Andalucía abre la mayor oferta masiva de auditorías privadas para el sector público

El Gobierno andaluz de PP y Cs ultima la primera adjudicación de auditorías privadas que examinarán el 90% de su sector público en 2020. Es el principal acuerdo presupuestario cerrado con Vox y el triunfo que este partido exhibe con más rotundidad de las negociaciones. Por primera vez, admiten fuentes del Gobierno andaluz, una administración pública en España acudirá a la empresa privada para poner a examen un conglomerado de entes instrumentales que suman 25.581 empleados y un presupuesto de 3.615,59 millones de euros.

El Ejecutivo autonómico ha dividido en un total de 16 lotes su sector público, 62 entidades, 12 en proceso de disolución o reestructuración, según recoge el Presupuesto andaluz para 2020. Se agrupan según tamaño y negocio.

El pliego de condiciones para cada uno de estos lotes, que se irán adjudicando a lo largo del año hasta completar una foto fija del 90% de estos entes públicos a final del ejercicio, fija restricciones para que se abra la competencia y no solo las grandes consultoras del país hagan negocio. Una sola empresa auditora no se podrá adjudicar más de cuatro lotes, lo que garantizaría que concurrieran 16 empresas (si cada lote lo ganara una firma distinta) y un mínimo de cuatro, en el caso de llegar a los cuatro lotes máximos cada una. El compromiso de la Consejería de Hacienda de Andalucía es que antes de que termine octubre esté publicada toda la información y arranque el proceso de licitación.

Examen "operativo"

Las auditorías no están enfocadas desde un punto de vista de equilibrio presupuestario, eso ya se hace de forma interna en el Gobierno andaluz por parte de la Intervención. Este cuerpo de auditores públicos hizo un primer diagnóstico de 12 agencias públicas que el Gobierno andaluz presentó el pasado abril. Desde la Junta se comprometieron a raíz de ese primer diagnóstico a examinar "uno a uno" un total de 9.143 contratos de personal no funcionario en estas agencias. El objetivo, dijeron entonces, es "reordenar recursos". Se negaron a hablar de despidos.

Nada que ver con el discurso de Vox, que esta misma semana habló directamente de "avances en el desmantelamiento" del sector público empresarial. De hecho, fuentes de este partido asumen de forma extraoficial cálculos que hablan de que sobran hasta 10.000 empleados públicos. Un discurso que no asume, pese al acuerdo presupuestario, el Gobierno de PP y Cs.

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Ahora las auditorías que se encargan a empresas privadas son "operativas", analizarán el funcionamiento y la eficacia de estos entes y los perfiles en los pliegos de condiciones se abre también a empresas de consultoría empresarial. Las adjudicaciones están dotadas con 3 millones de euros, una inversión que puede ser jugosa para el sector consultor y auditor en el mercado andaluz, donde no hay grandes empresas. El trabajo será supervisado en última instancia, así se recoge en el articulado del Presupuesto andaluz, por la Intervención General de la Junta.

Resultados públicos

Vox ha arrancado el compromiso al Gobierno andaluz de que los resultados de estas auditorías se hagan públicos. Saben que no pueden reclamar que estos informes privados sean vinculantes, ni siquiera lo son los de la Cámara de Cuentas de Andalucía, pero cuentan con que al difundir de forma abierta los resultados el Ejecutivo de PP y Cs se vea obligado a tomar medidas. Con eso cuentan desde el partido de Santiago Abascal en Andalucía, que ya en la negociación del Presupuesto de 2019 consiguió poner contra las cuerdas al Ejecutivo andaluz. Manejaron un documento en las negociaciones en el que pedían la eliminación de 150 entes públicos. Con fecha de 1 de octubre de 2019, los datos oficiales en el inventario de entes públicos dependientes de la comunidad autónoma de Andalucía recogen más de 250 entes, entre ellos 82 unidades territoriales de Empleo (UTDLET), cuya extinción se inició en 2012.

El acuerdo andaluz sellado por PP y Cs con Vox, y que el partido de Abascal confía en reeditar en Andalucía esta misma semana sentándose los tres partidos, de nuevo, a la misma mesa pese a la campaña electoral, incluye no solo una partida de 3 millones de euros para adjudicar estas auditorías privadas, sino también un total de 15 millones de euros de "costes indemnizatorios, cobertura de costes por integración en otras entidades, posibles nuevos contratos para actuaciones liquidatorias en sociedades mercantiles y fundaciones, etc.".

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La letra del presupuesto andaluz de PP y Cs incide, pese al acuerdo con Vox y la exigencia de "desmantelamiento", en que "con relación a los gastos de personal, una de las partidas de mayor relevancia dentro del presupuesto global de las entidades" hay un incremento del 2,94% en las transferencias a su sector público por "las mejoras en entidades del sector sanitario y de servicios sociales y dependencia". "Respecto a la plantilla de efectivos de personal de las entidades instrumentales, se ha reducido en 325 puestos, pasando de los 25.906 puestos de 2019 a los 25.581 de este ejercicio 2020". Un discurso que siempre defendió el PSOE cuando estaba en el Gobierno frente a la teoría de los "chiringuitos" y las "redes clientelares" de PP y Cs. Ahora, desde el Ejecutivo andaluz aseguran que habrá que esperar a esa foto fija que arrojen las auditorías privadas antes de tomar medidas.