La Junta pagaba nóminas de sus ‘embajadas’ en Madrid y Bruselas a través de Idea

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) pagaba las nóminas del personal que la Junta tenía destinado en sus oficinas de Madrid y Bruselas. Es uno de los datos que arroja la auditoría elaborada por la Intervención de la Junta de Andalucía, por encargo del Gobierno de PP y Cs, y que pone en cuestión la eficacia y la necesidad de 12 agencias públicas empresariales que cuentan con 9.641 empleados públicos.

Idea figuró también como pagadora de los ERE fraudulentos, caso pendiente de sentencia de la Audiencia de Sevilla y que sentó en el banquillo a la cúpula del Gobierno socialista durante una década. Actuaba como ‘banco’ librando las subvenciones de los extrabajadores. Esto llevó a abrir otra macrocausa, conocida como ‘caso de las transferencias de financiación’, que trata de delimitar si hubo más consejerías que acudieron a esta agencia pública para pagar subvenciones eludiendo los controles de la Junta de Andalucía. El sumario de esta causa, ahora paralizada en los juzgados sevillanos, recogía una cuantía bajo lupa de 2.915 millones de euros.

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Sin competencias

Ahora, el informe provisional de la Intervención General de la Junta pone de nuevo en entredicho este ente público. “Hay que destacar que el hecho de que la agencia cuenta entre sus actuaciones (...) el mantenimiento de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas y la Oficina de la Junta en Madrid, sobre las que la agencia no tiene competencias, ni en la realización de actividades de dichas oficinas ni en la coordinación de su actividad, limitándose exclusivamente a contratar el personal y sufragar gastos de mantenimiento”. La Delegación de la Junta en Madrid cuenta con cinco personas, y en Bruselas con cuatro.

El informe remarca que Idea, que tiene un presupuesto público de 173 millones de euros, no se creó con un fin definido porque en posteriores estatutos hubo “una enumeración de cometidos, funciones y acciones” que “genera confusión”. Tampoco hay una planificación estratégica que permita evaluar su eficacia o el éxito de su misión. Su papel es la promoción económica de Andalucía.

La auditoría de la Junta revela "importantes debilidades": no hay mecanismos de evaluación para detectar desviaciones

Idea ostenta competencias y funciones, señala la Intervención, que son a la vez de diversas entidades instrumentales del sector público andaluz y de diversas consejerías. Esto favorece, apuntan, “duplicidades” e “ineficiencias”. La agencia, señala la auditoría, presenta “importantes debilidades” en aspectos básicos y no cuenta con un plan estratégico que permita una evaluación. “No hay un mecanismo de evaluación de resultados”, dice el informe, que señala que “este hecho limita la capacidad de la agencia para detectar desviaciones y proponer medidas de corrección”.

Sin catálogo de puestos

La plantilla de Idea cuenta con 330 trabajadores y los gastos de personal anuales ascienden a 16,6 millones de euros. “Se encuentra trabajando actualmente en el desarrollo de una relación de puestos de trabajo, así como en la determinación de las responsabilidades y funciones atribuibles a cada uno de ellos”. El informe considera “relevante” que no exista ese catálogo de puestos de trabajo. No cuenta con personal funcionario.

El examen de la Intervención subraya además que Idea se financia principalmente con transferencias de la Junta y que “al margen de los recursos del Presupuesto de la Junta obtiene ingresos propios sobre todo procedentes de los repartos de dividendos de empresas de su grupo”, entre las que destaca Veiasa, Verificaciones Industriales de Andalucía, encargada de las inspecciones técnicas de vehículos.

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Actualmente, el director de la Agencia Idea con el nuevo Gobierno de PP y Cs es Fernando Casas, que fue director general de Tesorería y de Presupuestos en el Gobierno de Susana Díaz.

Las 585 páginas del informe entregado por la Intervención General de la Junta a la Consejería de Hacienda andaluza sí da una idea de la maraña que es el sector público andaluz. No desvela fraudes ni irregularidades, ni analiza la situación de esta administración paralela desde un punto de vista contable. Se limita a comprobar la eficacia de 12 agencias públicas empresariales, si se ajustan a las funciones para que las que fueron creadas, si su personal es el adecuado y si hay duplicidades con las consejerías de las que dependen. Poco más.

Levantar alfombras

La mayoría de entes no dispone siquiera de un catálogo de puestos de trabajo. Por ejemplo, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, con un presupuesto público de 1.162 millones de euros, no tiene aún esa relación de puestos laborales “ocho años después de su constitución” y cuenta con “una estructura provisional desde 2011”.

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El Gobierno de PP y Cs, que llegó con la promesa de levantar alfombras, aprobó como primera medida una auditoria integral de la Junta tras 37 años ininterrumpidos de gobiernos socialistas en Andalucía. Se han examinado 12 entes públicos donde trabajan 9.641 empleados, solo 498 funcionarios, y la mayoría (468) trabajan en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. Estos entes se financian con transferencias públicas que suman 2.411 millones de euros anuales y 283 millones se destinan a nóminas. En estos entes, trabaja el 34% de toda la administración paralela de la Junta. El primer mensaje del Gobierno andaluz fue que se examinarán “uno a uno” estos 9.000 contratos para decidir qué hacer con estos trabajadores.

Los entes auditados y que suspenden en los parámetros analizados son la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, la Agencia Pública Andaluza de Educación, la Agencia Andaluza de la Energía, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Aprueban dos, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. La Cámara de Cuentas tiene también en marcha una auditoría sobre la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).