El Gobierno defiende que hay detenidos en Cádiz que "no son trabajadores sino delincuentes"

El Gobierno insiste en que entre los siete detenidos por los disturbios en Cádiz durante la huelga del metal tres no son trabajadores del sector sino "delincuentes habituales con antecedentes", trasladaron fuentes próximas a la investigación. Así han reaccionado tras las acusaciones que denuncian que esta redada no hace más que incendiar los ánimos y las peticiones de dimisiones al Ejecutivo. Es la información que ha trascendido después de que el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, pidiera el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusa de avivar el fuego de las protestas con este dispositivo policial que sorprendió esta mañana a algunos de los arrestados cuando volvían de llevar a sus hijos del colegio.

Interior desplegó un llamativo dispositivo tras días de investigaciones. Los arrestados son acusados de delitos de desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad, lesiones y daños. Fuentes oficiales aseguraron que a los detenidos se les leyó sus derechos y se les condujo a comisaría, y que todos colaboraron y acudieron de forma voluntaria. En las dependencias policiales se instruyeron las correspondientes diligencias y quedaron en libertad a la espera de ser llamados a declarar por la autoridad judicial. Los trabajos han indagado sobre las movilizaciones y los disturbios de aquellos días de noviembre y se han basado, informan fuentes policiales, “en imágenes captadas” durante la huelga.

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Los ánimos vuelven a estar encendidos tres semanas después de que el pasado 24 de noviembre patronal y sindicatos cerraran un acuerdo que desactivó la huelga que había tenido en vilo a buena parte del país desde Cádiz. Las imágenes de barricadas y disturbios con la Policía y la decisión del Ministerio del Interior de enviar una antigua tanqueta del Ejército para vigilar las protestas marcó aquellos días. Incluso hubo un choque en el Gobierno, cuando la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, exigió la retirada de ese vehículo blindado de la barriada del Río San Pedro, donde se produjeron los altercados más violentos, y se garantizara el derecho de los trabajadores a la huelga. Marlaska, que fue diputado cunero por la provincia de Cádiz, se convirtió en el blanco de muchos de los trabajadores que se mostraron indignados con el ministro, acusándolo de represión.

Uno, en la cárcel

Desde la Subdelegación del Gobierno de Cádiz informaron de que son siete los detenidos. Uno fue detenido en Cádiz, que al parecer se personó tras ser llamado en la comisaría por su propio pie. Otros seis son de Puerto Real. Cinco fueron detenidos en la barriada del Río San Pedro, cuatro en sus domicilios y un quinto en el portal de su vivienda cuando volvía de dejar a su hijo en el colegio. Un sexto no pudo ser detenido por encontrarse ya en prisión preventiva en la cárcel del Puerto 3 por otros delitos.

Opinión

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Desde el Gobierno insisten en que hay detenidos que no estaban haciendo huelga “porque no eran trabajadores”. El que permanece en prisión preventiva está acusado de un robo con violencia, confirmaron fuentes oficiales a este periódico. Según publicó ‘La Voz de Cádiz’, otro detenido cumplió prisión 10 años por un delito de homicidio y un tercer arrestado consta de numerosos antecedentes policiales.

Entre el colectivo de trabajadores, que llamaron a una concentración de protesta la tarde del jueves ante la Comisaría de Policía del Puerto de Santa María en apoyo a los detenidos por las movilizaciones del metal, las acusaciones del Gobierno no hicieron más que calentar mucho los ánimos. "Es mentira", respondieron airados.

“Entre los detenidos hay trabajadores del metal y que no son del metal y no son delincuentes, te lo garantizo. Es muy fácil decir eso. En Cádiz se ha echado el pueblo a la calle, no solo los trabajadores, y puede haber gente de otros colectivos. Es mentira eso de que son delincuentes, lo dicen porque han metido la pata y han avivado el fuego. Han ido a por la gente de las movilizaciones y claro que hay trabajadores, de los astilleros de Puerto Real, sin ir más lejos”, asegura un portavoz de la Coordinadora de Trabajadores del Metal, el sindicato más beligerante en las movilizaciones.

“Tú sabes que me ha dicho el policía: ‘Nos estamos llevando a la gente para que no se vengan arriba después de lo sucedido’. Lo que quieren es tenernos el pie arriba en la cabeza y lo único que van a conseguir es cabrear más al pueblo con esto. Así, palabras textuales, me lo ha dicho el policía”, comentaba esta mañana una vecina indignada ante el despliegue del dispositivo policial en Río San Pedro.

El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’ exigió la dimisión del subdelegado del Gobierno, José Antonio Pacheco, y del ministro del Interior. “Están deteniendo a padres de familia en la puerta del colegio de sus hijos. Esto es una vergüenza. De las tanquetas a la represión por desarrollar un derecho fundamental como el de la huelga. Volvemos a pedir la dimisión de Pacheco y que asuma responsabilidades Marlaska”, señaló el alcalde gaditano. González defendió que lo que debería estar en marcha son los procedimientos judiciales oportunos para "depurar responsabilidades por las decisiones de reprimir la huelga y manifestaciones absolutamente pacíficas con la brutalidad y crueldad" que lo hicieron, señaló en declaraciones a los medios. El alcalde aseguró a los trabajadores que desde su partido, Adelante Cádiz, les van "a acompañar y a dar toda la cobertura legal que necesiten". "Si nos tocan a uno, nos tocan a todos", advirtió.

El líder de IU en Andalucía, Toni Valero, también anunció que su partido exigirá “explicaciones claras” y advirtió de que “no se puede criminalizar la protesta”. Adelante Andalucía ofreció asesoramiento legal a los detenidos y apoyo a “los represaliados”. Su dirigente, la diputada Teresa Rodríguez, se sumó a pedir las dimisiones del ministro y el subdelegado y calificó lo ocurrido como “una vergüenza”.