Es noticia
Menú
El Gobierno oculta la cifra de Cercanías cancelados por no perjudicar a Renfe
  1. España
  2. Andalucía
CREE QUE PUEDE USARSE NEGATIVAMENTE

El Gobierno oculta la cifra de Cercanías cancelados por no perjudicar a Renfe

El Ejecutivo considera que las cifras son "información privilegiada" y que el acceso a ellas podría comprometer la posición del operador ante futuras licitaciones. “Debe prevalecer” el “secreto comercial”

Foto: Estación de trenes de Cercanías de Valencia. (EFE)
Estación de trenes de Cercanías de Valencia. (EFE)

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se escuda en la “percepción en el público” y en el perjuicio que podría ocasionar en los “intereses económicos y comerciales” de Renfe una “información negativa” sobre la puntualidad, cancelaciones o retrasos de los trenes para negarse a facilitar los datos de las líneas de Cercanías de todo el país. Una argumentación que también esgrime para no facilitar la situación actual de las plantillas de las redes ferroviarias.

Así lo apunta el presidente de Renfe, Isaías Táboas, en su respuesta a una consulta realizada por El Confidencial a través del portal de Transparencia tras las polémicas surgidas en torno a la gestión y el funcionamiento de los Cercanías en puntos como la Costa del Sol. Tras un ‘estudio’ en el que se analiza el “daño” y el “interés público” que pueda generar o tener la difusión de datos como el “número de viajes cancelados en cada una de las líneas durante 2019, 2020 y 2021”, concluye que “la Administración no tiene obligación de publicar aquella información que pueda perjudicar los intereses económicos y comerciales de las empresas que dependen de ella”. Son cifras sobre un servicio público que la operadora nunca ha facilitado, escudándose en una prerrogativa de la Ley de Transparencia.

Foto: Imagen de archivo de uno de los cercanías que realizan el trayecto de la Costa del Sol. (CGT)

“No se puede concluir que la solicitud planteada deba prevalecer sobre la protección de los intereses económicos y comerciales de Renfe Viajeros”, sostiene Táboas, que defiende que, “si se hiciese pública la información sobre la puntualidad, cancelaciones o retrasos de los trenes —la mayoría ocasionados por causas ajenas a la empresa ferroviaria—, y fuese negativa, se estaría creando una percepción en el público que afectaría de manera significativa e injustificada”. Por este hecho, considera que datos de esta naturaleza deben ser considerados y tratados como un “secreto comercial”.

Este razonamiento se justifica en la competencia de un mercado en que los servicios ferroviarios confluyen con otros modos de transporte —principalmente autobuses, taxis, vehículos VTC y coches particulares— y “son susceptibles de futura licitación”. Renfe considera “información privilegiada sobre la gestión y el modelo de explotación” los datos sobre retrasos o viajes retrasados y, a pesar de ser un ente público, se escuda en que el resto de los operadores de transporte, “ni siquiera voluntariamente”, los facilitan. Y para reforzar su punto de vista esgrime el supuesto daño a la imagen que puede provocar el acceso a estas cifras porque considera que pueden ser utilizadas “con una finalidad de injustificado descrédito”.

“Debe prevalecer la protección de los intereses económicos y comerciales de Renfe”

La negativa se reitera cuando aborda dos cuestiones clave para la prestación del servicio de Cercanías: el personal —discriminado según categoría— que trabaja en cada línea y el número de trenes adscritos. El presidente de Renfe define esta información como “delicada” y asegura que “no es exigible que sociedades mercantiles, por el mero hecho de la titularidad pública de sus acciones, tengan que facilitar datos sensibles relativos a la organización interna de sus recursos humanos y materiales que otros operadores mantienen reservados o confidenciales”.

Como en las cuestiones anteriores, apela a la competencia para reservar datos, ya que entiende que lo contrario podría “causarle una clara e injustificada desventaja frente al resto de los operadores de transporte con los que compite, los cuales no vienen obligados a hacer pública esta información”. Esta circunstancia, considera, alteraría las reglas de la sana competencia en el mercado”. Además, finaliza que “debe prevalecer la protección de los intereses económicos y comerciales de Renfe Viajeros” sobre la transparencia y fiscalización de la gestión que se desprendería de la publicación y análisis de los datos solicitados.

Foto: Imagen de la ocupación de uno de los trenes Cercanías que realizan el trayecto de la Costa del Sol. (CGT)

La negativa del Ejecutivo central de facilitar estos datos mantiene las dudas sobre el número real de cancelaciones de viajes que se están produciendo en un sistema de transporte sostenible y clave para vertebrar las provincias. En las escasas ocasiones en que Renfe ha dado alguna cifra circunscrita a un periodo de tiempo muy concreto, esta difería notablemente de las ofrecidas por los sindicatos. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la polémica en torno al llamado tren de la Costa del Sol, cuando la CGT ha cifrado en miles los viajes suprimidos y la empresa pública los reducía a unas pocas decenas.

Iniciativas de los partidos

Mientras tanto, las quejas de los usuarios, así como el incremento de las reivindicaciones de los empleados, se suman a las acciones políticas. El portavoz de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del PP en el Congreso, Andrés Lorite, se desplazaba días atrás a Málaga para afear al Gobierno “el deterioro y desmantelamiento” de la red de Cercanías en esta provincia, “con suspensiones y cancelaciones de servicios que han derivado en el recorte indefinido de 34 trenes diarios, lo que genera problemas de puntualidad y colapso entre los usuarios”.

Foto: Pasajeros esperan la llegada de un tren de la c3 (M.Z.)

A estas quejas se suman las surgidas por un supuesto trato diferencial según las regiones, como expuso su compañera de partido, la diputada nacional Carolina España, que criticó que se hayan impulsado medidas para paliar recortes similares en la comunidad valenciana y no en otros puntos del país. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado “un plan coyuntural exclusivo para Valencia que contempla una bonificación de los abonos del 35%, el incremento de autobuses complementarios, la contratación de 60 informadores y el aumento de la nómina de los maquinistas”.

Días antes, fue el senador autonómico de Ciudadanos José Luis Muñoz Lagares quien censuró la respuesta “vaga y ambigua” del Gobierno central a las preguntas que realizó su formación en el Senado sobre las causas y soluciones a los recortes en el servicio en las dos conexiones de Cercanías en la provincia malagueña, que unen la capital con la Costa del Sol, el valle del Guadalhorce y el aeropuerto. Para el senador naranja, el Gobierno “se limita a echar balones fuera y a justificar dichos recortes en la falta de maquinistas”, cuando tras estas deficiencias hay “una falta de previsión en materia de recursos humanos”.

Renfe informó este miércoles de que se restablecen “parte” de las frecuencias del Cercanías de Málaga que se cancelaron de forma transitoria “por el déficit de maquinistas derivado de la pandemia” y que la prestación se incrementará a partir del 1 de febrero con 14 servicios diarios adicionales. La CGT contraatacó calificando como “parche” este anuncio y afirmó que, en lo que llevamos de mes de enero, se han suprimido “más de 1.000 viajes”.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se escuda en la “percepción en el público” y en el perjuicio que podría ocasionar en los “intereses económicos y comerciales” de Renfe una “información negativa” sobre la puntualidad, cancelaciones o retrasos de los trenes para negarse a facilitar los datos de las líneas de Cercanías de todo el país. Una argumentación que también esgrime para no facilitar la situación actual de las plantillas de las redes ferroviarias.

Renfe Valencia Málaga CGT Partido Popular (PP) Ciudadanos Transparencia
El redactor recomienda