El espejo valenciano de Darias: así ‘desprivatiza’ la sanidad el Botànic

Tras meses de tira y afloja, el pasado 16 de octubre se cumplió el guion y la Conselleria de Sanidad de la Generalitat valenciana tomó el control de la gestión del Hospital de Torrevieja. Este centro sanitario, de titularidad pública, es el segundo que recupera la Administración valenciana de cuantos licitó el anterior Ejecutivo popular con un modelo de administración privada iniciado en 1997 bajo el mandato autonómico de Eduardo Zaplana. El primero, el Hospital de Alzira, que dio nombre al modelo (por el cual una empresa construye y gestiona posteriormente un centro hospitalario y, en ocasiones, también su área de primaria adscrita), regresó a manos públicas en abril de 2018 tras dos décadas tutelado por Ribera Salud, la compañía pionera en este sistema de concesiones.

La puesta en marcha del proyecto de cesión a manos privadas recibió uno de sus empujones legislativos en 1997 con la aprobación por parte del Gobierno de José María Aznar de la ley de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Este es el texto legislativo que Unidas Podemos quiere derogar para blindar "una sanidad que se base en la gestión pública directa" apelando al pacto de gobierno firmado con el PSOE. Los morados han amenazado con no respaldar la nueva ley de universalidad, equidad y cohesión desarrollada por el Ministerio de Sanidad de Carolina Darias si los socialistas no se avienen a liquidar el texto de 1997. Según señalan, la nueva ley deja "intacto" el apartado de la normativa del Partido Popular sobre privatizaciones sanitarias. Algo que niegan desde el departamento, alegando que con esta iniciativa se da cumplimiento al acuerdo pactado entre los dos socios que sustentan el Ejecutivo central.

La Generalitat ha tenido que esperar a la finalización de los 15 años de contrato para incorporar la gestión al ámbito público

Lo cierto es que el recurso a los operadores privados para cubrir total o parcialmente servicios asistenciales en áreas de salud está extendido en un buen número de autonomías. Los conciertos sanitarios, ya sea de carteras de servicios específicos o de asistencia integral, se han ido asimilando por el sistema, empezando por el concierto que el propio Estado tiene con aseguradoras privadas para empleados públicos a través de mutualidades como Muface, que el Ministerio de Hacienda acaba de renovar. Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias son los territorios donde ha ido avanzando más el recurso a la externalización, según el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

En el caso de concesiones de infraestructuras y servicios de titularidad pública, ha ocurrido algo similar. Ribera Salud, que gestiona todavía los hospitales de Denia (ha comprado la participación de DKV) y Elche-Crevillente, opera a su vez el madrileño Hospital de Torrejón. La Comunidad de Madrid ha ido extendiendo el modelo concesional a diversos centros, como el Rey Juan Carlos de Móstoles o el de Collado Villalba. La planificación la hizo el Ejecutivo de Esperanza Aguirre y ha sido desarrollada por Cristina Cifuentes e Isabel Díaz Ayuso.

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En 2015, el Tribunal Constitucional falló que el sistema de concesiones administrativas madrileño encaja en la Carta Magna porque "no es posible alcanzar la conclusión de que el artículo impugnado contravenga la garantía de acceso de todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud a las prestaciones sanitarias". En su fallo, los magistrados señalaban además la ley de 1997, la que Unidas Podemos quiere eliminar, como paraguas que daba cobertura al legislador autonómico.

Pero incluso en el caso de que el texto sea derogado, 'desprivatizar' la gestión sanitaria no es tan sencillo como pretende Unidas Podemos. El ejemplo valenciano puede servir de referencia. El Consell de izquierdas que conforman PSPV-PSOE, Compromís y los morados tiene entre los objetivos de su pacto constituyente de 2015, el del Botànic, la recuperación de las gestión de las infraestructuras cedidas a operadores privados. Sin embargo, la velocidad a la que el Ejecutivo que preside Ximo Puig ha ido rescatando hospitales está muy lejos de ser la que pretendieron en un primer momento. La razón no es otra que las cuantiosas indemnizaciones que podría conllevar la ruptura anticipada de los contratos, no solo por el lucro cesante, sino porque los operadores realizaron inversiones en la construcción de los hospitales que amortizan año tras año y que la Administración debería compensar.

La gestión del personal subrogado suscitó un conflicto entre los socios del Botànic

Esta es la razón por la que en el caso de Alzira y Torrevieja la Generalitat ha tenido que esperar a la finalización de los 15 años de contrato para incorporar la gestión al ámbito público, con la complejidad añadida de tener que subrogar y absorber a todo el personal para equipararlo al estatutario, pero a través de la figura de 'personal a extinguir', no como funcionarios. La gestión de los recursos humanos incluso suscitó un conflicto entre los socios del Botànic. Los socialistas apostaban por crear una empresa de salud para integrar ahí a los 1.400 trabajadores de Torrevieja, algo que rechazaban Compromís, Unidas Podemos y los sindicatos.

La Comunidad Valenciana tiene todavía en manos privadas los hospitales de Denia y Elche y el de Manises (Sanitas). Los rescates por finalización de contrato no han evitado una guerra judicial entre la Generalitat y Ribera Salud que, por ahora, va ganando la primera. La concesionaria no ha logrado que la Justicia paralice la entrega de los activos de salud al ámbito público, aunque el Tribunal Supremo advirtió en su último fallo relativo a Alzira de que la Conselleria de Sanidad tiene la obligación de incorporar informes económico-financieros a actos administrativos cuando decide dar por finalizado un contrato.

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El difícil saber si la Administración valenciana ganará o perderá con su decisión de deshacer el modelo iniciado por Eduardo Zaplana y al que dio continuidad Francisco Camps. La decisión de resolver los contratos y no prorrogar ha llegado vacía de informes asistenciales y económicos. La concesionaria Ribera Salud siempre ha hecho valer estudios positivos de satisfacción del usuario y sostiene que su gestión permite a la Generalitat ahorros de costes. El sistema se financia con una transferencia de recursos públicos al gestor privado mediante un cómputo en función del área de población asistida (la llamada cápita).

La empresa, ahora propiedad de la multinacional americana Centene Corporation, asegura que su modelo permite ahorros importantes. Así lo corroboró también la Sindicatura de Cuentas en un informe de evaluación relativo al Hospital de Manises, gestionado por Sanitas y cuya concesión Ribera Salud ha negociado adquirir. Según el análisis del fiscalizador financiero valenciano, la gestión privada permite un 25% de ahorro en el gasto corriente sanitario público con relación a los hospitales comarcales. Por contra, la Conselleria de Sanidad asegura que los centros cedidos derivan a los hospitales de referencia del sistema público los pacientes con tratamientos más costosos. La batalla valenciana por la sanidad continúa, el espejo en el que Darias podría mirarse para entender la complejidad del reto que le plantea Unidas Podemos.