La otra cara de los 'chiringuitos' en la Junta: 41 millones abonados por despidos nulos

El Gobierno andaluz de PP y Cs ha pactado con Vox en su acuerdo de Presupuestos para 2019 y 2020, clave de bóveda de la legislatura, una “decidida” reordenación del sector público instrumental. Pero la letra pequeña del acuerdo admite que “uno de los principales obstáculos” para esta actuación es la situación en la que quedaría el personal de estas entidades. En sus discursos públicos, hablan de “enchufados” y de “chiringuitos”, pero la Justicia avala a sus trabajadores.

El Ejecutivo de PP y Cs teme el coste de esa reordenación. El importe total de las sentencias por denuncias interpuestas por antiguos trabajadores, fruto de la liquidación de entes emprendida por el anterior Gobierno socialista, va a suponer a las arcas públicas un desembolso de 41,15 millones de euros, incluyendo los salarios de tramitación e indemnizaciones. De este dinero, hasta marzo, habían sido abonados 27,45 millones de euros, por sentencias por 702 despidos nulos y 36 despidos improcedentes. De 740 demandas, 725 las ganaron los trabajadores.

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En el área de Presidencia del Gobierno, tienen claro que la Justicia siempre ampara al empleado, al que exime generalmente de responsabilidad en la fórmula de los contratos firmados, y que los despidos masivos en el sector público andaluz “bloquearían cualquier presupuesto”, con victorias casi garantizadas en la vía del contencioso administrativo.

El acuerdo escrito

Hay precedentes previos. Una larga cadena de sentencias “masivamente resueltas en contra de la Junta de Andalucía”, subraya el documento suscrito por PP, Cs y Vox. De ahí que se acuerde una partida económica en 2020 de dos millones de euros de auditorías privadas, 1,5 para asistencia jurídica y 15 millones de euros en indemnizaciones. El Gobierno contratará “firmas externas especializadas en derecho laboral y de reestructuración de grupos societarios” para decidir qué hacer con ese personal que quedaría sin ocupación al eliminar empresas, agencias, fundaciones o consorcios públicos.

Hemos sentado las bases para una reducción drástica de la administración instrumental, todo el tema de chiringuitos

Ni el Gobierno de PP y Cs ni Vox admiten un ERE masivo en el sector público, como vaticina el PSOE. De momento, todos eluden hablar de despidos. “Hemos sentado las bases para una reducción drástica de la administración instrumental, todo el tema de chiringuitos, para que se adopten medidas de mucha trascendencia y gran calado”, defendió el portavoz de Vox, Alejandro Hernández. En la negociación para la retirada de la enmienda a la totalidad al Presupuesto de 2019, Vox manejó un documento donde se exigía el compromiso de eliminar más de un centenar de entes. No hay nada más concreto que el pacto final recogido por escrito, donde no se fija número sino procedimientos para esta reestructuración. A partir de ahí, todo son incógnitas.

Entes eliminados

Las distintas comparecencias de miembros del Gobierno andaluz tras la firma del acuerdo de Presupuestos con Vox la pasada semana han ido dando algunas pistas. Aunque desde el Ejecutivo de PP y Cs han ‘vendido’ la eliminación de 101 entes instrumentales en sus primeros 100 días, la consejera de Empleo, Rocío Blanco (Cs), desgranó que, en realidad, de 87 consorcios, llamados Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), ya se habían extinguido 83 y que su departamento ha firmado únicamente cinco. Es decir, el grueso de entes liquidados corresponde a la reordenación llevada a cabo en 2010 por el Gobierno de José Antonio Griñán. Se habría ordenado la liquidación de 14 entes.

Las distintas comparecencias de miembros del Gobierno andaluz tras la firma del acuerdo de Presupuestos con Vox han ido dando algunas pistas

El tortuoso calvario comenzó el 30 de septiembre de 2012; 31 meses después, el Gobierno andaluz se vio forzado a readmitir a 787 técnicos de empleo con la amenaza de ser acusado de desobediencia judicial y acorralado por la vía penal. Abonó además 65 millones en salarios de tramitación: 70.000 euros al día desde que comenzó el conflicto. Tenían derecho a cobrar aunque no les hubieran dejado realizar su trabajo. El Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y distintos juzgados de lo social en Andalucía advirtieron de que aquellos despidos fueron nulos y que la Junta cayó en “fraude de ley” y “desviación de poder”.

Contrato a contrato

De momento, la Junta cuenta con las 12 auditorías elaboradas por la Intervención general sobre agencias públicas empresariales. Su compromiso es analizar “uno a uno” 9.641 contratos. Desde el Gobierno, aseguran que esta revisión ya ha comenzado. Estos entes se financian con transferencias públicas que suman 2.411 millones de euros anuales y 283 millones se destinan a nóminas. En estos entes trabaja el 34% de toda la administración paralela de la Junta.

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales figura entre las auditadas y, pese a que los informes no le han puesto mala nota, el Gobierno andaluz ya la ha situado en el punto de mira. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, anunció esta semana una “profunda reestructuración” y no descartó despidos. Alega que solo un millón de 24,6 millones presupuestados iba a actividades culturales y que el resto se destinaba a nóminas (18) y gastos de mantenimiento (5).

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Según el proyecto de Ley de Presupuestos para 2019, donde por primera vez se incluye un anexo de personal, el sector público tiene a sueldo a 26.045 personas: 16.499 trabajadores pertenecen a las agencias públicas empresariales, 5.307 a sociedades mercantiles, 4.100 a fundaciones y 139 a consorcios. De los 3.036,5 millones de euros que la Junta transferirá a estas entidades durante 2019, mediante transferencias y subvenciones para mantener su funcionamiento, un tercio (1.073,69 millones) se emplea en gastos de personal, principalmente el pago de sueldos. Estos 26.045 trabajadores se suman a las 250.058 personas que emplea la Junta de Andalucía, entre funcionarios y laborales de las consejerías, profesores, profesionales sanitarios y personal de las distintas sedes judiciales. Un total de 434 puestos se reparten entre altos cargos (218) y asesores (216).