De los menores en Ceuta a la tanqueta: PSOE y UP chocan de nuevo con Marlaska en el foco

El Gobierno de coalición vuelve a vivir una crisis por un operativo de la Policía. En Unidas Podemos no ha gustado la actuación de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y, esencialmente, la presencia de una tanqueta en las calles de Cádiz con motivo de las protestas de los trabajadores del metal. Los morados se han quejado, a través de diferentes vías, a sus socios del PSOE. Es una nueva polémica que se suma al sonoro encontronazo que tuvo lugar este mismo verano por la repatriación a Marruecos de los cientos de menores que entraron en Ceuta en mayo. Ambos choques tienen un mismo protagonista, Fernando Grande-Marlaska, un ministro no ajeno a la polémica, pero que el presidente del Gobierno confirmó en su puesto en la remodelación que hizo del Ejecutivo el pasado julio. La confianza de Sánchez en él es total. Marlaska fue, precisamente, cabeza de lista del PSOE por Cádiz en las generales y tiene sublevada a parte de la capital de una provincia en la que hizo campaña electoral.

El BMR de la Policía Nacional ha abierto una nueva vía de agua en la coalición. El lunes por la tarde hubo una intensa discusión en Unidas Podemos. El grupo confederal reclamó a Yolanda Díaz una respuesta contundente ante las imágenes que estaban llegando desde la capital gaditana. Que circulara un vehículo policial blindado por las calles con agentes empuñando escopetas de bolas de goma era para UP una escena "inadmisible". Díaz tardó en reaccionar, pero a última hora de la tarde contactó tanto con Moncloa como con el propio ministro del Interior. Este martes, la vicepresidenta segunda hablaba directamente con Sánchez y le pedía retirar la tanqueta de la ciudad.

El PSOE salió rápidamente a defender a su ministro. El portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, fue el primero en hacerlo, al afirmar que la Policía Nacional está actuando "conforme a los protocolos" y que no se estarían cometiendo excesos en la respuesta a las protestas de los trabajadores del sector del metal. Gómez aseguró que Fernando Grande-Marlaska conoce la situación que se está viviendo en Cádiz y añadió que lo más importante es que el Gobierno está facilitando la mediación y la búsqueda "cuanto antes" de un punto de encuentro.

Unidas Podemos busca que Marlaska o Sánchez den una orden política para que la tanqueta no salga a las calles gaditanas. O que si lo hace no sea para dispersar manifestantes, sino para retirar, en todo caso, obstáculos de la vía pública. La propia Yolanda Díaz afirmaba este martes en los pasillos del Congreso que los manifestantes de Cádiz "no son delincuentes", sino que están "legítimamente defendiendo sus derechos". "Estamos hablando de derechos fundamentales", remarcó.

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Fuentes del Ministerio del Interior apuntan, por su parte, que los mandos desplegados en la ciudad son quienes, con base en "criterios operativos", toman una decisión al respecto. La tanqueta, añaden, se usa para despejar la vía ante la colocación de barricadas y también para cerrar el paso a la circulación. Al menos este martes en Interior permanecían ajenos a la polémica y delegaban en los encargados del despliegue la autoridad para decidir con qué recursos contar para afrontar la protestas. Añadían que el vehículo no es una tanqueta, sino un semiblindado meramente defensivo. "No hay nada que justificar", zanjaban.

La misma versión trasladaron desde la Delegación de Gobierno de Andalucía, donde defendieron el despliegue policial y que las fuerzas de seguridad actúan con criterios de proporcionalidad. Por su parte, la Subdelegación en Cádiz aclaró que el vehículo no tiene ninguna capacidad ofensiva y que se decidió su uso la semana pasada. En número de efectivos, el dispositivo está previsto para 700 agentes entre Policía y Guardia Civil.

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No es la primera vez que el PSOE y Unidas Podemos chocan con fuerza por cuestiones policiales. O, mejor dicho, que los morados arremeten con dureza contra decisiones que afectan al Ministerio del Interior, como fue el caso también de las devoluciones en caliente de migrantes en la valla de Ceuta o Melilla. Otro punto de tensión tuvo lugar el pasado mes de agosto: el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, envío una carta a Interior para achacarle la responsabilidad "única y exclusiva" sobre la citada repatriación de los cientos de menores llegados a Ceuta a través de la frontera con Marruecos.

La misiva, dirigida al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y a la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería, llevaba las firmas del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y de la directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Violeta Assiego. Al final, aquel contencioso lo acabó abordando personalmente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Los menores en Ceuta "están a cargo de la entidad pública de protección española", reclamaba Belarra a Marlaska por escrito. "Este ministerio en ningún caso se opone a la reagrupación familiar, pero entendemos que para que pueda llevarse a cabo esta operativa es imprescindible un estricto cumplimiento de las leyes nacionales y de la Convención de los Derechos del Niño", criticaba la ya secretaria general de Podemos, reclamando información a Interior. Una crisis que evidencia que las costuras de la coalición se tensan con demasiada frecuencia a la espera de un final de año especialmente delicado por la resolución del gran cisma: la reforma laboral.