El Gobierno andaluz se protege de la oposición: “Al PSOE le colapsó el sistema sanitario con una gripe”

Desde que el Gobierno andaluz decidiera, hace poco más de dos meses, no renovar a 8.000 sanitarios contratados como refuerzo frente al covid-19, sus dirigentes han estado sorteando, con mayor o menor maestría, los sucesivos reproches de una oposición que comienza a desplegar en la sanidad una estrategia de largo recorrido. En el PSOE-A aún recuerdan la lenta erosión que supuso la gestión sanitaria de Susana Díaz y su nuevo secretario general, Juan Espadas, está dispuesto a explotar esa vía. Presencia en manifestaciones sindicales, mensajes en redes e intervenciones en los medios como acompañamiento de una serie de iniciativas parlamentarias que PP y Ciudadanos han rechazado. Un desgaste persistente que entrará en su punto álgido a partir del 31 de marzo, fecha en la que concluyen los contratos de otros 12.000 empleados del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y en un contexto de ebullición electoral.

Fuentes del Ejecutivo andaluz consultadas por este periódico explicaron que son conscientes de que la sanidad es el asunto en torno al que gravitará la oposición socialista y, aunque asumen que es una materia delicada, en la que “tenemos todas las de perder”, consideran que mantener un discurso didáctico, “explicar los números”, puede contrarrestar el “ruido”. El propio presidente autonómico, Juanma Moreno, con la intención de imponer el relato, compareció este martes tras el Consejo de Gobierno para “pedir seriedad” a los partidos de izquierda, porque “no se pueden falsear los datos ni hablar de recortes en la plantilla”.

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“El SAS tiene hoy 125.218 profesionales sanitarios, el mayor número en la historia”, destacó, para recalcar que son “cifras oficiales”. “Cuando llegamos al Gobierno, en enero de 2019, Andalucía contaba con 95.000 trabajadores”. “Estamos hablando de 30.000 empleados más”, un incremento del 31% con respecto al último año de gobierno socialista, por lo que reclamó, “por rigor y respeto, que no se hable de recortes”.

Pero si hay algo que irrita a los populares sobre las críticas a su gestión sanitaria es que la oposición “obvie” que se enfrentan a una pandemia y “quiera hacer ver que estamos en un periodo normal”. “Al PSOE le colapsó el sistema con una gripe” y, “a pesar de las dificultades, hemos conseguido que no se produjeran imágenes de camillas con pacientes apiladas en los pasillos”, señalan como argumento de descargo ante los que aseguran que se está llevando un proceso de privatización encubierta.

“No ha habido imágenes de camillas con pacientes apiladas en los pasillos”

Las fuentes sondeadas no dudan en calificar como “manipulación” cuando, por ejemplo, dirigentes del PSOE describen las colas a las puertas de los centros de salud e ignoran que “hay un protocolo de acceso para controlar los aforos”. “La frecuentación en atención primaria es igual que en 2019”, sostienen, pese a las quejas de unas organizaciones sindicales que hablan de “saturación” y a las que, según su opinión, “interesa” un estado de conflictividad laboral.

“No nos vino bien”, respondieron al ser cuestionados por las consecuencias de la no renovación de los 8.000 trabajadores sanitarios cuyos contratos finalizaron en octubre, y antes de afear al secretario general de los socialistas andaluces que no haya sido igual de vehemente en la crítica con otras comunidades que han adoptado una medida similar al disminuir el impacto hospitalario del coronavirus. “En Valencia [donde gobierna el socialista Ximo Puig] informaron con un mensaje de WhatsApp que no continuaban 6.000 empleados”, recordaron, para seguidamente preguntar: “¿Busca el PSOE privatizar la sanidad valenciana?”. “Evidentemente no”, respondieron, “se adapta a las necesidades de la pandemia”.

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No obstante, el Ejecutivo andaluz no ha conseguido que cale su versión y son muchos los que siguen afirmando que los 8.000 empleados fueron “despedidos”. Primero, porque sus dirigentes se mostraron dubitativos inicialmente, confiados en que el curso de los acontecimientos acabara dándoles la razón. Segundo, porque en una sociedad marcadamente audiovisual, e influenciada por la viralización de consignas y meteduras de pata, poco ayudaron la visita del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, a una clínica privada y, menos aún, las declaraciones del vicepresidente autonómico, Juan Marín, cuestionando si la renovación de los contratos de esos profesionales hubiese “solucionado todo”.

Más personal que hace dos meses

Para revertir el actual clima de opinión, y en previsión de situaciones futuras similares, los responsables autonómicos quieren dar un paso al frente y apoyarse en los datos. El equipo de Moreno Bonilla, por ejemplo, intentó desinflar la polémica por la salida de los 8.000 trabajadores sanitarios asegurando que “se ha recuperado a tres de cada cuatro” y que el resto no ha regresado porque “estaba trabajando en otro sitio”. “Se mantiene el 91% de los 20.000 efectivos de refuerzo covid”, incidieron las citadas fuentes, que recordaron que este esfuerzo se está llevando a cabo sin el apoyo del Gobierno central.

Los 125.218 trabajadores que tiene actualmente contratados el SAS son 3.500 más que los que había a fecha del pasado 31 de octubre, cuando estaban dados de alta los 20.000 refuerzos covid, los 12.000 que continuaron y los 8.000 que "no se pudieron renovar", pusieron de relieve estas fuentes, que aseguraron que "se ha contratado no solo a 8.000, sino a 11.500 profesionales más". Estas cifras contrastan con lo denunciado durante el periodo navideño por los distintos sindicatos, que informaron de que no había personal para cubrir las vacaciones y los contagios y que las plantillas estaban mermadas.

“No se pueden falsear los datos, por muy desesperado que uno esté”, afirmó el presidente andaluz, en velada alusión a un Juan Espadas al que le penaliza estar excluido del debate parlamentario por no ser diputado autonómico.

A finales de marzo, en plena ebullición electoral, concluyen su contrato 12.000 sanitarios

Esta estrategia, según explicaron, se sostendrá en el tiempo porque en el Ejecutivo andaluz asumen que las críticas arreciarán a finales de marzo, cuando finalicen los contratos de los otros 12.000 profesionales de refuerzo. Un periodo en el que, por su proximidad a unos hipotéticos comicios regionales, el daño electoral puede ser mayor y exige mayor pedagogía.

“Muchas circunstancias influyen en el futuro de esas contrataciones”, aunque recalcan que la principal es la evolución de la pandemia, sobre todo cuando el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha deslizado que nos adentramos en una etapa de convivencia con el coronavirus similar a la que hay con enfermedades como la gripe. Si se decidiese no renovar a la totalidad de esos empleados, o a una parte mayor o menor, “eso no significa que no continúen trabajando en el SAS”, advierten las fuentes consultadas, que son sabedoras de que los dirigentes autonómicos tendrán que afinar para, esta vez, dominar el mensaje.