Kichi azuza las protestas del metal en Cádiz y alarma al Gobierno

“Hemos tenido que meter fuego a Cádiz para que Madrid se fije”. La sentencia del alcalde gaditano, José María González ‘Kichi’, megáfono en mano y al frente de las protestas de los trabajadores del metal, era lo que faltaba para que todas las alarmas se hayan encendido en el Gobierno de Andalucía y en el central después de tres días de huelga sin que haya acuerdos. La preocupación se extiende entre los empresarios y fuentes del entorno de Navantia ya han alertado de que, si el paro sigue, corre peligro la entrega de la quinta y última corbeta contratada por Arabia Saudí y de que pueden perderse reparaciones de cruceros en los astilleros.

Patronal y sindicatos volvieron a reunirse este jueves en Sevilla en un segundo intento de acercar posturas y con la exigencia sindical de una subida salarial vinculada al IPC como gran escollo, sin embargo, el encuentro ha finalizado sin acuerdo a las 02:00 horas de la madrugada. La violencia de las protestas y la radicalidad en las posiciones de los trabajadores llenan de preocupación los despachos, que asisten con estupor a altercados que los propios sindicatos admiten que no están bajo su control, apuntando a la existencia de grupos radicales infiltrados que no responden a las órdenes de las centrales.

Muchos lo comparan con el movimiento de los chalecos amarillos que sacudió Francia en 2018 y cuyo impacto aún se deja notar. Una suma de factores que convierte la provincia gaditana en una tormenta perfecta para las protestas. El deterioro progresivo del tejido industrial, con el cierre de Airbus en Puerto Real como último capítulo, mina los ánimos de los trabajadores.

La crisis industrial se ha cobrado en esta zona, con un paro del 23%, sus principales piezas. Es la segunda provincia de España, tras Huelva, con la tasa de desempleo más alta. La temporalidad, el encadenamiento de contratos precarios y los ERTE, factores que se dejan notar sobre todo en la industria auxiliar, suman más ingredientes a este cóctel molotov que ha llevado a protestas de la envergadura de las que conoció Cádiz con las reconversiones del sector naval de los ochenta y los noventa. Unos 30.000 trabajadores están llamados a la huelga. Nada tienen que ver las condiciones en los astilleros públicos, por ejemplo, con las de las industrias auxiliares, subrayan los sindicatos.

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En la mesa de negociación y bajo la atenta mirada de la Consejería de Empleo, las conversaciones siguen adelante, pero sin ningún tipo de acuerdo. Tras 12 horas de reunión, las partes se levantaron de la mesa. La presión del Gobierno fue máxima para que volvieran a sentarse. Empieza a extenderse el convencimiento de que la huelga trasciende la negociación del convenio colectivo del sector del metal y se produce además en una provincia golpeada por los cierres de la industria y el paro.

El IPC, en el centro

El convenio del sector del metal expiró el pasado septiembre y patronal y sindicatos se enfrentan por la renovación de los salarios. Las centrales piden vincular la subida de los sueldos al IPC, del 5,4%. La Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (Femca) ve inasumible esa propuesta y ofrece incrementos del 0,5% este año y del 1,5% en los dos siguientes. UGT y CCOO han aceptado un 2% este año, medio punto más para 2022 y un incremento del 3% en 2023. Si el acuerdo se vincula a la subida del IPC, que está en su punto más alto de los últimos 29 años, se abre una puerta para la negociación de otros muchos convenios sectoriales que irían en la misma senda. “Es inasumible”, dejan claro desde la patronal. El Gobierno ha negociado una subida de las pensiones conforme al IPC, recuerdan los sindicatos. Exigen seguir ese mismo patrón y marcan ese acuerdo como precedente.

El alcalde de Cádiz no dudó en ponerse del lado de los trabajadores y exhibió toda la profundidad de las protestas al grito de “ni un paso atrás en la lucha del metal”. “No estamos hablando solo de la negociación del convenio, que también, estamos hablando de futuro, de dignidad”, de que “nuestros niñas y nuestros niños puedan coger nuestro relevo”, defendió Kichi megáfono en mano.

“Somos obreros y no delincuentes, lo que hacemos es defender el plato de comida encima de la mesa de nuestras casas”, apuntó en referencia a los incidentes tras tres días de huelga indefinida. “Violencia es que una persona no pueda ir a la mutua y tenga que ir al hospital diciendo que el accidente lo ha tenido en su casa, eso es violencia. Violencia es que un operario del metal no pueda coger vacaciones sin miedo a que lo despidan, eso es violencia. Décadas y décadas de precariedad, de ir ensartando un contrato con otro, eso es violencia. Eso es violencia sistemática, y en Cádiz no lo vamos a consentir”, arengó el alcalde a los manifestantes, en declaraciones recogidas por EFE.

Contratos en peligro

Las principales fábricas están paradas con Dragados, que forma parte de la patronal, y Navantia, la empresa pública con hilo directo con el Gobierno, como objeto de los piquetes más violentos. Airbus y Alestis también están en la diana. Los trabajadores saben dónde pueden presionar más y la preocupación crece.

Las consecuencias de que continúe la huelga encienden las alarmas dentro de Navantia. Los astilleros tienen que entregar el próximo 5 de diciembre la quinta corbeta del encargo de Arabia Saudí que ha mantenido la carga de trabajo en San Fernando, y en menor medida en Puerto Real. El buque, de nombre Unayzah, corre el peligro de incumplir los plazos previstos en el contrato si los astilleros no pueden trabajar los próximos días. Fue un desembolso de 1.800 millones con una generación de 6.000 empleos entre directos, industria auxiliar y proveedores, y los trabajos han ido hasta la fecha de forma ejemplar, admiten desde los astilleros.

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Cumplir los plazos cobra aún más importancia cuando la empresa pública aspira a un nuevo contrato con Arabia Saudí, que permitiría prorrogar el empleo en la bahía de Cádiz. La firma de nuevos acuerdos va bien encaminada, admiten desde el Gobierno, pero Navantia puede sufrir los “daños colaterales” del conflicto que tiene incendiada la provincia. Corea, Italia o Francia optan también a firmar un acuerdo y se despliegan en Abu Dabi.

Navantia sufre también los envites de la huelga, porque es un momento clave para la reparación de cruceros norteamericanos y empresas como Carnival ya han advertido de que no continuarán.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, expresó su preocupación por la violencia de las protestas y el consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, alertó de la mala imagen que se traslada y de las consecuencias de esa conflictividad laboral.