la ley de transparencia se aprobó hace un año

Díaz sigue guardando bajo llave los sueldos de los directivos en las empresas públicas

El Gobierno andaluz cumple en el límite del plazo legal con la difusión de una ingente cantidad de datos sobre la administración central pero se resiste a desnudar a sus entes instrumentales

Foto: La presidenta andaluza, Susana Díaz (i) junto al Consejo de Gobierno. (EFE)
La presidenta andaluza, Susana Díaz (i) junto al Consejo de Gobierno. (EFE)

Un año después de que se aprobara la Ley de Transparencia de Andalucía, al límite del plazo legal establecido para que la Junta colgara los datos que desnudan a su administración, el Gobierno sigue sin difundir algunos de los secretos mejor guardados. Entre otros, una cifra total del número de directivos de sus empresas públicas y sus salarios, incluyendo dietas y complementos.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha acuñado como una de sus frases más célebres la promesa de “abrir puertas y ventanas” en la administración como el mejor antídoto contra la corrupción. En el nuevo portal hay un gran avance en lo que se refiere a la administración central pero las puertas y ventanas siguen medio abiertas en la administración paralela. Sólo se difunden los datos de quienes tienen consideración de alto cargo. El resto de empleados vips en agencias, sociedades, fundaciones y consorcios siguen disfrutando de la penumbra. Para cada uno de estos entes aparece una relación de puestos de trabajo (con una plantilla de 27.000 personas) pero no se aclara quiénes en su convenio gozan de los privilegios de la alta dirección.

En la televisión pública de Andalucía se contabilizan un total de cinco directivos cuyo sueldo está por encima del salario de la presidenta Susana Díaz

Las retribuciones declaradas en la web para 245 altos cargos suman 13 millones de euros anuales. Sin embargo, la partida en el presupuesto en el capítulo de gastos de alta dirección de la Junta de Andalucía asciende a 125 millones de euros. Según fuentes de la administración consultadas por El Confidencial, esos 112 millones de euros en el limbo incluirían nóminas de esos otros directivos públicos que no aparecen identificados más dietas y otros gastos que igualmente siguen sin ofrecerse. Se facilitan las nóminas brutas pero no otros complementos salariales (exclusividad o productividad) que se cobran frecuentemente en las empresas públicas. En el apartado de dietas, únicamente figuran las retribuciones mensuales a los altos cargos del Gobierno andaluz por vivienda. La cifra asciende a 57.722 euros cada mes para un total de 64 altos cargos que gozan de esa retribución.

La amnistía salarial de la RTVA

La ley andaluza impide a los directivos y altos cargos cobrar por encima de la asignación anual de la establecida para la presidencia de la Junta (63.808,20 euros mensuales). Hubo una amnistía para la Radio Televisión Pública de Andalucía. En la televisión pública se contabilizan un total de cinco directivos por encima del sueldo de Susana Díaz (dos cobran 78.522 euros anuales y otros tres 73.450), entre ellos su subdirector, Joaquín Durán, en la actualidad el máximo responsable de la cadena. En la radio pública, el jefe de contenidos gana 73.450 euros al año. La directora de Canal Sur Radio, Inés Alba, que sí tiene consideración de alto cargo, también supera el techo legal con 78.522 euros anuales.

Joaquín Durán, subdirector de Canal Sur.
Joaquín Durán, subdirector de Canal Sur.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, se comprometió a que el portal de la transparencia estuviera activo “en plenitud” a partir de las siete de la tarde. Dos horas después de la hora comprometida y tras “problemas técnicos”, el clic que iba a bastar para saber dónde van a parar millones de fondos públicos comenzó a funcionar. Como aperitivo, el Ejecutivo autonómico informó de que cuenta con 196 altos cargos y 42 directivos de máximo nivel (en las web aparecen 245). Estos datos, no obstante, no incluyen a la llamada administración paralela de la Junta, empresas públicas, sociedades, fundaciones y consorcios. También han dado a conocer por primera vez las cifras del personal eventual. Componen este grupo de trabajadores de confianza designados a dedo un total de 222 personas, 76 en gabinetes de las distintas consejerías y otras 147 adscritas a protocolo y la oficina del portavoz, en su mayoría periodistas.

Otro de los datos difundidos se refiere al número de ex altos cargos que cobran cesantías tras dejar su empleo. En 2015, único dato disponible, se han repartido en estas indemnizaciones un total de 126.729 euros en cuantías mensuales. Entre quienes siguen cobrando se sitúan el exvicepresidente Diego Valderas y el exconsejero de Turismo, Rafael Rodríguez, de IU, que se embolsarán 4.186.70 euros al mes durante dos años en cumplimiento de la ley de incompatibilidades. De momento solo puede consultarse la declaración de la renta de la presidenta de la Junta y de su pareja, los documentos de hacienda del resto de su equipo de gobierno no figura aún en la web. La Junta ha comunicado que dispone de 14.589 inmuebles, muchos con consideración de suelo rústico, y 4.086 vehículos, de los que 64 transportan a cargos políticos.

El número de directivos y eventuales en las plantillas del sector público andaluz fue uno de los datos que impidió al PSOE alcanzar un acuerdo con Podemos para la investidura de Susana Díaz. El Gobierno rechazó ofrecer esas cifras estimadas por algunas fuentes no oficiales en unos 400 directivos. El Gobierno andaluz arrancó en 2010, en el cenit de los recortes al presupuesto público, un plan para redimensionar su sector público, la conocida como administración paralela de la Junta. Un entramado de empresas, sociedades, fundaciones y consorcios financiadas con dinero público que disfrutaban hasta ahora de una gran opacidad.

El número de directivos del sector público andaluz fue uno de los datos que impidió al PSOE alcanzar un acuerdo con Podemos para la investidura de Díaz

Durante el primer gran tijeretazo impuesto a las cuentas andaluzas, la Junta impulsó una polémica reordenación. Finalmente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acredita la supresión en los últimos años de 132 entes y una reducción de plantilla de 815 efectivos con un ahorro de 1.537 millones de euros. El inventario de la página de Hacienda de la Junta contabiliza 117 entes instrumentales. Estas supresiones no han estado exentas de polémica. La justicia ha doblado el pulso a la Junta por ejemplo con los 700 despedidos de las unidades de Empleo.

El portal de la transparencia también ofrece otros datos curiosos. En la Junta hay un total de 1.418 liberados sindicales, trabajadores con derecho a no acudir a su puesto. La mayoría en la sanidad (660) y la administración central (505). El resto, forman parte de la plantilla educativa. Respecto a los contratos de publicidad suscritos por la Junta de Andalucía solo se ofrecen los datos que por ley están obligados a publicarse en el BOJA, es decir los contratos de publicidad mayores de 30.000 euros. El portal restringe la información a 2015, año que por la celebración de elecciones tiene la mayoría de sus convocatorias en blanco.  

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