LA AGENDA POSCOVID, EN EL AIRE

Vox tapa su peor crisis interna en Andalucía haciendo pinza con la izquierda

Quita oxígeno al Gobierno de PP y Cs tras la 'fuga' de Serrano, exige que se supriman 'chiringuitos' y deja en el aire la reconstrucción en una hoja de ruta diseñada desde Madrid

Foto: El juez en excedencia Francisco Serrano. (EFE)
El juez en excedencia Francisco Serrano. (EFE)
Adelantado en

La suma sigue saliendo. PP y Cs no tendrían por qué preocuparse en Andalucía tras los últimos movimientos internos en Vox, que evidencian la fragilidad orgánica de un partido nacido de la nada y controlado con mano de hierro desde Madrid. Pese a la marcha de dos de sus 12 diputados, ahora ‘no adscritos’, la mayoría del cambio, como ellos mismos acuñaron, sigue sumando siete diputados (57) más que las izquierdas de PSOE y Adelante Andalucía (50), donde por cierto también andan en guerra civil IU y Podemos con los de Teresa Rodríguez.

Pero no va a ser tan fácil. De momento, dos decretos-leyes fundamentales en la etapa posterior al estado de alarma no tienen fecha de aprobación en el Parlamento después de que Vox, por sorpresa, tumbara la agenda prevista, que apostaba por un pleno extraordinario este próximo martes 7 de julio. Son medidas aprobadas de urgencia durante el estado de alarma que necesitan ver la luz.

El problema no viene porque no haya mayoría, sino porque Vox ya ha dejado claro cuáles son sus intenciones y el Gobierno de Juanma Moreno va a tener que estar preparado para salir de la crisis en una situación de más inestabilidad política que la que tenía antes del covid. La mayor parte del guion de Vox viene escrita desde Madrid, desde donde la orden es marcar las distancias con el PP y exhibir la falta total de sintonía con Cs tras su mano tendida a Pedro Sánchez. Así lo entienden también dentro del propio Gobierno andaluz.

Temor a la división en el voto

Pese a la sorpresa, los aliados en el Gobierno confían en que el berrinche de Vox sea pasajero y lo achacan a que no querían que se pusiera el foco en una votación en el Parlamento tras la marcha del juez en excedencia Francisco Serrano, contra el que se ha querellado la Fiscalía por un presunto fraude de una ayuda pública de 2,5 millones de euros. Se suma a la salida, meses atrás, de otra diputada de la fuerza de extrema derecha que ahora milita en Falange Española, Luz Belinda Rodríguez.

Aunque la dirección de Vox lo niega, quienes se han marchado aseguran que la crisis es más profunda y no se limita a estos dos casos en un grupo de 12 diputados. Aseguran que habrá hasta cinco marchas más. Hay otra diputada, la médica María José Piñero, que dimitió como presidenta de Sevilla alertando de una “estructura paralela” de Vox España, que estaba desatando la guerra en Andalucía y denunciando relaciones de poder internas basadas en “poder, soberbia y miedo”, además de un “uso irregular” de los fondos públicos. Esta diputada dimitió de sus responsabilidades orgánicas pero sigue en el grupo parlamentario.

No es la primera vez que el partido de la extrema derecha en el Parlamento andaluz amenaza la estabilidad del Gobierno, aunque nunca hasta ahora ha ido más allá de un sonoro portazo que acaba al final en un pacto. Ocurrió con los Presupuestos de 2019 y después con los de 2020, donde el PP fue hábil y logró amarrar el apoyo de Vox a unas cuentas pensadas a medio plazo que, si la pandemia no hubiera existido, habrían garantizado al Gobierno de las derechas llegar al final de la legislatura prorrogando lo acordado sin muchos sobresaltos. Ese acuerdo restó mucha fuerza a los socios de Vox, que ahora quieren recuperar el espacio perdido.

El plan de empleo, en el aire

La irrupción del covid y la crisis económica vuelven a cambiar todo el escenario. Las señales se han sucedido a lo largo de los últimos días. Primero Vox no dudó en votar con PSOE y Adelante Andalucía en el Parlamento para sumarse a la reclamación de que haya una paga ‘extra’ para los sanitarios en primera línea de la emergencia sanitaria. Después, el tono del portavoz de Vox, Alejandro Hernández, fue subiendo hasta convertir sus intervenciones públicas en una cadena de advertencias y reproches al Gobierno, sobre la falta de cumplimiento de los pactos cerrados y poniendo el foco, una vez más, en que han faltado a su palabra de cerrar entes instrumentales, lo que llaman ‘chiringuitos’.

El juez en excedencia Francisco Serrano, en su escaño en el Parlamento de Andalucía. (EFE)
El juez en excedencia Francisco Serrano, en su escaño en el Parlamento de Andalucía. (EFE)

En su último cara a cara con el presidente andaluz, el portavoz de Vox le interrogó sobre el punto del pacto de PP y Cs que apostaba por la supresión del Consejo Consultivo de Andalucía. Ya sabía el partido de Abascal, tras los últimos nombramientos auspiciados por el Gobierno, que ese órgano, blindado en el Estatuto de Autonomía, no iba a tocarse. El portavoz de Vox obligó a Moreno a admitir que había aspectos del pacto de investidura que se habían replanteado una vez habían ejercido el poder. No es que a Vox le preocupe el consultivo, que no, sino que aprovechó para poner el foco en los entes instrumentales y en la que fue una de las grandes promesas del Gobierno del cambio.

Suprimir entes públicos

Vox ya ha asegurado que piensa vincular su apoyo al Gobierno con una lista concreta de entes públicos que exige suprimir. PP y Cs empezaron con mucho énfasis en esa tarea y grandes titulares al respecto, pero han aminorado la marcha. Entre otras cosas, porque al gobernar admiten que muchos órganos, empresas o agencias que consideraban superfluas sí creen, ahora, que cumplen un papel importante.

Los datos oficiales indican que, hasta ahora, el Gobierno andaluz ha suprimido 36 entes y tiene pendiente extinguir 96, cuyos trámites ya han comenzado. De estos 132 entes, 71 se corresponden con los consorcios de las unidades territoriales de empleo (UTDLT) que ya comenzaron a eliminar los socialistas. Ni es fácil extinguir sociedades, agencias, fundaciones o consorcios, ni es posible en la mayoría de los casos —algo avalado por decenas de sentencias judiciales— despedir a sus trabajadores.

Actualmente, el Gobierno tiene pendientes los resultados de las auditorías internas que encargó sobre algunos entes instrumentales. Tras un primer examen a 12 entidades públicas, ahora será la Cámara de Cuentas la que se pronuncie sobre Canal Sur. Además, en un procedimiento extraordinario, la Consejería de Hacienda adjudicó el pasado 20 de junio 16 lotes de auditorías a empresas privadas sobre el sector público andaluz y el compromiso es presentar resultados en seis meses. El Gobierno asegura que necesita conocer los resultados para tomar decisiones.

El partido de Abascal se levantó el jueves de la Junta de Portavoces tras votar con PSOE y Adelante Andalucía en contra de que se celebre un pleno extraordinario el martes. No dieron explicaciones ni sus socios contaban con el desplante. Se necesita esa convocatoria porque los decretos-leyes deben convalidarse en la Cámara en el plazo de un mes desde que se aprobaron en Consejo de Gobierno, y el próximo pleno ordinario (22 de julio) sería ya demasiado tarde. PP y Cs confían en que Vox corrija esta posición y permita que haya convocatoria para aprobar los decretos que se impulsaron tras decaer el estado de alarma. Son muchas medidas que afectan a la regulación de la llamada ‘nueva normalidad’. El montante más importante se refiere al plan de empleo impulsado para los ayuntamientos, con una inversión de 165 millones de euros y la previsión de crear 19.000 empleos. Están en el aire dos decretos aprobados el 16 y 19 de junio con carácter urgente y PSOE, Adelante y Vox no parecen dispuestos a colaborar con el Gobierno.

Andalucía

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
0 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios