Juanma Moreno insiste a Pedro Sánchez para que cambie la ley de desindexación de Rajoy

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, recibirá mañana a la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, y al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, para negociar la financiación de la segunda línea del Metro de Sevilla, una infraestructura históricamente demandada que siempre ha sido objeto de polémica entre las distintas administraciones públicas.

En esta ocasión, el Gobierno regional ha sido el que ha movido ficha al haber presentado en enero el proyecto y presupuesto del Tramo Norte (la mitad del total) de esta línea, que transcurriría entre el barrio exterior de Pino Montano y el céntrico Prado de San Sebastián (junto al Alcázar de Sevilla), y que supondría una inversión de 1.045 millones de euros.

Ahora toca la negociación para saber qué parte asume cada administración pública, con el objetivo de que las obras puedan comenzar el próximo año. Sin embargo, los empresarios se han mostrado dispuestos a entrar en esta ecuación pero para ello apoyan la reclamación de la Junta de Andalucía de que se modifique la Ley de Contratos Públicos del año 2015.

La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la economía española, y desarrollada en reglamento en el año 2017, limita la rentabilidad del inversor que quiera participar en una obra pública a una horquilla del 2,5% al 4%, muy por debajo de los parámetros que manejan fondos de inversiones y grandes constructoras, lo que ahuyenta su interés en participar en la financiación de grandes infraestructuras.

La consejera andaluza se reunió hace unos días con el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, y la patronal de la construcción (Gaesco) para llevar una postura común a la reunión en Madrid con la ministra, a la que volverán a mostrar su interés y disposición a participar en esta obra.

La anulación de esta ley de desindexación es una reclamación de la que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho bandera en sus tres años de gobierno. De hecho, ha enviado cartas tanto a la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, como al propio presidente, Pedro Sánchez. Además, ha hecho esta misma reclamación hasta en cinco Conferencias de Presidentes durante los últimos tres años sin que haya obtenido respuesta positiva.

Para Moreno, la participación de los empresarios es un pilar muy importante dentro de su plan de recuperación denominado “Andalucía, en marcha”, que tiene como objetivo reactivar la economía, generar empleo y modernizar infraestructuras y servicios en todas las provincias andaluzas y con la que busca movilizar todos los recursos posibles para la recuperación tras la crisis de la Covid-19.

El presidente andaluz presentó este plan en septiembre de 2020 y anunció que pondría en circulación un total de 3.450 millones de euros en el período 2020-2023 para hacer obras en infraestructuras sanitarias, educativas, hidráulicas y en materia de transporte y comunicaciones”.

Entonces abogó por dar un impulso a la colaboración público-privada, que consideró “fundamental para el desarrollo y el mantenimiento de infraestructuras y servicios y para priorizar infraestructuras sostenibles y estratégicas sin impactar negativamente en las cuentas públicas a través de deuda pública".

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Ya entonces, el presidente andaluz aseguraba que la denominada "tasa de descuento" dificulta estas inversiones, por lo que proponía al Gobierno de la Nación la modificación de la regulación establecida en la normativa sobre desindexación de la economía española. Sin embargo, la Junta sigue sin respuesta a su reclamación.

Ayer, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, recordó que la ley de desindexación fue aprobada por durante la Presidencia de Mariano Rajoy y que su objetivo era reducir el déficit público, ya que las obras que son financiadas por el sector privado suelen tener un mayor coste, aunque la deuda se paga a mayor plazo por las administraciones públicas.

La Consejería de Fomento de la Junta asegura que empresarios e inversores han mostrado interés en participar en grandes infraestructuras en Andalucía más allá del Metro sevillano, como el tranvía de Jaén, la conexión del aeropuerto de Sevilla con la estación de tren de Santa Justa, y numerosas carreteras.

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La administración andaluza ya está realizando proyectos de colaboración público-privada en la promoción de viviendas. Así lo ha hecho, por ejemplo en Córdoba y Huelva, donde la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (Avra) ha cedido suelo a promotores privados a cambio de la construcción de 60 VPO con una inversión privada de 7,3 y 6,2 millones, respectivamente.

La presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP), Ana Chocano, recuerda que la colaboración público-privada permite financiar grandes obras públicas por parte de los empresarios, pero deben tener una “compensación adecuada”. En ese sentido, recuerda que si una empresa va a invertir 100 millones de euros para una carretera y no los va a recuperar hasta dentro de unos años que le pague la deuda la administración pública, parece lógico que quiera tener unos beneficios por ello”.