Susana Díaz endurece el control sobre los nuevos altos cargos de su Gobierno

El Gobierno andaluz prepara hoy una cascada de nombramientos en el segundo escalafón de la Junta. La novedad es que Susana Díaz ha dado una orden directa y expresa para que todos los nombres que pasen a formar parte de su organigrama tengan el visto bueno de su vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios. Se garantiza así una supervisión férrea. La instrucción ha desconcertado dentro de la administración andaluza, aunque fuentes del equipo de Díaz aseguran que no es nada que no haya ocurrido en otras etapas y aseguran que “en estos tiempos” es lógico estrechar el control sobre los nombres que pasarán a formar parte del Ejecutivo autonómico. Si los nuevos partidos piden despolitizar la administración y ascender a funcionarios, no parecen esos los planes en el flamante gabinete de Díaz.

Lo cierto es que hay consejerías en las que ha sorprendido la orden directa llegada desde vicepresidencia. El nuevo Gobierno ha aumentado en dos consejerías, hay 13, y combina los perfiles independientes, como los exrectores de las universidades de Sevilla y Málaga con los fieles políticos y veteranos como Rosa Aguilar. El control se ejercerá particularmente sobre los viceconsejeros, que cada semana en el llamado consejillo mueven los hilos más importantes del Gobierno y deciden los asuntos prioritarios. Susana Díaz se ha garantizado el derecho a veto. No se trata de reforzar los currículums políticos ni de colocar a gente del PSOE, defienden desde el Gobierno andaluz, sino de casar los perfiles políticos y técnicos y buscar a “los mejores”, “gente solvente”, insisten. Además admiten que en estos tiempos, cuando casos de corrupción como los ERE o los cursos de formación han llevado a muchos altos cargos ante el juez, hay que buscar expedientes “inmaculados” y “evitar sorpresas desagradables”.

Desde la Consejería de la Presidencia aseguran que todos los nombramientos los asume el Consejo de Gobierno a propuesta de cada consejero e insisten en que no hay nada nuevo en esta ocasión. Varios departamentos del Ejecutivo desmienten que la selección esté siendo rutinaria y coinciden en señalar que hay una orden política directa que refuerza el control sobre la segunda fila. “Hay más requisitos y se está siendo mucho más exigente”, aseguran. La consigna llama la atención cuando los nuevos partidos, como Podemos o Ciudadanos, llaman a despolitizar la administración y reforzar el trabajo de los funcionarios públicos. Se retorna también en este aspecto al modelo clásico de los gobiernos socialistas de Manuel Chaves, donde el entonces consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, ejercía un control directo sobre todos los nombramientos. Esta fórmula se relajó con el expresidente José Antonio Griñán y vuelve a ser asumida por Díaz.

Pendientes de la reducción del 10% de altos cargos

Esta fue una de las exigencias de Podemos para pactar la investidura de Susana Díaz en un acuerdo que fue imposible cerrar. El partido de Teresa Rodríguez en Andalucía reclamó que solo los consejeros y viceconsejeros fueran designados políticamente y que el resto de cargos fueran ocupados por funcionarios. Exigía además la reducción de altos cargos con un ahorro estimado de 23 millones de euros. Como respuesta, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se comprometió en su investidura a una reducción del 10% de altos cargos que el Gobierno andaluz elude aclarar si se adoptará desde ya y en esta primera tanda de nombramientos.

No es el único compromiso asumido por Díaz, en el pacto firmado con Ciudadanos y que permitió a la socialista ser investida presidenta figura un capítulo de regeneración democrática de la administración y que incluye como compromiso la limitación de cargos de designación al nivel 30 de la administración. Al resto de puestos por debajo de ese nivel, recoge el documento, “se accederá mediante oposición pública y transparente”. La portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Irene Rivera, aseguró que esperan que en los próximos días se constituya la comisión de seguimiento del acuerdo integrada por miembros de su partido junto a los socialistas. Rivera advierte de que Ciudadanos considera que el acuerdo entra en vigor el mismo día que se firmó, es decir el pasado 9 de junio, por lo que confían en que todos los nombramientos que se hagan desde ya en el nuevo Gobierno de Susana Díaz cumplan con los requisitos establecidos. “Si no se romperá el contrato”, advierte laportavoz

El acuerdo entre PSOE y Ciudadanos incluye además la aprobación de una Ley de Buen Gobierno y un Estatuto de Altos Cargos, además se compromete a reforzar las incompatibilidades y evitar las puertas giratorias para los responsables públicas. Todos estos compromisos fueron asumidos por Díaz cuando presentó el pasado abril su programa de gobierno aunque no existe todavía un calendario para cumplir estas promesas.

Según figura en el último Presupuesto andaluz, la partida para alta dirección alcanza los 125 millones de euros y el número de altos cargos dentro de la administración autonómica se eleva a 176, junto a 42 delegados provinciales. Será el próximo 30 de junio cuando el portal de transparencia de la Junta, en cumplimiento de la nueva ley, desvele los directivos en las empresas públicas y arroje luz sobre el organigrama de puestos a dedo dentro de la Junta de Andalucía. Según la norma andaluz, ningún alto cargo en Andalucía puede superar los 63.808 euros anuales fijados como sueldo anual para la presidenta de la Junta. Solo la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) incumple la norma con un convenio específico.