Cádiz, provincia maldita: ¿por qué la lluvia de millones no apaga las protestas?

El día en que el Gobierno de Pedro Sánchez cerró sus presupuestos con ERC y apuntaló su legislatura, Cádiz vivió su octava jornada de huelga y una de las más tensas. La presencia de las tanquetas de la Unidad de Intervención de la Policía (UIP) encendió aún más las manifestaciones, que este martes acabaron en batalla campal, entre humo y pelotas de gomas.

El discurso del agravio político se dispara en una provincia que se siente abandonada a su suerte desde hace mucho años y que ha propiciado el caldo de cultivo perfecto para que partidos como Adelante Andalucía, con el alcalde gaditano José María González ‘Kichi’ y Teresa Rodríguez a la cabeza, clamen por tener voz propia en el Congreso de los Diputados para defender los intereses de esta tierra. Adelante se desgajó de Unidas Podemos precisamente por eso, porque peleó por tener autonomía de Madrid y caminar por su cuenta y Pablo Iglesias no los dejó. La fuerza de los dos dirigentes andaluces en el mundo obrero que está en la calle en la lucha del metal es evidente. Su discurso es el de muchos de quienes están tras las pancartas.

Cádiz se revuelve contra el abandono en mitad del tsunami político que sacude España desde que Teruel Existe se ‘coló’ en el Congreso, y cuando es más visible que nunca la fuerza que tienen formaciones independentistas como ERC y Bildu o nacionalistas como el PNV para condicionar al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Cuando la Bahía se levanta, los gaditanos miran a sus políticos, ¿dónde están nuestros representantes en las Cortes?, se preguntan.

“Me duele de una manera especial porque no sé dónde andan los diputados andaluces. Nacionalismos aparte, hay diputados que se sientan en el Congreso que han sido elegidos por la provincia de Cádiz, que cuando hay problemas que afectan a Andalucía no se les escucha, no se oye su voz, no tenemos la sensación de estar representados. Ayer tuvimos un último cruce de línea al ver aparecer esa tanqueta militar reciclada y desde aquí un mensaje al mundo, ‘con las tanquetas que mandan los fanfarrones se hace la lucha obrera de Cádiz tirabuzones”. Las palabras son del humorista y presentador de televisión Manu Sánchez, un hombre con mucho tirón y que despierta grandes afectos en la provincia, donde mantiene un idilio conocido con el mundo del carnaval. Su mensaje se hizo viral. Su idea cala con fuerza en una provincia desesperada.

En el 'top 10' de inversión

Los presupuestos generales del Estado son especialmente buenos en 2022 para la provincia de Cádiz, pero cunde la sensación de que ERC y PNV, catalanes y vascos, se siguen llevando la mejor tajada y el dolor por el desmantelamiento de la industria está ahí; esa idea de que el Gobierno está siempre mimando al norte y siempre castigando al sur, desde tiempos de Franco, está profundamente arraigada. “No queremos ser Benidorm”, gritaron los gaditanos durante las protestas. Cádiz no se quiere resignar a ser el lugar de veraneo de los ricos de España y ese orgullo proletario bulle en estas manifestaciones.

El Ministerio de Hacienda asegura que Cádiz está en la sexta posición en los presupuestos de 2022, en el 'top 10' de los territorios que más inversiones van a recibir en estas cuentas. Son 52 millones de euros más que la media de España y 113,12 más que el año anterior. La provincia gaditana va a recibir un total de 454,72 millones de euros, un 24% más que este año. La apuesta por el corredor ferroviario Algeciras- Bobadilla es por fin una realidad con 301,4 millones de euros, de los que 35 corresponden a la provincia. Una lluvia de millones que intenta reparar el daño al puerto más importante de España en mercancías, que sigue teniendo vías del siglo XIX tras años pendiente de la modernización de esta infraestructura.

Es la gran apuesta de la inversión nacional, pero no la única. Cádiz tiene adjudicados 58 millones de euros para la construcción del Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) en los astilleros de Puerto Real. Carga de trabajo para esa Bahía que está en pie de guerra, con 1,3 millones de horas de trabajo y 1.100 empleos durante año y medio. Defensa suma otros siete millones de euros en reparaciones de helicópteros, aviones o fragatas.

Hay 20 millones de euros para una carretera que lleva años en las demandas de los gaditanos, el enlace de Tres Caminos, que evite las colas y atascos interminables, sobre todo en la temporada alta de verano. La inversión del Ministerio de Transportes, defiende el Gobierno, está 4,6 puntos por encima de la media de España: 57,6 millones para el puerto de Algeciras y 10,8 millones para el plan de seguridad que Interior tiene desplegado contra el ‘narco’ en el Campo de Gibraltar son otras de las actuaciones destacadas en las futuras cuentas que este miércoles verán la luz.

La incredulidad y el desencanto

¿Por qué entonces esta lluvia de millones no calma los ánimos? La respuesta es sencilla: la desesperación, con una tasa de paro por encima del 24% en la provincia, se une a la incredulidad. Cádiz está harta de oír hablar de planes y apuestas millonarias que se esfuman, acaban convertidos en humo o, lo que es aún más inquietante, atrapados en los tribunales tras irregularidades, proyectos públicos convertidos en la cueva de Ali Babá y los 40 ladrones.

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Una periodista que conoce a la perfección la realidad de la provincia, Soco López, que cuenta Cádiz cada día desde los micrófonos de Canal Sur, lo explica con una sola frase: “En 18 años que llevo aquí trabajando, no he podido contar todavía la apertura de una nueva industria”. El plan para rescatar a los trabajadores de Delphi, que acabaron en la calle en 2007, tras la marcha de la empresa de automoción, acabó convertido en el ejemplo perfecto del fraude de los cursos de formación en Andalucía y en la médula del caso de los ERE. El Plan Bahía Competitiva fue una trama, aún en los juzgados, que dejó en nada otro buen puñado de millones para la reindustrialización. “No hubo ningún criterio de control en la gestión de estas ayudas”, concluyó la jueza en el auto que puso fin a su instrucción en octubre de 2020. El Plan de Reindustrialización de la Bahía de Cádiz suma desde 2015 un importante puñado de anuncios a bombo y platillo que no acaban con una tasa de desempleo y precariedad cada vez mayor. El Plan de las Aletas está empantanado, con 90 millones asignados que llevan años paralizados. Son muchas promesas incumplidas, muchos sueños rotos, con realidades incontestables como el último cierre, el de Airbus en Puerto Real. Los proyectos se anuncian por todo lo alto, pero no llegan, y el suelo industrial se extiende yermo como un páramo.

Cádiz tiene nueve diputados en el Congreso. En las últimas elecciones, tres se los llevó el PSOE, dos Vox, dos PP, uno Unidas Podemos y uno Cs. Hace un año, en diciembre de 2020, la Comisión de Industria de la Cámara Baja aprobó, con los votos favorables de todos los partidos excepto Vox y PNV, una importante iniciativa de Unidas Podemos a favor de declarar la actividad industrial de la provincia gaditana como estratégica y dotarla de carga de trabajo.

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Una medida que era un sonoro espaldarazo, se defendió entonces al unísono desde la mayoría de fuerzas políticas, tras años de noticias de ERE y ERTE y con la precariedad galopando en la industria auxiliar y las subcontratas de las grandes empresas, como Dragados, Navantia, Alestis o Airbus. La declaración del Congreso venía a tratar de calmar los ánimos por la situación tan delicada que atravesaba la Bahía. Se aprobó reducir la subcontratación, que late en el corazón de este conflicto, donde un trabajador de Navantia desempeña su función frente a otros que están contratados por meses, quizá por semanas, y que cobran cuatro veces menos y trabajan cuatro veces más. El 80% del trabajo en las industrias como Navantia lo desempeñan subcontratas. Se aprobó una auditoría externa para identificar, decía la iniciativa, el origen de “la merma de las condiciones laborales” de los obreros. 30.000 puestos de trabajos indirectos en una provincia con un 30% de paro, alertó aquella iniciativa aprobada en las Cortes, merecían proteger una industria del metal que era una piedra angular para la provincia.