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PRESIÓN EN ANDALUCÍA

Vox salva el Presupuesto desde Madrid tras días agónicos para el Gobierno de PP y Cs

Entre los acuerdos que enumeró alcanzados con el PP, anunció que el Presupuesto de 2020 hablará de "violencia intrafamiliar" y se creará un "órgano de lucha contra la inmigración irregular"

Foto: Juanma Moreno y Juan Bravo, en el Parlamento de Andalucía. (EFE)
Juanma Moreno y Juan Bravo, en el Parlamento de Andalucía. (EFE)

Hasta bien entrada la tarde duró la incertidumbre, el sí pero no. El Gobierno andaluz hasta entonces había evitado mencionar la 'bicha'. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, defendió con énfasis el Presupuesto para 2019 (36.495,5 millones de euros) desde la tribuna de oradores sin mencionar el veto de Vox. El acuerdo estaba "casi" desde el final de la mañana pero Vox quería reservarse el anuncio y controlar los tiempos. El pacto incluye concesiones como asumir el término 'violencia intrafamiliar', la lucha contra la 'inmigración irregular' o la 'reestructuración del sector público'.

Finalmente, Santiago Abascal desde Madrid dio luz verde a un documento de una treintena de puntos. No se sabe exactamente qué cambios se harán en este Presupuesto ni qué compromisos hay firmados para 2020. No existió ninguna transparencia en la negociación. En realidad, no se sabe si se negociaron los números andaluces o los sillones que va a ocupar Vox en los segundos escalones del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Foto: El presidente electo de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, saluda al líder andaluz de Vox. (EFE)

Según pudo saber este periódico de fuentes de Vox, este partido defendió un documento de trabajo que pedía que se desmantele lo que llaman la administración paralela de la Junta donde pedían la eliminación de un centenar de entes públicos que consideran "chiringuitos" y que creen que duplican las competencias que ya hacen las consejerías. "Casi 4.000 millones de euros", sostuvieron. Pusieron ahí el foco y no en otras cuestiones más polémicas, como las políticas de igualdad y violencia de género o la memoria histórica. Sin embargo, desde PP y Cs aseguraron que el documento de trabajo, que este periódico avanzó, "nunca llegó a estar sobre la mesa", convencidos de que todo lo que ha hecho Vox en los últimos días no era más que teatro. Eso sí, todos los reproches a Vox los hicieron en privado, con cuidado de no molestar al tercer socio del Gobierno andaluz.

placeholder Pinche aquí para ver el acuerdo completo de Presupuestos.
Pinche aquí para ver el acuerdo completo de Presupuestos.

El diputado de Vox Alejandro Hernández anunció tras muchos circunloquios que retiraban la enmienda a la totalidad y renovaban "el voto de confianza al Gobierno en su conjunto". Entre los acuerdos que enumeró alcanzados con el PP anunció que el Presupuesto de 2020 hablará de "violencia intrafamiliar", e incluye la creación de un teléfono para atender a estas víctimas. Es un concepto que Vox defiende frente al de violencia de género. Se eliminará la perspectiva de género en las leyes del Gobierno andaluz. Se garantizará que los hijos de los andaluces en Cataluña puedan aprender español y se creará un "órgano de lucha contra la inmigración irregular". Además, dijo el diputado de Vox, "se ha planteado un plan ambicioso y valiente tendente al desmantelamiento de la administración instrumental". El acuerdo pone también límites a las subvenciones de las "mal llamadas asociaciones memorialistas" y una revisión del PFEA, conocido como PER.


"No quiero anticipar nada para no quitar la incertidumbre y la emoción", dijo el diputado de Vox Francisco Serrano al arrancar el pleno. Vox salvó las cuentas y ahorró al Gobierno de PP y Cs un buen revolcón político. Eso sí, lo hizo 'in extremis', en plena negociación de otros gobiernos como el de Madrid, donde Vox y PP tienen un documento firmado con sillones para los de Santiago Abascal en el Gobierno, dejando claro que son ellos lo que mandan, los que tienen la última palabra y los que tienen la sartén por el mango. Desde la capital de España se decidió el Presupuesto andaluz, y eso hacía décadas que no pasaba en el Parlamento autonómico.

"¿Qué, ya tenéis cerrado el Gobierno de Madrid? Hasta que no lo cerréis no terminamos aquí, ¿no?"

Eran casi las cinco de la tarde cuando la socialista Susana Díaz se cruzó por el patio del Parlamento con el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, del PP. Le vaciló con sorna. "¿Qué, ya tenéis cerrado el Gobierno de Madrid? Hasta que no lo cerréis no terminamos aquí, ¿no?", le dijo sonriendo. Bendodo también respondió con una sonrisa. Iba al teléfono. No hacía ni tres horas que se había bajado del AVE.

El consejero de Presidencia acababa de hablar amistosamente con el diputado de Vox Francisco Serrano dentro del pleno. Después informó al portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero. Los gestos eran amistosos. El PP, como en la investidura, asumió el papel de bisagra entre Vox y Cs. Solo hubo una foto, captada entre bromas en la cola del restaurante del Parlamento cuando Juan Marín (Cs) y Francisco Serrano (Vox) acudieron a pagar el menú.

Bendodo pasó en Madrid las últimas horas manteniendo reuniones con Vox "al máximo nivel". No negoció con Santiago Abascal pero sí con Iván Espinosa de los Monteros. Creían que el Presupuesto estaba salvado pero no se atrevían a darlo por hecho, temerosos de que Vox los dejara en ridículo. Hay "flecos", pero no estaban en los números andaluces.

Foto: Pablo Casado, junto a Martínez-Almeida y Díaz Ayuso. (EFE)

Han sido días muy duros para el área del PP en el Gobierno andaluz. El ala de Cs, que se ha resistido a sentarse a la misma mesa que Vox para negociar el Presupuesto, lo ha vivido con mucha más relajación. Se notaron las dos velocidades dentro del Gobierno. El consejero de Hacienda se afanó duramente en las últimas jornadas para salvar unas cuentas que han tenido al equipo económico del Gobierno a plena máquina durante tres meses. Se decidió presentar este Presupuesto cuando en realidad no hacía falta. "Si no sale adelante, la única responsabilidad es de este consejero", señaló Bravo sin eludir culpas.

Se podía continuar con el actual proyecto prorrogado y centrarse en el de 2020, pero el Gobierno quiso refrendar su discurso de cambio y no continuar con las cuentas de Susana Díaz. Su principal mensaje ha sido el de la "estabilidad" que ofrece el nuevo Ejecutivo de PP y Cs, han sostenido por activa y pasiva que gracias al relevo en el poder en Andalucía la economía va mejor, las empresas se interesan más, las multinacionales vienen a invertir porque hay más seguridad. Que Vox hubiera tumbado las cuentas hubiese sido un misil en ese discurso. "Cuando hace unos meses los consejeros de Hacienda y Economía se sentaron con fondos de inversión dedicados a comprar deuda pública, la única pregunta que hicieron fue si Vox iba a aprobar el Presupuesto", admitían desde el Gobierno andaluz. El mensaje que se trasladaba con este proyecto de ley era importante.

Andalucía se ha convertido "en moneda de cambio" para otros territorios de España

El portavoz socialista, Mario Jiménez, lamentó un "espectáculo lamentable" y se preguntó dónde había estado metido el presidente, Juanma Moreno, "en mitad de esta enorme crisis institucional". Denunció que Andalucía se ha convertido "en moneda de cambio" para otros territorios de España. "Han convertido este Parlamento en un circo de tres pistas, en escenario de competición para ver quién es más de derechas, ha sido un sainete", lamentó el portavoz del PSOE andaluz. Desde Adelante Andalucía, el diputado Guzmán Ahumada calificó de "trágico" y "muy triste" lo que había ocurrido con el Presupuesto.

Hasta bien entrada la tarde duró la incertidumbre, el sí pero no. El Gobierno andaluz hasta entonces había evitado mencionar la 'bicha'. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, defendió con énfasis el Presupuesto para 2019 (36.495,5 millones de euros) desde la tribuna de oradores sin mencionar el veto de Vox. El acuerdo estaba "casi" desde el final de la mañana pero Vox quería reservarse el anuncio y controlar los tiempos. El pacto incluye concesiones como asumir el término 'violencia intrafamiliar', la lucha contra la 'inmigración irregular' o la 'reestructuración del sector público'.

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