el modelo sanitario se decide en los tribunales

Broseta, Cuatrecasas: la élite legal contra la Generalitat en el ‘Waterloo’ de Ribera Salud

Un ejército de abogados y consultores defiende a la concesionaria de la determinación del Gobierno valenciano de rescatar los hospitales públicos. El encaje de la plantilla augura un caos laboral

Foto: Un equipo de cirugía de Ribera Salud. (R. S.)
Un equipo de cirugía de Ribera Salud. (R. S.)

La batalla de la Generalitat contra la concesionaria de hospitales públicos Ribera Salud va camino de convertirse en el ‘Waterloo’ de la confrontacion de dos modelos de gestión de los servicios públicos con algunos de los grandes bufetes como soldados sobre el terreno. Por un lado, el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra ha iniciado la cuenta atrás para la recuperación del Hospital de Alzira y su área de atención primaria, actualmente gestionados por la compañía participada por el Banco Sabadell y Centene Corporation. El Ejecutivo valenciano alega razones políticas y de modelo sanitario para no prorrogar el primero de los contrato suscritos dentro de un sistema impulsado por Eduardo Zaplana, por el que una entidad privada construía y gestionaba una instalación sanitaria pública a cambio de recibir un canon por paciente.

Este primer contrato se suscribió en 1999 y caduca el 1 de abril de 2018. La Conselleria de Sanidad, que dirige la socialista Carmen Montón, ya ha comunicado a la concesionaria (que participa en otras tres áreas de salud: Torrevieja, Elx y Dénia) que no habrá prórroga y que queda bajo su tutela para pilotar la transición. Y ese regreso a lo público es de todo menos sencillo. No solamente en lo que se refiere al encaje en la relación con proveedores y el retorno de los recursos asistenciales, sino también en la absorción de la plantilla de más de 1.800 trabajadores de los que solamente unos 300 tienen plaza consolidada en la Generalitat por oposición.

El cruce de recursos judiciales va en aumento entre el ejercito legal de Ribera Salud y la Abogacía de la Generalitat

Sanidad ha anunciado que su plan pasa por mantener a los trabajadores como personal laboral indefinido no fijo, que no habrá despidos inmediatos y que, al contrario, contempla ampliar plantilla. Sin embargo, es evidente que tarde o temprano tendrá que incorporar el personal a la función pública si quiere evitar una lluvia de recursos de personal interino de otras áreas de salud, para lo que tiene que abrir el proceso de consolidación con concurrencia. Si durante ese proceso de oposiciones o concursos-oposición se quedan fuera trabajadores de Ribera Salud, la Generalitat tendrá que asumir sus pasivos laborales (antigüedad) e indemnizarlos, lo que puede implicar un coste añadido a las arcas autonómicas.

Hospital Universitario de La Ribera, en Alzira, que la Generalitat quiere rescatar. (Ribera Salud)
Hospital Universitario de La Ribera, en Alzira, que la Generalitat quiere rescatar. (Ribera Salud)

A la espera de ver cómo se resuelve este entuerto que tiene en vilo a la plantilla de Alzira, la concesionaria y la Generalitat libran una dura batalla que ya se está ventilando en los tribunales. A cada expediente de la consejería, Ribera Salud responde con un recurso, y para ello ha contratado un ejército de abogados de algunos de los mejores despachos del país, principalmente Broseta y Cuatrecasas. Los dos bufetes están representando a la concesionaria del Sabadell y Centene Corporation en todas las comisiones mixtas con la Conselleria de Sanidad. En el ámbito económico, también participan consultoras como Deloitte.

Los despachos tienen equipos dedicados en exclusiva a tratar de frenar la reversión y a estudiar los distintos frentes jurídicos abiertos, toda vez que hay terceros protagonistas, como el Sindicato de Médicos (Simap), que también están torpedeando a la empresa. “Hay una batalla y se ha puesto encima de la mesa toda la artillería”, reconocen fuentes jurídicas.

Rosa Vidal, Manuel Broseta, Alejandro Ríos. (Broseta)
Rosa Vidal, Manuel Broseta, Alejandro Ríos. (Broseta)

Ribera Salud ha anunciado un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de Sanidad de no prorrogar el contrato. Se sumará a los que ya hay en marcha contra distintos expedientes abiertos por Sanidad por distribuir medicamentos sin permiso a través de B2B o por los retrasos en las liquidaciones pendientes. La concesionaria sostiene que la 'consellera' Montón se niega a negociar las liquidaciones de los últimos ejercicios y que esto perturba todavía más la relación entre las partes. La empresa tiene previsto pedir la suspensión cautelar de la reversión, lo que podría permitirle ganar tiempo y mantener el contrato al menos hasta que la última instancia resuelva el conflicto.

La batalla no escapa del ámbito penal, donde la Abogacía de la Generalitat ha pedido personarse en la causa judicial abierta contra B2B por la presunta facturación irregular de comisiones a proveedores de prótesis. La pata penal de la batalla está en manos de un equipo de Cuatrecasas en Madrid. La concesionaria no ha dudado en demandar por injurias a aquellas personas que han tratado de implicarla en una presunta trama de facturación irregular de B2B durante la investigación que ha puesto en marcha la UDEF.

En España hay muy pocos antecedentes de la recuperación para la gestión pública de un servicio privatizado. El Ayuntamiento de Valladolid, que dirige el socialista Óscar Puente, también libra su particular guerra contra la concesionaria de la gestión del agua, la filial de Suez, Aguas de Valladolid, que ha recurrido la decisión del consistorio de dar por finiquitado el contrato después de 20 años al cumplirse el plazo de la concesión.

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