Los barones del Partido Popular frenan la ofensiva en los tribunales por los fondos europeos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la primera en llevar a los tribunales al Gobierno por la falta de transparencia en el reparto de fondos de la Unión Europea. Acudió al Tribunal Supremo al entender que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, repartió nueve millones de ayudas de forma "arbitraria" entre comunidades gobernadas por el PSOE y sus socios. Tras este paso, las comunidades del PP encabezaron una ofensiva que el líder del PP, Pablo Casado, ya había marcado como línea de desgaste del presidente Sánchez. El anuncio de recursos por parte de los barones y las declaraciones se han frenado. "En Europa no quieren líos con el reparto de los fondos", asegura un alto cargo popular tras visitar recientemente Bruselas. Lo que parecía una baza clara por el hermetismo y la incapacidad de Moncloa para gestionar los primeros miles de millones que España ha recibido ha empezado a percibirse como un bumerán entre los líderes autonómicos del PP.

Desde la Junta de Andalucía confirman a este periódico que no se va a dar la batalla en los tribunales, aunque se "redoblará la vigilancia" en las partidas que llegan a esta Comunidad. El argumento no es solo político sino legal, ya que consideran que no hay garantías de que esta vía prospere. Quizás estas mismas dudas sean lo que han llevado al gallego Alberto Núñez Feijóo y al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a estirar la vía administrativa antes de seguir a Díaz Ayuso. En la Xunta han prorrogado un mes el plazo para que el Consejo de Ministros pueda responder al requerimiento que se le envió sobre los fondos que el departamento de Trabajo repartió entre Extremadura, Valencia, Navarra y País Vasco al margen de lo acordado en la conferencia sectorial. Mientras los servicios jurídicos trabajan en estudiar el margen de éxito que tendría plantear un conflicto judicial. "En la Xunta antes de hacer las cosas se estudia". La Comunidad de Madrid se equivocó de tribunal y registró la denuncia contra el Gobierno en la Audiencia Nacional cuando debería haberlo hecho en la Sala de lo contencioso-administrativo del Supremo.

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En Bruselas el ambiente que se percibe es que los comisarios europeos no están por la labor de que se cuestione su falta de rigor. Hay que tener en cuenta que es la propia Comisión la que antes de entregar el dinero a los países establece unos mecanismos de control. Asumir que Sánchez está cometiendo irregularidades es tanto como reconocer que las autoridades europeas fallan en la vigilancia. Europa no puede permitirse que su ambicioso Plan Marshall para la etapa pospandemia tenga máculas y así lo trasladan cuando los presidentes autonómicos viajan allí. Juanma Moreno ha sido el último en reunirse con europarlamentarios y la próxima será Díaz Ayuso.

A principios de febrero, la Comisión Europea tendrá que pronunciarse sobre este asunto tras las preguntas registradas por los eurodiputados Dolors Monserrat, Isabel Benjumea y Juan Ignacio Zoido el pasado 28 de diciembre. Entre las cuestiones sobre las que tendrá que ponerse luz está: "¿es coherente con la gobernanza de los fondos europeos de recuperación que el Gobierno español haya publicado una convocatoria de nueve millones de euros para apoyar políticas de emprendimiento y empleo en cuatro comunidades autónomas que él ha elegido, excluyendo de la convocatoria al resto? Esta es una de las preguntas que los eurodiputados populares han planteado en su afán de conocer si España está actuando correctamente en el reparto de fondos. En caso de que se detecte alguna irregularidad el grupo popular acudirá a la comisión que hay en el Parlamento Europeo y que vela por el buen hacer de los países receptores. La oposición ha venido pidiendo desde el principio que, como se ha hecho en Italia, se designase un comité independiente que de forma objetiva estableciera el cuánto y cómo recibía cada administración.

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El Gobierno ha acusado de antipatriota a las comunidades del PP pese a que, en privado, regiones socialistas también reconocen la ineficacia en la puesta en marcha del plan de ayudas. La queja común es el hecho de que las partidas sean finalistas y no se atiendan las necesidades reales de las comunidades autónomas. El Ejecutivo es el que impone en qué y cuándo se deben invertir los fondos sin, como denuncian desde las comunidades, conocer de primera mano las necesidades de cada territorio. Asimismo, desde diferentes consejerías señalan casos que consideran "cuestionables" que han sido financiados con fondos Next Generation. Uno de estos ejemplos son los 3.480.000 euros que el departamento del ministro de Seguridad José Luis Escrivá ha gastado en campañas, acciones de comunicación y material de divulgación sobre pensiones o el Ingreso Mínimo Vital. Por su parte, desde el Ministerio de Cultura se ha destinado un millón de euros para que autores literarios pasen estancias de hasta dos meses en el extranjero para "inspirarse". La polémica está servida y la falta de información por parte de Moncloa solo la ahondará más.