La operación Mordida amenaza las concesiones sanitarias de Ribera Salud
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La operación Mordida amenaza las concesiones sanitarias de Ribera Salud

La Fiscalía citará como investigado al presidente de la concesionaria por cobrar comisiones ilegales. PSPV y Compromís hablan de mala fe contractual y no descartan reversiones de hospitales

placeholder Foto: Alberto de Rosa, presidente de Ribera Salud. (Blog de Alberto de Rosa)
Alberto de Rosa, presidente de Ribera Salud. (Blog de Alberto de Rosa)

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares por parte de la sociedad B2B, central de compras dependiente de Ribera Salud —empresa responsable de cuatro departamentos sanitarios de gestión privada en la Comunidad Valenciana—, a firmas proveedoras de productos sanitarios. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, este juzgado recibió el pasado mes de mayo un atestado de Policía Nacional en el que se relataban unos hechos supuestamente delictivos.

El Juzgado abrió diligencias el pasado 13 de mayo en un auto en el que acordó requerir un informe a la Conselleria de Sanidad, aunque el juez todavía no ha recibido ese informe, del que dependen la determinación de los posibles delitos y de las personas a las que se les atribuirían. En su atestado, que nace de la denuncia de un sindicato, la Policía considera que los hechos son constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Según la investigación, B2B habría llegado a acuerdos con empresas proveedoras de prótesis y otros productos sanitarios financiados por la Conselleria de Sanidad para que los médicos de las áreas de salud que gestiona prescribieran sus referencias a cambio de una comisión, algo que vulnera la ley.

placeholder El Hospital de Alzira, uno de los cuatro que gestiona Ribera Salud.
El Hospital de Alzira, uno de los cuatro que gestiona Ribera Salud.

La Conselleria de Sanidad estudia personarse en la investigación abierta por el Juzgado de instrucción número 4 de Valencia, según ha asegurado a EFE la 'consellera' de Sanidad, Carmen Montón. Los portavoces del PSPV y Compromís en Les Corts, Manuel Mata y Fran Ferri, respectivamente, creen que pueden existir motivos para abrir un expediente sancionador o, incluso, revertir las concesiones con Ribera Salud, empresa participada por el Banco de Sabadell y Centene Corporation. El portavoz de Compromís ha señalado que este caso podría suponer "un incumplimiento, por parte de Ribera Salud, de la buena fe contractual y, por tanto, podría ser motivo de rescisión del contrato" de las concesiones de hospitales en que participa.

Desde que se abrió la causa, se ha tomado declaración a varios testigos y hay otras testificales pendientes de practicar, han indicado las mismas fuentes. En el atestado policial remitido al Juzgado, se cita a una decena de personas, especificando la responsabilidad que tenían en las empresas investigadas, pero ninguna de ellas tiene la condición de investigado (imputado) judicial. La Fiscalía Provincial de Valencia ha solicitado que, cuando se reciba el informe requerido a la 'conselleria' el pasado mes de mayo, se tomará declaración a dos de estas personas en calidad de investigados, han informado las mismas fuentes. Se trataría del presidente de Ribera Salud y también director general de B2B, Alberto de Rosa, y Pablo Gallent, responsable ejecutivo de la central de compras.

Foto: Javier Vega de Seoane, presidente de DKV y el Círculo de Empresarios. (EFE)

El pasado 4 de noviembre se declaró la complejidad de la causa, que permite ampliar a 18 meses el plazo máximo de instrucción, al estar a punto de expirar los seis meses iniciales y estar aún pendiente la práctica de las diligencias anteriormente citadas (testificales e informe de la Conselleria de Sanidad).

Un sobre anónimo en la denuncia

La denuncia partió del Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap), que ha explicado este martes a través de un comunicado que llevó a la Policía documentación sobre un presunto cobro de comisiones de Ribera Salud a través de su central de compras B2B, tras recibir un sobre anónimo por correo ordinario con documentos que "podían sugerir actividades de delito" de la concesionaria de los hospitales y centros de salud de Alzira, Torrevieja, Dénia y Vinalopó. Según ha indicado, Simap recibió a finales del pasado febrero por correo ordinario "un sobre anónimo que incluía documentos que podían sugerir actividades constituyentes de delito". Ese mismo día, "de forma inmediata", aportó toda la documentación, incluido el sobre que la contenía, a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, "por responsabilidad como cualquier ciudadano y en cumplimiento estricto de la ley ante el conocimiento de un posible delito". A partir de ese punto, precisa que "no ha realizado ninguna actividad ni gestión en este asunto" y ha recalcado que la investigación de esos hechos "no constituye una actividad de acción sindical ni se encuentra dentro de los fines del sindicato, independientemente de que en nuestra esencia está la defensa de la Sanidad pública".

"La Policía nos pidió absoluta confidencialidad hasta finalizar las pesquisas, y así lo hemos hecho", añade. A finales de septiembre, el Simap se puso en contacto con la Conselleria de Sanidad "para trasmitirle que la investigación policial había finalizado y que el expediente se encontraba ya en el juzgado en fase de diligencias previas, con la finalidad de que se personara como acusación particular y defendiera desde esa posición el interés general", ha explicado. Para el Simap, "en este momento, además de la vía judicial, la responsabilidad de actuar ante los hechos que se van constatando es del Consell de la Generalitat Valenciana, que debe actuar en defensa del interés general y evaluar la gravedad de las acusaciones para decidir la toma de medidas a las que se comprometió en el Pacto del Botànic".

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