Nueve años del cierre de Delphi: casi 300 millones públicos y tres casos de corrupción

“A los trabajadores de Abengoa les diría que si la Junta va a mediar para salvar sus puestos de trabajo, que Dios los coja confesados. Si es el Gobierno central u otra Administración seria, puede ser, pero si es la Junta, que salgan corriendo”. Miguel Paramio, extrabajador de Delphi y portavoz sindical de CGT, es uno de los casi 500 trabajadores, el censo está sin actualizar y calculan que en realidad serán un centenar menos, que siguen colgados y sin empleo tras el cierre de la multinacional en Puerto Real (Cádiz).

El cerrojazo de esta compañía hace nueve años y los posteriores planes de formación y empleo puestos en marcha por el Gobierno andaluz se han convertido en un retrato robot nada edificante sobre el uso de dinero público. Los 260 millones de euros gastados por la Junta en indemnizaciones y prejubilaciones de la plantilla y en formación de los trabajadores para reinsertarlos en el mercado laboral no han cerrado el conflicto nueve años después. El Gobierno andaluz ha dicho basta y ha dado por rotos los convenios firmados en 2007, con promesas de empleo para los trabajadores que debían seguir cotizando. Hasta tres casos de corrupción tiene bajo sospecha el dinero inyectado en este conflicto laboral. Los casos de los ERE, del fraude de la formación y de Bahía competitiva, que investiga el desvío de 21 millones de euros para la industrialización de la zona con ex altos cargos imputados, afectan a las partidas presupuestarias.

Los parados de Delphi, que para muchos se han convertido en unos grandes privilegiados por el riego constante de dinero público, se enfrentan ahora a una demanda del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que pide la suspensión cautelar de todas las prestaciones públicas, después de que la Inspección de Trabajo detectara numerosas irregularidades en los planes de formación puestos en marcha para estos parados. Además, los sindicatos UGT y CGT llevaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la Junta por incumplimiento de los convenios firmados en 2007, que fueron revisados y modificados a la baja hasta en 16 ocasiones.

El Gobierno andaluz alega que ha gastado demasiado dinero y que cada trabajador ha podido costar hasta 100.000 euros en ayudas e indemnizaciones

La Administración se lanzó a prometer de todo a cambio de la paz social y después estalló la crisis y se dio cuenta de que no podía hacer frente a sus compromisos. El Gobierno andaluz alega que ha gastado demasiado dinero y asegura que cada trabajador ha podido costar hasta 100.000 euros en ayudas públicas y en indemnizaciones cobradas al cierre de la factoría. Un dato que indigna a los que ahora se sienten “desahuciados” y que tildan de “absolutamente falso”. “Se lo han llevado otros, nosotros no”, asegura Antonio Montoro, representante de UGT. La historia de unos trabajadores, protagonistas de durísimas movilizaciones, acostumbrados a ‘la paguita’ y sin ganas ni iniciativa para trabajar, los perjudica y los indigna. “Nosotros lo que queremos es seguir cotizando, que lo sepan, un trabajo”, dejan claro.

Juan Manuel Rodríguez, extrabajador y portavoz de CCOO, es uno de los más de 400 parados, algunos han fallecido, otros se han ido al extranjero a buscarse la vida y los menos se han dado de alta como autónomos, que exigen todavía una respuesta al Gobierno andaluz. Él cobra, por pocos meses y si la justicia no decide suspender las prestaciones públicas, los 400 euros mensuales de ayuda familiar. Otros 100 compañeros tienen esta cobertura por cuatro o cinco meses más y el resto ya han agotado todas las ayudas. Este viernes cumplieron 676 días de un encierro que trataba de presionar a la Administración y que admiten que no ha servido de nada. “Durante todo este tiempo, he estado estudiando. He ido a cursos para recolocarnos en el sector naval o aeronáutico, he cumplido todo lo que me han dicho pero mi situación es penosa”, relata. Los cursos recibidos no están acreditados ni sus titulaciones homologadas. “Hay gente por ejemplo que podría titularse como soldador y buscarse la vida, pero es que no nos reconocen ni la titulación”, narran. Es como si no tuvieran nada. “Fue la Junta la que vino a buscarnos a nosotros con promesas que ahora incumplen”, se queja. Los trabajadores fueron contratados de forma ilegal, según la Inspección de Trabajo, mientras recibían su formación. Durante ese periodo cobraron 1.100 euros mensuales brutos.

El dinero de los parados de Delphi se convirtió en un gallina de los huevos de oro para unos cuantos. “La verdadera culpable es la Junta de Andalucía“

La mayoría de los cursos quedaron en manos de la Fundación Universidad Empresa de la Bahía de Cádiz (Fueca), que recibió 20,2 millones de euros de fondos públicos y se enfrenta a una multa por las irregularidades cometidas de 2,6 millones. El resto de dinero para cursos fue a parar a manos de empresarios “afines al PSOE”, según relatan los trabajadores. Quien captó más fondos públicos fue el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, uno de los principales imputados en el fraude de la formación andaluza. El dinero de los parados de Delphi se convirtió en la gallina de los huevos de oro para unos cuantos. “La verdadera culpable es la Junta de Andalucía, dejaron todo el dinero en manos de piratas, ha sido para algunos un negocio muy lucrativo y ahora paga el eslabón más débil de la cadena, el trabajador”, denuncia Paramio. “Hemos pasado de ser unos privilegiados para muchos a ser unos desahuciados”, insiste. “Dieron el dinero a dedo a sus afines al PSOE, un compadreo admitido por todos, y ahora qué, no hay ni títulos”, se queja. El programa formativo acabó en 2012, y ahí siguen.

Algunos trabajadores de Delphi fueron recolocados en Alestis y Gadir Solar, que también echó el cierre pese a las ayudas públicas. Los terrenos de la factoría siguen vacíos años después, y a pesar de que la Junta haya anunciado todo un serial de empresas que iban a instalarse en la zona. La única que ocupó sus naves, Redelsur, también fue cerrada por vertidos ilegales. Nada funciona. El Gobierno andaluz se aferra ahora a unas nuevas siglas, ITI, Iniciativa Territorial Integrada, 1.000 millones de fondos europeos hasta 2020 para cambiar la dramática situación laboral de la Bahía de Cádiz, 37,18% de paro. Otro plan cargado de promesas. Hasta ahora, todos han acabado en fracaso o estafa. “Ahora ya solo nos queda que hable la justicia”, admite Montoro, de UGT.

Esperan que el Alto Tribunal Andaluz fije fecha para una resolución a primeros de 2016. Los juicios vinculados a la estafa formativa están señalados para octubre y noviembre de 2017. “Si ganamos esta demanda, que sepan que vamos a pedir la dimisión inmediata de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz”, advierte este portavoz. “Cuando miro a la cara a la gente y pienso que si se hubieran hecho las cosas mejor habría soluciones... He visto suicidios, compañeros que han muerto en la calle en la indigencia, familias rotas, gente enferma”, asegura Manuel Montoro. Todos los representantes sindicales admiten ahora, con el paso del tiempo, que hubiera sido mejor cobrar las indemnizaciones que les ofrecía la multinacional y no acogerse a ninguno de los planes públicos.

Desde las municipales de 2007 no se recuerda una campaña electoral sin que los trabajadores de Delphi presionaran con sus reivindicaciones. Esta vez solo Podemos, con su secretaria general a la cabeza, Teresa Rodríguez, junto a su compañero el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, asumen su voz. Podemos llevó al Parlamento una serie de enmiendas al presupuesto dotadas con nueve millones de euros para darles una salida. PSOE y Ciudadanos tumbaron estas propuestas. “Y eso que el señor Juan Marín”, líder de Ciudadanos en Andalucía, “vino a vernos y nos prometió que estaban con nosotros”, aseguran los trabajadores. Lo que dicen después de él es mejor no reproducirlo. Con Izquierda Unida también han roto lazos. “Cuando estuvieron en el Gobierno nos pudieron ayudar, y ya ves”, recuerdan. El día que la multinacional automovilística anunció su marcha de la bahía gaditana, los comicios locales estaban a la vuelta de la esquina y las autonómicas de 2008, a tiro de piedra. La lluvia de promesas y soluciones llegó rápido.

El impacto laboral de esta deslocalización dejaba a 1.600 personas en el paro, algunas con 20 años de antigüedad en la empresa, en una zona azotada por el desempleo y sin industria capaz de absorber esa mano de obra. Delphi se había comprometido a no echar el cerrojazo a cambio de más subvenciones públicas ante unas pérdidas de 150 millones de euros. Desde 1986, la Junta de Andalucía había inyectado 62 millones de euros, según datos del propio Ejecutivo autonómico. El Gobierno de Manuel Chaves se puso rápidamente manos a la obra. Después, el 11 de septiembre de 2011 hubo una solución cerca. La multinacional DWI iba a instalarse en la Bahía de Cádiz y asumir una plantilla de 600 empleos. La operación no llegó a buen puerto. “La Junta salió rápido a decir que era por nuestra culpa, por el alto coste de la mano de obra y por nuestras reivindicaciones. Le puedo demostrar que la Junta debió de mandar una documentación que no llegó a tiempo. Fue una vergüenza. Dinero para compadreo y amiguismo, sí. Otra cosa, no”, asegura Montoro.