101 entes públicos andaluces, suprimidos en 100 días de Gobierno de PP y Cs

El Gobierno andaluz de PP y Cs continúa con el desmantelamiento de parte del sector público andaluz. El Ejecutivo acordó, en su reunión de este martes, encargar al grupo de trabajo de evaluación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía informes de seguimiento sobre los procedimientos de extinción ya iniciados y de aquellos que se encuentren en situación de inactividad, para encargar a las consejerías a las que estén adscritos su disolución.

Se encuentran actualmente en liquidación o en fase de disolución o extinción el Consorcio Guadalquivir; la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa; la Fundación pública andaluza para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía (Mediara); el Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga (CFCTI); el Consorcio Centro andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible; el Consorcio Centro de Transporte de Mercancías de Málaga; Promonevada SA; Apartahotel Trevenque SA, y la Fundación Rey Fahd Bin Ablulaziz.

Se han detectado en situación de inactividad entidades instrumentales como el Instituto Andaluz de Finanzas y las fundaciones públicas andaluzas Hospital San Rafael, Agregación de Fundaciones de Sevilla, Juan Nepomuceno Rojas y Banco Agrícola José Torrico y López Calero. Estos entes se encuentran sin actividad alguna desde hace varios ejercicios, por lo que se ordenará su extinción o disolución.

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Una vez concluya este proceso, la cantidad que podría revertir en la Junta de Andalucía sería de 276.000 euros, además de un solar valorado en 2,4 millones. En concreto, se recuperarían en cuentas y depósitos bancarios 223.000 euros de la Agregación de Fundaciones de Sevilla y 53.000 de la fundación Hospital San Rafael. El solar corresponde a la fundación Juan Nepomuceno Rojas.

Pacto de gobierno

A finales de abril, el Gobierno andaluz de PP y Cs, que incluyó en su pacto de gobierno la supresión de entes públicos y la reducción de la llamada administración paralela de la Junta, comenzó a dar pasos en este sentido. El primer ente que se cerró fue el Consorcio Guadalquivir, que se constituyó en 2011 con el objetivo de potenciar el turismo en los municipios ribereños del río y cuya presidencia ostentó el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán. El consorcio estaba participado por la Junta, las diputaciones de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía. Su presentación se revistió de gran importancia, se señaló como un motor dinamizador de la economía de estos municipios y se dotó con un presupuesto de dos millones de euros para cuatro años de funcionamiento. El 53% lo aportaba la Junta de Andalucía. Prometieron un gran proyecto turístico que girara sobre el río, la recuperación de senderos, la remodelación de estaciones ferroviarias y una potente oferta de rutas turísticas.

Sin embargo, el nuevo Gobierno solo encontró una actividad vinculada a este consorcio. Según pudo saber El Confidencial, solo aparece una factura registrada para este consorcio: 200.000 euros para pagar su fiesta de inauguración para 500 personas. El contrato, al que tuvo acceso este periódico y que estaba suscrito por la empresa pública Turismo Andaluz con Viajes El Corte Inglés, sirvió para un evento de presentación del proyecto 'Guadalquivir turístico', que se celebró en octubre de 2009 en Sevilla. Oficialmente, se creó dos años después, en 2011.

14 auditorías públicas

El Gobierno andaluz también dio a conocer hace una semana los resultados provisionales de las auditorías realizadas por la Intervención General de la Junta sobre 12 agencias empresariales públicas. Queda pendiente Canal Sur, que está en manos de la Cámara de Cuentas.

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En estas agencias trabajan 9.641 empleados, de los que solo 498 son funcionarios —y la mayoría (468) trabaja en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia—. Estos entes se financian con transferencias públicas que suman 2.411 millones de euros anuales (283 millones se destinan a nóminas). En ellos trabaja el 34% de toda la administración paralela de la Junta.

El primer mensaje del Gobierno andaluz fue que se examinarán “uno a uno” estos 9.000 contratos para decidir qué hacer con estos trabajadores. Tras estudiar las alegaciones que presenten las consejerías, decidirán además si continúan con su actividad o esta pueden asumirla desde el mismo Ejecutivo andaluz.

Reordenación en 2010

Hay que recordar que el Gobierno andaluz, entonces del PSOE, ya llevó a cabo en 2010 un plan de reordenación del sector público que en un lustro permitió pasar de 353 a 303 entes instrumentales, aunque un informe de la Cámara de Cuentas desveló que esto solo supuso reducir 61 empleos públicos, porque el resto de trabajadores fueron "recolocados" en la Administración. El actual Ejecutivo asegura que no son estos sus planes, pero no aclara como procederá y niega también despidos masivos en la Administración autonómica.

En estas grandes cifras se cuenta la "extinción definitiva" de 82 antiguas unidades territoriales de empleo (UTEDLT), cuyo proceso de extinción se inició por el Gobierno del PSOE en 2010, hace nueve años, y que aún seguían pendientes del cierre definitivo por conflictos laborales en los tribunales con los trabajadores. Se abrió un tortuoso calvario judicial que comenzó el 30 de septiembre de 2012: 31 meses después, el Gobierno andaluz se vio forzado a readmitir a 787 técnicos de empleo con la amenaza de ser acusados de desobediencia judicial y acorralados por la vía penal. Deberá abonar además 65 millones en salarios de tramitación, 70.000 euros al día desde que comenzó el conflicto. Estos trabajadores estaban adscritos a las UTEDLT.