Tiraron de la manta y ahora piden protección en la Oficina Antifraude andaluza

Roberto Macías se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por daño moral a UGT, el sindicato en el que trabajó, tras destapar el caso de las facturas falsas y el presunto desvío de fondos públicos para su financiación ilegal. Es el testigo clave de ese caso y será él quien lidere un frente común en el que estará Teodoro Montes, el funcionario que se convirtió en testigo protegido en los cursos de formación y que ahora vuelve a denunciar el acoso de la Junta. También Cristóbal Cantos, el exdirectivo denunciante del caso Invercaria, empresa pública de capital riesgo bajo lupa judicial. O Luis Escribano, cesado por la Junta y responsable del blog ‘El demócrata liberal’, donde denuncia numerosas irregularidades de la Administración andaluza.

Ellos, seguro que son muchos más, conocen de primera mano las consecuencias de perseguir la corrupción en Andalucía y combatir los desmanes con los fondos públicos. Ninguno ha sido consultado ni se les ha pedido opinión, ni por parte de la Consejería de Hacienda, lo que no es tan raro, ni por parte de Ciudadanos, coautores de la Oficina para la Prevención de la Corrupción en Andalucía, incluida en el pacto de investidura. No será una ley, como ocurre en el ámbito estatal, sino un decreto, que ya está expuesto en trámite de información pública y alegaciones. Eso impedirá que haya trámite parlamentario.

Blindaje laboral

El Congreso sí recibió las aportaciones de la Plataforma por la Honestidad, lanzada por la exfuncionaria Ana Garrido, que denunció Gürtel, y donde se integra también el extrabajador de UGT Roberto Macías. Este movimiento presentó alegaciones a la proposición de ley para la protección de los denunciantes de corrupción impulsada por Ciudadanos. En esas enmiendas, quienes han sufrido persecución por destapar un caso de corrupción reclaman su derecho a que se les pague un abogado o a tener cobertura psicológica y técnica, pero sobre todo reclaman protección en su ámbito laboral, ya sean empleados públicos o del sector privado. Esa 'indemnidad laboral' que exigen es también uno de los grandes agujeros negros que los afectados ven en la Oficina Anticorrupción andaluza, que prometida por Susana Díaz en su investidura, está previsto que comience a funcionar el próximo enero con una plantilla inicial de 15 funcionarios.

La oficina andaluza comenzará a funcionar en enero y contará con una plantilla de 15 funcionarios

Los denunciantes reclaman su derecho a tener un traslado provisional o una excedencia para evitar perjuicios laborales, piden que no puedan ser imputados por delitos de revelación de secretos y que sus casos se resuelvan en juzgados exprés, para evitar más daños. Además, reclaman que la protección se extienda no solo a denunciantes sino también a “alertadores y testigos”.

En el caso del decreto que dará lugar a la Oficina Antifraude de Andalucía, Hacienda defiende que sí se contemplan medidas de protección para los empleados públicos que denuncien presuntos casos de corrupción. Se dan garantías de que se mantendrá la confidencialidad sobre su identidad salvo requerimiento judicial y se recoge la obligación de habilitar medidas de protección para que denunciantes y testigos no puedan sufrir perjuicio o discriminación laboral. La oficina podrá declarar el secreto de sus investigaciones.

Un director funcionario

Este es uno de los aspectos que más sorpresa despiertan en el testigo clave del caso de las facturas falsas de UGT Andalucía. “¿Quién va a acudir a denunciar a la Junta si vemos cada día lo que ocurre dentro de la Administración andaluza con quien se atreve a destapar irregularidades?”, se pregunta Macías. “Si se nos persigue, quién va a ir a ese buzón, ni siquiera de forma anónima”, se queja con indignación. “Es uno de los mayores despropósitos de este decreto”, recalca, convencido de que esa promesa de anonimato, sin más garantías recogidas por ley, no es un camino seguro para nadie.

Tampoco desde esta plataforma ven claro que el director de esta oficina sea elegido por un tribunal independiente dentro de la Junta y quede adscrito a la Viceconsejería de Hacienda y Administración Pública. En eso también difiere de la propuesta estatal, que fija que el responsable de la oficina sea elegido por el Parlamento por una mayoría de tres quintos y al menos cuatro grupos parlamentarios entre personas de prestigio en la lucha contra la corrupción. Las enmiendas de este grupo de perseguidos por denunciar irregularidades piden además que el elegido no haya sido alto cargo u ostentado un cargo representativo en un periodo de 10 años. Desde la Junta, defienden que en Cataluña lo elige el Parlamento y no garantiza nada.

En el caso andaluz, será un tribunal independiente el que proponga el nombre del director de la oficina tras un concurso público al que podrán concurrir funcionarios con más de 15 años de experiencia. Su cargo será de cinco años prorrogables otro mandato. La figura quedará adscrita a la Viceconsejería de Hacienda, aunque la Junta defiende su total independencia y asegura que la fórmula es muy parecida a la que funciona ahora para la Intervención General, es decir, funcionarios de élite que no rinden cuentan a los cargos políticos. Cabe recordar que en el caso de los ERE, el que fuera interventor general está imputado y que sus enfrentamientos con el expresidente José Antonio Griñán fueron sonados una vez que se destapó la trama. También tras estallar los cursos de formación hubo muchas tensiones entre la cúpula de Hacienda y los interventores. Durante meses, ningún funcionario quiso asumir esa responsabilidad.

La oficina no tendrá control ni dará información sobre el dinero recuperado por fraude, Hacienda sigue guardándose esa carta en la manga

La oficina andaluza podrá actuar sobre cualquier ente público, de oficio o tras una denuncia, y cualquier entidad que reciba fondos públicos está obligada a colaborar con las investigaciones, que durarán un máximo de seis meses, con una prórroga tope de otros tres, y que podrán conducir a sanciones o a suspender cautelarmente adjudicaciones.

El decreto no dice nada sobre la obligación de informar a esta Oficina Antifraude sobre los reintegros o la recuperación de fondos públicos. Y eso a pesar de que esto depende directamente de la Consejería de Hacienda. Aquí vuelve a extenderse la niebla. En Andalucía aún es un misterio, pese a las peticiones reiteradas de información, cuánto del dinero defraudado de los ERE se ha recuperado o qué expedientes han prescrito. Tampoco se conoce con los cursos de formación ni con las ayudas a UGT.