Antifraude investigará los vuelos chinos de la Generalitat valenciana tras una queja del PP
Un error en la formalización del contrato del empresario chino Keping deriva en una denuncia de los populares. El documento se elaboró después de llegar los aviones con material
La Agencia Valenciana Antifraude investigará las relaciones comerciales entre la Generalitat valenciana y el empresario chino Chen Wu Keping, que se convirtió entre finales de marzo y principios de abril en un suministrador clave de productos de protección sanitaria en un momento de colapso del mercado internacional. Fuentes próximas al organismo que dirige Joan Llinares confirmaron la recepción de una queja motivada después de que el Partido Popular anunciase una denuncia al entender que existen sospechas de un "posible delito de falsedad documental" en el contrato suscrito por la Subsecretaría de la Conselleria de Sanidad y la mercantil Comité Textil, administrada por Keping.
El contrato, firmado por el subsecretario David Fernández por importe global de 31,5 millones, lleva fecha de 17 de marzo. Sin embargo, además de citar resoluciones previas de febrero y marzo, recoge entre sus fundamentos jurídicos un decreto de creación del comisionado de compras que no fue promulgado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, hasta el 28 de marzo, once días después. También reseña algo más de 7 millones de euros por gastos en gestión de vuelos, citando una por una la fecha de llegada a España, entre el 23 y el 18 de abril, todas ellas posteriores a la firma del documento.
La ley de contratos permite hacer encargos verbales y formalizar el contrato después de su ejecución si se tramita por la vía de emergencia
Estas contradicciones documentales, de las que dio cuenta este martes 'Las Provincias', revelan que el contrato se formalizó realmente muchos días después de su fecha oficial y cuando ya habían comenzado a llegar los suministros. De hecho, no fue publicado en la Plataforma de Contratación del Estado hasta el 8 de mayo, tal como relató El Confidencial detallando las condiciones de los acuerdos comerciales.
La explicación de las incongruencias podría estar en los propios mecanismos de contratación del estado de alarma. La ley de contratos con el sector público permite realizar encargos de forma verbal cuando se tramitan por vía de emergencia. Es decir, una simple llamada de teléfono pueda dar lugar al inicio de la ejecución del acuerdo aunque no se haya formalizado oficialmente. El contrato puede firmarse con posterioridad, que es lo que fuentes de la Generalitat explican que es lo que ocurrió con el empresario chino. El problema en el contrato de Comité Textil es que la fecha no se corresponde con la firma real y se motiva, parcialmente, por un decreto que no estaba todavía en vigor, lo que evidencia, al menos, una irregularidad administrativa. Las mismas fuentes señalan que podrá subsanarse con una corrección oficial del documento.
Aun así, los populares reclaman explicaciones. “Las compras y adjudicaciones a empresas no están del todo claras en contratos como los hospitales de campaña, pero hoy nos levantamos con las sospechas de un posible delito de falsedad documental en el contrato por el que se pagaron 31,5 millones de euros a un empresario chino por los primeros vuelos que llegaron a Valencia. Y es necesario una aclaración inmediata”, señaló la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz.
Para Ortiz, “no hay que confundir la urgencia lógica por tener material en una situación de emergencia como la del covid-19 con hacer las cosas mal y basarse en acuerdos del Gobierno valenciano que no existían cuando se rubricó el contrato”.
La Agencia Valenciana Antifraude investigará las relaciones comerciales entre la Generalitat valenciana y el empresario chino Chen Wu Keping, que se convirtió entre finales de marzo y principios de abril en un suministrador clave de productos de protección sanitaria en un momento de colapso del mercado internacional. Fuentes próximas al organismo que dirige Joan Llinares confirmaron la recepción de una queja motivada después de que el Partido Popular anunciase una denuncia al entender que existen sospechas de un "posible delito de falsedad documental" en el contrato suscrito por la Subsecretaría de la Conselleria de Sanidad y la mercantil Comité Textil, administrada por Keping.
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