Cuánto cuesta el cambio: la Junta teme las indemnizaciones de eventuales y directivos

El Gobierno andaluz de PP y Cs toma hoy posesión y automáticamente, según un informe del Gabinete saliente, cesarán un total de 660 cargos de confianza. Son 273 altos cargos y asimilados de empresas públicas, 239 eventuales y 148 contratos de alta dirección del sector instrumental. En total, 660. Es el mayor expediente de regulación de empleo (ERE) en la Junta de Andalucía. Otros 2.137 puestos de libre designación están ocupados por funcionarios de carrera que volverán a sus plazas.

Según este informe oficial, de un total de 268 altos cargos y asimilados, tendrán derecho a una indemnización económica por su cese 14 titulares de consejerías, 100 de viceconsejerías, secretarías generales y direcciones generales, 19 de agencias y ocho de las delegaciones de la Junta. En total, 141 cobrarán, por ley, durante dos años como máximo el 80% del sueldo. Estas cesantías se establecieron en 2005 para compensar que los altos cargos no tienen derecho a paro.

Esas indemnizaciones están descontadas, pero el nuevo Gobierno andaluz teme una oleada de demandas millonarias. Sobre todo de directivos de empresas públicas y eventuales para reclamar su consideración como personal laboral indefinido no fijo y optar a seguir en la Administración con una plaza o cobrar una indemnización por el despido. En estas circunstancias se encuentran, por ejemplo, los 52 profesionales de la Oficina del Portavoz del Gobierno. Cesarán todos menos nueve que ya han sido confirmados para seguir en sus puestos.

Opinión

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Cargos a dedo y de confianza

En este servicio ya se han registrado, según fuentes del Gobierno, 26 reclamaciones previas a la cita en los tribunales. Un paso que ya no es obligatorio pero que enmarcan dentro de una estrategia jurídica. También numerosas peticiones de reducción de jornada por cuidado de menores o dependientes que no son habituales y que también podrían enmarcarse en esa maniobra. Será el despacho Cuatrecasas el que culmine esa demanda colectiva y desde su área laboral advierten de que, aunque en un principio pueda parecer “descabellado” por ser puestos a dedo, hay jurisprudencia que avalaría estas demandas. No hay una relación de puestos de trabajo, RPT, para los periodistas en la Administración andaluza. La única puerta de entrada era como personal de confianza.

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Hay casos previos de demandas de eventuales en la Junta para convertirse en laborales, pero las sentencias son contradictorias. Todo dependerá, admiten desde dentro de la Administración, de si pueden demostrar que a pesar de que son cargos designados a dedo, sin pasar pruebas previas y ni siquiera mirarse oficialmente su cualificación profesional, trabajaban no como asesores sino como laborales, como técnicos, cumpliendo órdenes jerárquicas de sus superiores.

El Gabinete saliente se negó a publicar los datos de los eventuales de la Junta y el Consejo de la Transparencia avaló su negativa

Durante meses se ha solicitado, desde varios medios de comunicación, al Portal de la Transparencia y al Consejo de la Transparencia de Andalucía el listado de eventuales de la Junta de Andalucía y se ha rechazado ofrecer estos perfiles profesionales, amparándose en la Ley de Protección de Datos, pese a que para cualquier otro trabajador público que opte a un concurso, se difunden estos datos.

Altos funcionarios de la Junta niegan que la Junta sea “una cueva de Ali Baba” y aseguran que es una Administración muy profesional y todo es transparente, está auditado y conforme a la ley, “por encima de la media de otras administraciones”. No es fácil, sin embargo, encontrar voces que pongan la mano en el fuego de la misma forma por los entes instrumentales que conforman el sector público o la llamada 'Administración paralela'. En muchas de estas empresas públicas, los directivos cuentan con cláusulas secretas en sus contratos que blindan con indemnizaciones millonarias sus despidos, aseguran fuentes sindicales.

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El nuevo Gobierno no tiene estos datos y teme “el bosque” que hallará en el sector público, donde el Ejecutivo socialista trabajó en la última década, bajo supervisión de la UE y el Ministerio de Hacienda, para poner orden. Por ejemplo, se limitaron los salarios de los directivos a lo que cobra el presidente de la Junta, aunque hay excepciones en la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), y en muchos otros casos esos salarios limitados no computan pluses por antigüedad o complementos regulados en normas anteriores a esa limitación salarial. El presidente, Juan Manuel Moreno, avanzó que encargarán una auditoría de este sector, donde hay más “sombras”, en el próximo Consejo de Gobierno, que se reunirá el sábado. La hará la Cámara de Cuentas.

Reproches de la Cámara de Cuentas

Que el cese de 660 cargos de confianza es el mayor ERE que se ha hecho en la Junta de Andalucía, una Administración con 270.101 empleados, es comprobable. Para poder comparar, basta un informe emitido por la Cámara de Cuentas el pasado 18 de enero. Esta auditoría fiscalizó el gran proceso de reestructuración del sector público en Andalucía desde julio de 2010 a diciembre de 2016, con algunos datos actualizados de 2018. Esa gran reforma del sector público andaluz, que ha supuesto pasar, según este informe, de 353 a 303 entes instrumentales (empresas públicas, sociedades mercantiles, agencias administrativas, fundaciones y consorcios), se tradujo en un ahorro de 40,8 millones de euros, 36,6 millones de euros contando los entes participados mayoritariamente por la Junta. La reducción de personal se limitaría a 81 bajas netas, 61 vinculadas a entes con participación mayoritaria. La auditoría reprocha que no se establecieran mecanismos de control para supervisar esta reestructuración ni evaluar sus resultados.

La gran reestructuración que hizo el anterior Gobierno andaluz durante una década se tradujo en un ahorro de 36 millones y 61 bajas laborales

Esa gran reforma, con un impacto mínimo, se hizo en 2011, en plena crisis, y puso contra la cuerdas al Gobierno, provocó las protestas de miles de funcionarios que salieron a la calle en contra del "decreto de los enchufados", que daba acceso a la Junta de Andalucía como personal laboral a trabajadores de esos entes que desaparecían.

3.950 millones en el sector público

Los presupuestos de explotación y capital de las entidades instrumentales del sector público andaluz en el Presupuesto para 2018 alcanzan un total de 4.355,64 millones de euros, un incremento del 2,53% sobre el ejercicio 2017. Provienen de la Junta de Andalucía 3.950 millones de euros. Aquí se incluyen agencias de Salud, Dependencia o Educación, es decir, servicios sociales, junto a otras muchas y variopintas entidades.

Según un inventario del Gobierno andaluz, que sirve de guía en el traspaso de poderes al nuevo Gabinete, hay 295 entes públicos en Andalucía, 69 forman parte del sector público andaluz y 75 están participados por la Junta. Otros 106 entes públicos no tienen consideración de administración instrumental (universidades, entidades sin ánimo de lucro, asociaciones, Consejo de la Transparencia, Audiovisual...). Se incluyen en el inventario los 77 consorcios de empleo, UTDELT, pendientes de culminar su extinción desde 2012.