Podemos se estrella contra Hacienda y 1,8 M de funcionarios en su cruzada contra Muface

El Gobierno sigue apostando por el mantenimiento y consolidación de las mutualidades. Así de contundentes se muestran fuentes de la pata socialista del Ejecutivo cuando se pregunta por el futuro del régimen de cotizaciones al que están adheridos algo más de un millón de funcionarios del Estado y sus familiares (Muface), personal de Justicia (Mujeju) y militares (ISFAS). Casi dos millones de personas ligadas a la Administración pública forman parte de manera voluntaria de un colectivo que, cuando tiene un problema sanitario, no acude en primera instancia a la sanidad pública, sino que se beneficia de un sistema de conciertos con aseguradoras (DKV, Adeslas, Asisa e Igualatoria de Cantabria), que a su vez contratan servicios asistenciales con empresas y hospitales privados. El Ministerio de Hacienda ha enviado al Consejo de Ministros de este martes una propuesta para renovar los conciertos de Muface con un incremento de la prima de 10% en los próximos tres años, un 8% en 2022. El nuevo convenio recibirá una inyección de 3.521,7 millones de euros.

En las últimas semanas, una proposición no de ley (PNL) presentada en el Congreso por Unidas Podemos ha reabierto el debate sobre el futuro de este modelo y ha hecho reaccionar a sindicatos de la función pública y al sector privado asegurador. Los morados plantean que las nuevas incorporaciones de funcionarios no coticen por clases pasivas, sino directamente por el régimen de la Seguridad Social. La propuesta, que no tiene rango legislativo y únicamente busca abrir un debate en la Cámara, plantea que "las nuevas incorporaciones de los colectivos hasta hoy protegidos por el mutualismo administrativo se incluyan en el régimen general del Sistema Nacional de Salud".

Es decir, Podemos propone que los actuales usuarios mantengan el régimen, pero que los nuevos empleados públicos coticen como el resto de trabajadores asalariados. La fórmula tendría como efecto una pérdida progresiva de recursos en las mutualidades, que vienen registrando un envejecimiento de sus usuarios mayor que el de la población general, con el consiguiente incremento del gasto sanitario. "Cabe señalar que en cinco años (2014-2019) los usuarios menores de 54 años han disminuido un 12,3%, mientras que los de 55 y más han aumentado un 16,3%. Los mayores de 55 representan 6,7 puntos porcentuales más que antes, han pasado del 36,1% al 42,8% del total", explican fuentes del sector citando la Memoria Anual de Muface.

"Sería el inicio del fin de un modelo bien consolidado", señala un informe de la Fundación IDIS, un 'think tank' financiado por el sector de la sanidad privada que pide reconocer "los beneficios del sistema de mutualismo administrativo en reducción de costes para el sistema, generación de empleo y mejora de la accesibilidad al sistema sanitario". IDIS defiende que las mutualidades (con un coste de 2.230 millones en el último año) ahorran entre 720 y 800 millones de euros al sistema público. "Se trata de un dato incontestable extraído del ahorro que se genera por cada mutualista, ya que la prima media es muy inferior al gasto sanitario público per cápita, en concreto 451 euros menos".

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Álvaro Moreno

El debate ha surgido en un momento delicado en la relación entre Muface, la principal de las mutualidades con 1,4 millones de usuarios, y las aseguradoras que garantizan las coberturas sanitarias. El Ministerio de Hacienda ha negociado con estas últimas la renovación del concierto para los próximos tres años. Las compañías sostienen que acumulan un déficit de financiación de años atrás que se ha visto incrementado notablemente durante la pandemia. Mientras el gasto sanitario público creció un 14% en 2020 para atender a los enfermos de covid, Muface apenas elevó su presupuesto un 4,5% el año pasado y lo tiene congelado en 2021.

"En 2020 el coste equivalente per cápita se habría situado en 1.396 euros después de incorporar proporcionalmente el coste covid, mientras que la prima media efectivamente fue de 958 euros per cápita, un 31,3% menos", señalan desde el flanco de los concertados. "Perdemos entre todas 100 millones de euros al año con esto", insisten. Según su versión, las mutualidades no son un negocio en sí mismas, sino que sirven para mejorar la negociación global de la contratación de las carteras de servicios de mutualistas y asegurados con las clínicas sanitarias privadas. A su vez, estas se garantizan volumen de trabajo al tener entre sus usuarios a los funcionarios.

"El modelo de las mutualidades vertebra la totalidad del sector sanitario: por una parte, mantiene los hospitales privados en provincias donde estos centros son a veces la primera fuente de generación de empleo y, a su vez, estos complementan a los hospitales públicos garantizando la accesibilidad a la población general. La desaparición del modelo implicaría un terremoto que a modo de dominó afectaría a todo el sistema", sostiene el informe de IDIS.

"El modelo de las mutualidades vertebra la totalidad del sector sanitario"

El PSOE no se plantea desde el Ejecutivo modificar el sistema. Centros de estudios cercanos a los socialistas, como la Fundación Alternativas, han defendido la necesidad de integrar de forma progresiva los regímenes sanitarios por razones de equidad y homogeneidad del sistema. Pero es una patata demasiado caliente como para asumirla, cuando cerca del 80% de los funcionarios elige la vía de las mutualidades. Bastantes frentes tiene ya abiertos el Gobierno como para abrirse otro con los trabajadores públicos. Aunque hay discrepancias sobre la cuantía económica de los conciertos, el Ministerio de Hacienda se ampara en que en ningún momento en el dictamen de la comisión para la reconstrucción social y económica del Congreso, creada para afrontar los retos planteados por la pandemia, se hace referencia a posibles modificaciones del modelo.

La ministra María Jesús Montero heredó una propuesta de renovación de Muface de Miquel Iceta cuando cambió el Ministerio de Política Territorial por el de Cultura y Hacienda absorbió las competencias de Función pública. El ministro catalán planteaba subir las primas un 11% y firmar para tres años. Tras lanzar un primer esbozo bastante más reducido, Montero ha puesto encima de la mesa un 8+1+1, es decir, un incremento del 8% el primer año con una actualización de un punto en los dos ejercicios siguientes: un 10% en total. El Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde al nuevo convenio este martes. Las aseguradoras no lo ven mal de entrada, pero reclamaban algún tipo de cuantía fija o bonus de arranque que compense los costes extraordinarios de la pandemia, como ha hecho el ministerio con los fondos covid para las autonomías.

Respuesta crítica de Belarra

La propuesta de Montero ha recibido la respuesta crítica del Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra (Unidas Podemos). Cuestiona tanto la extensión en el tiempo de este modelo mutualista como al aumento del importe para los conciertos. El ministerio morado entiende que dicha explicación "no es acorde tanto con los datos disponibles como con el compromiso del acuerdo de gobierno, que señala explícitamente el blindaje del sistema público de salud y la apuesta por una sanidad en base a la gestión pública directa".

También desgrana, según documentos difundidos por Europa Press, que la prestación sanitaria objeto de los conciertos incorpora servicios no incluidos en la cartera común de servicios del SNS, como 20 sesiones de psicoterapia anuales, seis consultas podológicas anuales, prestaciones en salud bucodental y que "se contará con habitación individual con baño o ducha y cama de acompañante" en los ingresos hospitalarios.

"Desde este departamento se comparte la importancia de muchas de esas acciones, pero se enfatiza la necesidad de que estas sean incorporadas en el Sistema Nacional de Salud, velando por su extensión universal a toda la ciudadanía", esgrime Derechos Sociales.

Respuesta sindical

En este contexto de negociación, la propuesta de Podemos no ha contado con la defensa abierta de ninguno de los principales sindicatos de la función pública. CSIF defiende la renovación de los conciertos sin matices y respalda la exigencia de las aseguradoras de recibir una compensación por el gasto derivado de la pandemia. "Desde CSIF no vamos a permitir que se deje morir Muface por ‘inanición’, un modelo que está continuamente en el punto de mira e insistimos en el hecho de que la Administración está obligada a garantizar su continuidad. Recordamos que el mutualismo administrativo se constituyó en un momento histórico en el que los funcionarios carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria", afirman.

UGT y CCOO no se oponen tampoco al régimen del que se benefician cientos de miles de funcionarios y sus familiares. Reclaman la renovación de los conciertos, pero a la vez piden a los prestatarios del servicio que no escatimen con las coberturas sanitarias. "Es un derecho que ha adquirido el personal por su vinculación laboral con el Estado. Hay que garantizar que la prestación se mantiene de cara al futuro. Pero hay algunas zonas y algunas aseguradoras en las que no es posible obtener determinadas coberturas sanitarias", advierten desde Comisiones.