El Gobierno andaluz prohíbe a sus altos cargos tener cuentas en paraísos fiscales

Los altos cargos en Andalucía "no podrán ser titulares o autorizados" de cuentas bancarias u otros activos financieros en paraísos fiscales. Es uno de los puntos del articulado de la ley de la Oficina Antifraude que el Gobierno de PP y Cs se han comprometido a poner en marcha este 2021 en Andalucía.

En su artículo quinto, según el texto al que ha tenido acceso este periódico, se fija la "compatibilidad" de los altos cargos con la administración del patrimonio personal o familiar. Se prohíbe tener cuentas en países o territorios "calificados reglamentariamente como paraísos fiscales", "ya sea directamente o a través de sociedades en las que posean una participación superior al 5%". "Esta participación podrá ser indirecta o directa, a través de cónyuges o parejas de hecho inscritas en el correspondiente registro y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”, recoge el proyecto de ley.

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Andalucía ya lo intentó con el anterior Gobierno. La creación de una Oficina Antifraude formó parte del pacto de Cs con el PSOE y estaba pendiente desde entonces. El partido 'naranja' volvió a incluir ese punto en el pacto de investidura con el PP. La vicepresidencia del Gobierno andaluz, con Juan Marín, ha sido la encargada, con competencias en 'regeneración', de impulsar un proyecto de ley que está previsto que el Parlamento apruebe este 2021.

El texto de esa norma, que pondrá en pie una Oficina Antifraude en Andalucía similar a la que ya existe en la Unión Europea, Cataluña, Comunidad Valenciana o Baleares, y que también han impulsado los ayuntamientos de Madrid o Barcelona, está aún pendiente de llegar a la Cámara autonómica. El Gobierno andaluz informó de que ya ha pasado todos los filtros, incluido el informe del Consejo Consultivo, antes de su remisión a la Cámara.

Aportaciones de 65 entidades

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, informó al terminar el año del estado de tramitación del anteproyecto de ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante, un compromiso que entra en su recta final. El texto se remitió al Consejo Consultivo para recabar el último informe antes de su remisión al Parlamento, una vez que cuenta ya con las aportaciones del gabinete jurídico y el Consejo Económico y Social (CES).

En el trámite de audiencia pública de la norma, sindicatos, colegios profesionales, universidades, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía de Andalucía, el Ministerio de Justicia y hasta 65 entidades, organismos y organizaciones realizaron sus aportaciones.

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La norma impulsa la creación de la Oficina Andaluza Contra el Fraude y la Corrupción, adscrita al Parlamento para dotarla de la máxima autonomía e independencia y a la que se atribuyen potestades de investigación e inspección, de oficio o mediante denuncias presentadas por procedimientos y canales que aseguren la confidencialidad de la identidad de las personas denunciantes, recoge el texto de la ley.

Para la protección del denunciante, la norma contempla el derecho a no sufrir represalias y a la reparación de los perjuicios injustificados sufridos por causa de las denuncias con un marco de protección específico para los empleados al servicio del sector público andaluz, incluida la posibilidad de solicitar un traslado provisional a otro puesto del mismo nivel.

Multas de hasta 100.000 euros

La Oficina Contra el Fraude y la Corrupción tendrá competencia sancionadora. Se establece la clasificación de infracciones en leves, graves y muy graves con sanciones desde los 300 hasta los 100.000 euros. Su director será nombrado por el Parlamento por un mandato de cinco años no renovable. También se castigarán las denuncias falsas con la máxima sanción.

La norma incorpora modificaciones a la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. No podrán desempeñar estos puestos personas encausadas judicialmente o condenadas por delitos relacionados con la corrupción u otros delitos dolosos castigados con penas graves o que conlleven inhabilitación; no se permite realizar ninguna otra actividad de carácter público o privado, retribuida o no, con la única posibilidad de la docencia universitaria, la investigación y la formación siempre que no suponga detrimento de su dedicación o la participación en entidades sin ánimo de lucro o en actividades no retribuidas que resulten de interés social o cultural y que promuevan valores sociales.