al exconsejero de Empleo Antonio Fernández a siete años de cárcel y al ex director general de Trabajo Juan Márquez a cuatro años por las ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco). Se trata de una pieza separada del macrocaso de los ERE. La primera sentencia, la que ahora revisa el Supremo, se refería a la llamada pieza política o procedimiento específico, es decir, juzgaba el sistema con que se repartió este dinero. A partir de ahí, cada empresa beneficiada por este fondo tiene una pieza específica y un juicio propio. La defensa del exconsejero de Empleo trató de que no se le volviera a juzgar en cada pieza, alegando que ya había sido condenado. Aunque en un principio esa iba a ser la tónica, y los cargos políticos iban a quedar excluidos de las piezas de las empresas, finalmente no fue así y la Justicia lo incluyó de nuevo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informa de que a fecha de noviembre de 2021 hay un total de 103 procedimientos (piezas separadas del caso ERE) en trámite en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, de los que 81 se encuentran en fase de instrucción de diligencias previas y los 22 restantes en fase intermedia, tras haberse dictado el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. Además, hay un total de 35 procedimientos (piezas separadas del caso) terminados por elevación a la Audiencia Provincial de Sevilla para enjuiciamiento, de los que se han juzgado dos (procedimiento específico, ya con sentencia, aunque no firme, y Acyco, en igual situación).