el PP sólo ha conseguido almería y málaga

Diputaciones andaluzas: un botín de 504 millones en personal y 6 en propaganda

El PSOE afianza aún más su poder en Andalucía al frente de seis instituciones provinciales y tras descabalgar al PP de tres gracias a alianzas de la izquierda

Foto: Susana Díaz y Juanma Moreno. (EFE)
Susana Díaz y Juanma Moreno. (EFE)

Las ocho diputaciones provinciales andaluzas suman en 2015 un presupuesto anual de 1.794 millones de euros. Ahora la mayoría de estos recursos quedará en manos del PSOE. La mayor parte de este dinero está destinado a pagar nóminas y a otros gastos corrientes. Las inversiones son lo de menos, según acreditan los presupuestos publicados en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Entre las partidas, destaca la dedicada a publicidad y propaganda, más de seis millones de euros anuales. Las diputaciones andaluzas destinan un total de 504 millones de euros a pagar nóminas. Solo la mitad de este dinero sufraga el salario de funcionarios (204,6 millones de euros). El resto del gasto de personal se lo embolsan quienes se sientan en los órganos de gobierno, el personal directivo, eventuales y laborales. En dietas e indemnizaciones por locomoción se destinan además otros cuatro millones de euros.

El mito de que las Diputaciones son una poderosísima arma política al servicio de los partidos, no solo porque se convierten en una agencia de colocación excepcional sino también porque permiten desplegar importantes brazos propagandísticos, podría confirmarse con estas cifras. Cualquiera de los dos partidos que estarán al frente de las instituciones, PSOE o PP, se rebelan lógicamente ante esta afirmación. Ambos defienden el papel fundamental de las diputaciones en auxilio de los municipios más pequeños y el perfil profesional y técnico de la inmensa mayoría de su personal.

El nuevo mapa político en Andalucía deja bajo mínimos al PP. Si tras las municipales de 2011 se aupó al poder de cinco diputaciones provinciales, un hecho histórico, ahora solo cuenta con la Diputación de Almería y con la de Málaga gracias a una alianza con Ciudadanos, un partido que lleva en su programa política la propuesta de suprimir estas instituciones provinciales con origen en el siglo XIX. El pacto conlleva la supresión de salarios en un 7%, la reducción de asesores y una posible fusión de los municipios más pequeños a la que se oponen frontalmente los socialistas. El PSOE, que gobernaba las diputaciones de Huelva, Cádiz y Sevilla, suma las de Córdoba y Granada gracias a alianzas con distintos partidos de la izquierda.

PP y PSOE defienden el papel fundamental de las diputaciones en auxilio de los municipios pequeños y el perfil profesional de la mayoría de su personal

El ERE al que tendrá que someterse el PP será importante con la pérdida de estas instituciones. De momento, el partido que preside Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía tras las andaluzas ya ha emprendido una serie de ajustes que pasan por no renovar los contratos que se agoten y por un recorte medio del sueldo para su personal en el Parlamento andaluz y el partido del 10%. Pero la verdadera pérdida de poder y recursos llega de la mano de la debacle en ayuntamientos y diputaciones.

El debate político sobre las Diputaciones es tan eterno como el de si debe suprimirse o no el Senado. Casi todos los partidos políticos en algún momento han defendido la reforma de estas instituciones provinciales, pero cuando tocan poder cambian radicalmente el discurso. Ocurrió con el PP cuando las diputaciones eran casi coto privado de los socialistas. Entonces defendían una reforma integral. Cuando los populares ganaron estas instituciones, el debate se silenció. Incluso el Gobierno andaluz se atrevió en 2002 a plantear una ley de comarcas que arrinconaba el papel de las diputaciones a favor de otras fórmulas de cooperación entre municipios más eficaces y modernas. La norma nunca llegó a ver la luz y desató una verdadera tormenta en el PSOE andaluz. Allá por 2003, el actual vicepresidente del Gobierno andaluz, entonces presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Manuel Jiménez Barrios, defendía abiertamente la necesidad de replantear las diputaciones. Hoy no hay ninguna previsión en este sentido en la Junta de Andalucía.

En Andalucía existen además de las ocho instituciones provinciales un total de 89 mancomunidades dedicadas fundamentalmente a fomento del empleo, cultura, deporte y turismo, aguas y recogida de residuos, según la estadística oficial. El solapamiento de funciones es evidente. Las Diputaciones cumplen un papel esencial, sostienen sus defensores, para los municipios más pequeños de la comunidad. Pero el grueso de los servicios que originariamente debían de prestar estas instituciones, como la recogida de basuras o la depuración de aguas, los cumplen actualmente otros organismos públicos. Según el registro central de personal del Ministerio de Hacienda, las diputaciones en España tienen una plantilla de 60.956 personas. La mayoría no son funcionarios. En Andalucía, con datos de julio de 2014, el personal de ayuntamientos y diputaciones sumaban 117.926 personas. El Ministerio de Hacienda no ofrece el dato desagregado para las instituciones provinciales andaluzas.

Nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía con Susana Díaz al frente. (EFE)
Nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía con Susana Díaz al frente. (EFE)

El presupuesto para las ocho diputaciones andaluzas en 2015 es de 1.794 millones de euros, dejando a un lado otras entidades, patronatos, consorcios y empresas adscritas a estas instituciones provinciales, cuyo presupuesto aparece individualizado en el registro del Ministerio de Hacienda. Si es que aparece. Muchos están pendientes de ofrecer datos. Los gastos corrientes se llevan la mayor parte. Nóminas, alquileres, pago de suministros como luz y agua, comunicaciones, estudios y dietas se comen 1.177,4 millones de euros al año. Una cantidad muy similar a la programada en inversiones para toda Andalucía por el Gobierno autonómico en este ejercicio (1.132 millones de euros). Las nóminas son la estrella, con 504 millones. Una cantidad muy importante aunque por debajo del gasto de personal en empresas públicas, agencias, sociedades, fundaciones y consorcios de la Junta, insiste en recordar el Partido Popular, que se llevan del presupuesto autonómico 871 millones de euros.

Seis millones en propaganda

Entre los gastos más controvertidos están los dedicados a publicidad y propaganda. Están ligeramente por encima del millón de euros al año las diputaciones de Almería y Granada. Muy cerca las de Cádiz (849.500 euros), Huelva (819.500 euros) y Málaga (895.257 euros). En la Diputación de Sevilla, con el mayor presupuesto de toda Andalucía (380 millones de euros) la cantidad destinada a propaganda es de 304.644. En Córdoba, la publicidad se llevó 455.960,55 euros. Es complicado, por no decir imposible, conocer el destino exacto de estas partidas. Al menos no figuran en las web de las instituciones ni en los presupuestos colgados en la red.

El presupuesto para las ocho diputaciones en 2015 es de 1.794 millones, dejando a un lado otras entidades, patronatos, consorcios y empresas adscritas

Cualquier asesor confirma que las cantidades van directamente a medios de comunicación locales y provinciales, que tienen en estos ingresos una importante inyección económica en pleno declive del modelo tradicional de negocio. De nuevo, desde las filas de la oposición andaluza animan a contrastar estos datos con la partida de publicidad institucional de la Junta de Andalucía. Una cifra que se hará pública en las próximas semanas de forma oficial en el portal de la transparencia y que fuentes de la administración autonómica elevan a unos 24 millones de euros en 2014, restando las acciones publicitarias y ferias internacionales de turismo (diez millones de euros más, hasta 32).

Con el recién estrenado mapa del poder municipal en Andalucía, el PP pasará de mandar sobre el destino de más de mil millones de euros en presupuestos de las diputaciones a regir sobre la mitad (666 millones). El PSOE seguirá incrementado su cuota de poder en la comunidad con el presupuesto en la mano. Y las diputaciones seguirán ancladas en un modelo del siglo XIX al que nadie a la hora de la verdad se atreve a meterle mano.

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