Moreno trata de apaciguar la sanidad con sindicatos y profesionales en pie de guerra

La agenda política en Andalucía habla en la antesala de las elecciones y la sanidad sigue siendo la protagonista en plena sexta ola y cuando la subvariante de ómicron, más contagiosa pero menos virulenta, ha aparecido ya en la comunidad, en una familia de Granada que viajó a Suecia. El Gobierno saca sus tanques. Los hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) inundaron las redes sociales de imágenes de emocionantes momentos entre pacientes y profesionales, mensajes que llaman a sentir orgullo del servicio y de su “humanización”. Hay orden de desplegarse para combatir las protestas y el clima social de malestar por los retrasos en la Atención Primaria. Ahí está el problema, en los centros de salud y en las dificultades para ver al médico de cabecera por el colapso con la pandemia.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, asumió el pasado viernes en primera persona el anuncio de un plan de refuerzo de la Atención Primaria, horas antes de que el Parlamento celebrara un pleno extraordinario forzado por la oposición sobre este asunto y después de que los sindicatos anunciaran protestas por el deterioro del servicio sanitario para el 19 de febrero.

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El lunes por la tarde, Moreno citó personalmente a patronal y sindicatos en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz. La reunión se extendió durante tres horas y en ella se habló mucho y a fondo de la situación de la sanidad en la comunidad. Al día siguiente, este martes, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, presentó tras la reunión habitual del Consejo de Gobierno, un plan de refuerzo que en realidad no era nuevo, explicó, sino que recopilaba las medidas que ya se habían aprobado en diciembre, dentro del llamado plan de alta frecuentación que se diseña cada año para prevenir los picos por gripe e infecciones respiratorias. Ese refuerzo se destinó especialmente a los hospitales y ahora se volcará en la Atención Primaria, donde está el cuello de botella.

La Junta realizará una inversión de unos 14,7 millones de euros en las ocho primeras semanas de 2022. Se refuerza la plantilla con 97 médicos, 251 enfermeros y 39 auxiliares administrativos. Este incremento de profesionales supone una inversión de 3,2 millones. Se mantienen las 400 profesionales de enfermería vinculados a los centros escolares. Tal y como se acordó con los sindicatos en diciembre se podrá abrir por las tardes algunos centros de salud con mayor sobrecarga y los profesionales cobrarán esas horas extra. También se redobla personal en la atención telefónica de Salud Responde. Se descargará de burocracia a la sobrecargada plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tramitando, por ejemplo, bajas on line.

El consejero de Salud confió en que en las próximas semanas se note el alivio en la atención primaria y los usuarios perciban una mejora en las esperas para ser atendidos por el médico. El objetivo es que cada andaluz reciba respuesta a través de Salud Responde para gestionar sus citas en una semana como máximo. Que la consulta telefónica se demore unos cinco días de media y la cita presencial con el médico cuatro. Ahora mismo las colas en los centros más saturados son interminables y hay esperas para citas telefónicas en la quincena. Las medidas se aplican en 1.510 centros de salud de 42 distritos sanitarios.

"No comparto las protestas"

Aguirre dijo no comprender ni compartir los motivos de las protestas convocadas por los sindicatos y que tanto la líder de CCOO-A, Nuria López, como la de UGT-A, Carmen Castilla, aseguraron que se mantendrán. Los sindicatos están molestos porque estas medidas no se hayan llevado a la mesa sectorial ni debatido con los profesionales. PSOE y Unidas Podemos denunciaron que no había ningún punto en el orden del día del Consejo de Gobierno para aprobar un plan sanitario que no existe, ni hay medidas nuevas que no estuvieran ya sobre la mesa. Los sindicatos aseguran que de las iniciativas pactadas el pasado otoño la única que ya es efectiva es la supresión de la exclusividad para los médicos en la pública, que podrán trabajar en la privada sin penalización en los pluses, como ocurría hasta ahora, con un coste para las arcas de la comunidad de 30 millones de euros.

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La reunión de Moreno con los sindicatos y la patronal fue larga e intensa. Varios asistentes aseguraron que el presidente desconocía la situación real de la sanidad pública andaluza que le trasladaron los sindicatos y pidió cuentas por ello a su equipo. Como contraofensiva al asunto de la sanidad, que la oposición capitaliza como el gran arma electoral mientras se decide la fecha electoral y en un claro ambiente de precampaña, el Gobierno pone en primera línea la gestión de los fondos europeos.

Se reunirá la semana próxima una mesa tripartita con los agentes sociales y económicos que decidirá sobre el dinero venido de Bruselas. CCOO, UGT y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) se posicionaron en contra de acudir a los tribunales contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el reparto de los Next Generation, instando al diálogo y a no judicializar los fondos.

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, también puso en primera línea el acuerdo aprobado por el Parlamento andaluz en defensa de una nueva financiación autonómica. Un pacto que incluyó a todos los partidos políticos salvo a Cs y que se sacó de la manga la expresidenta Susana Díaz para revitalizar su agenda política tras su fallida aventura de las primarias del PSOE. Ahora que el Ministerio de Hacienda ha hecho una propuesta a las comunidades, que Andalucía califica de “incompleta” y quiere enmendar.