Sabadell y Centene (Ribera Salud) pierden el Hospital de Alzira y arriesgan otros 200 M

La Generalitat valenciana que comparten Ximo Puig y Mónica Oltra recuperará el próximo domingo el control sobre el área de salud y el hospital de la comarca de la Ribera. Se trata del primer departamento sanitario cuya gestión privatizó en 1997 el popular Eduardo Zaplana, en lo que entonces se presentó como un innovador modelo de prestación sanitaria y colaboración público-privada. Una UTE liderada por Ribera Salud (concesionaria hoy participada por Banco Sabadell y la americana Centene Corporation) se encargó de construir el nuevo hospital comarcal y de montar la estructura necesaria para su puesta en marcha y gestión. A cambio, recibía anualmente una inyección económica calculada en virtud de la población atendida (cápita).

El primer contrato encalló y la Generalitat tuvo que relicitar el concurso con una mejora económica para el concesionario. Casi dos décadas después, la concesión expira el 31 de marzo y la coalición del Pacto del Botánico, tal como prometió en su programa electoral, ha descartado prorrogar el contrato y revertirá toda el área de salud a la red pública. Desde que se produjo el cambio de gobierno y el relevo del PP hace casi tres años, Generalitat y Ribera Salud han librado una dura batalla política, mediática y judicial.

El domingo 1 de abril volverá a gestión pública el hospital que dio el nombre al 'modelo Alzira' de colaboración público-privada en Sanidad

La concesionaria, que gestiona otros tres hospitales comarcales (Elx, Torrevieja y Dénia) con vencimientos a partir de 2021 y una central de compras, no ha logrado suspender cautelarmente en los tribunales la decisión de la Conselleria de Sanidad que dirige Carmen Montón de dar por finalizada la relación contractual y se ha resignado a perder el que ha sido hospital bandera de su modelo y el que más ingresos aporta a la cuenta de resultados. La mercantil facturó 448 millones de euros con sus distintas actividades, que incluyen además el laboratorio clínico central de la Comunidad de Madrid y la participación en dos hospitales de Perú y en una empresa de radiología en Eslovaquia. El beneficio bruto en 2016 fue de 20,5 millones y el neto, de 8,5 millones.

Ximo Puig ha asegurado este miércoles en un encuentro con alcaldes del área de salud que a partir del domingo la población disfrutará de "un mejor servicio público" y que "los ciudadanos de la Ribera deben estar totalmente convencidos de que juntos avanzaremos para que tengan una mejor sanidad". Al tiempo, su 'consellera' Montón anunciaba nuevas inversiones en equipos y servicios médicos. La semana pasada, el Gobierno valenciano aprobó un decreto para subrogarse a todo el personal laboral indefinido, casi 2.000 personas, y ha anunciado que aportará otros 300 profesionales. Desde su llegada al poder, socialistas y Compromís han mostrado su intención de recuperar para la gestión directa los hospitales privatizados aludiendo a problemas de gestión y de calidad asistencial, y han puesto en duda públicamente las virtudes de su eficiencia económica (aunque algunos altos cargos han admitido la existencia de ahorros económicos).

TE PUEDE INTERESAR

Ximo Puig vs Ribera Salud: el pulso frustra la primera inversión de Centene en España

Víctor Romero. Valencia

El escenario se pinta de forma completamente opuesta desde la orilla de Ribera Salud. El gerente del Hospital de Alzira, Javier Palau, comparecía este miércoles ante los medios de comunicación para hacer un balance triunfalista del experimento. "La Ribera ha situado a la Comunidad Valenciana en la vanguardia sanitaria internacional. Con su reversión, perdemos 20 años de evolución sanitaria y la oportunidad de que dos modelos convivan y se retroalimenten mutuamente", señalaba. Con el mismo tono beligerante que ha caracterizado la relación entre la empresa privada y la Administración autonómica en los últimos tres años, Palau ha asegurado que los ratios generales (listas de espera, estancias hospitalarias) de Alzira son mejores que la media del sistema público y ha arremetido contra Carmen Montón. “Todos estos datos y otros evidencian que la decisión de no prorrogar a Ribera Salud el contrato de concesión administrativa ha sido tomada por la Conselleria de Sanitat sin tener en cuenta ningún criterio técnico y solo fundamentada en el sectarismo”.

La pérdida de esta área de salud supondrá un impacto importante sobre la actividad de la concesionaria. Controlada durante años por Alberto de Rosa (hermano del que fue vicepresidente del CGPJ por la cuota del PP Fernando de Rosa), la mercantil tiene como accionistas al Banco Sabadell (que heredó el paquete de acciones de la CAM) y a Centene Corporation, una compañía americana que compró el 50% a Bankia en la que fue la primera inversión fuera de Estados Unidos. La experiencia ha sido del todo negativa hasta ahora para Centene, porque lo que suponía iba a ser un modelo en expansión se ha topado con el bloqueo de las privatizaciones en la Comunidad de Madrid y el rescate de ahora en la Comunidad Valenciana.

123 millones en depósitos "retenidos"

En términos económicos, aún podría ser peor. La Conselleria de Sanidad reclama a Ribera Salud 105 millones de euros por liquidaciones pendientes de los ejercicios de 2013, 2014 y 2015, y tiene pendiente calcular las de 2016, 2017 y el primer trimestre de 2018, que podrían ser similares. Es decir, Ribera Salud se enfrenta a desembolsos de 200 millones de euros por un hospital del que ya no recibirá ingresos. Esas cantidades surgen de cruzar los costes del tratamiento de pacientes que la concesionaria desviaba a centros de la red pública por sufrir dolencias que no formaban parte de su cartera de servicios. Es el principal argumento de los críticos del modelo: que Ribera Salud remite a centros de la red de gestión directa los pacientes con tratamientos más caros, maquillando así su supuesta eficiencia económica en la gestión.

"La Ribera ha situado a la Comunidad Valenciana en la vanguardia internacional. Perdemos 20 años de evolución sanitaria", dice el gerente de Alzira

El gerente de Alzira ha admitido la existencia de un saldo favorable a la Conselleria de Sanidad, pero lo ha reducido a la mitad: 50 millones hasta 2015. Ribera Salud ha presentado alegaciones, sostiene que Sanidad ha modificado de forma unilateral los criterios para el cálculo de las liquidaciones, que no ha convocado la comisión mixta para negociarlas y no descarta acudir a los tribunales si finalmente no hay acuerdo entre las partes. El problema para la compañía de Sabadell y Centene es que estas liquidaciones, si prospera el criterio de la Generalitat, podrían comprometer su balance. Sanidad dice que hasta el 2015 tiene pendientes de cobro 300 millones de los hospitales privatizados (incluyendo Manises, en manos de Sanitas). Palau ha asegurado que esos futuros pagos están "provisionados" y que la matriz se haría cargo de los mismos.

Las últimas cuentas consolidadas de Ribera Salud (año 2016) reflejan una liquidez justa para atender esos compromisos. Los activos líquidos suman 100 millones y las cuentas reflejan otros 123 millones en depósitos en el Banco Sabadell con vencimientos en 2017 y 2019 que, sin embargo, están "retenidos" como requerimiento del cumplimiento de los contratos de financiación con el Instituto de Crédito Oficial.

Como avalistas de esos créditos figuran los socios de Ribera Salud, Primera Salud en el caso de Centene, la sociedad que creó en España para canalizar su inversión en la concesionaria sanitaria. La compra de títulos a Bankia incluyó a su vez la condición de avalista frente al Instituto de Crédito Oficial por créditos por valor de 95 millones de euros, concedidos en 2010 para la realización de inversiones.