La Junta revisa 9.641 contratos públicos: solo el 5% son funcionarios y el 30% titulados

El Gobierno andaluz de PP y Cs presentó este martes el Informe provisional de auditoría de Agencias Públicas Empresariales que se encargó por acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 26 de enero. Se han examinado 12 entes públicos donde trabajan 9.641 empleados, sólo 498 funcionarios y la mayoría (468) trabajan en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia.

Estos entes se financian con transferencias públicas que suman 2.411 millones de euros anuales y 283 millones se destinan a nóminas. En estos entes trabaja el 34% de toda la administración paralela de la Junta.

El primer mensaje del Gobierno andaluz fue que se examinarán “uno a uno” estos 9.000 contratos para decidir qué hacer con estos trabajadores. Tanto el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, como el de Hacienda, Juan Bravo, negaron que se vaya a despedir a todo este personal e insistieron en que hay que estudiar cada caso. El mensaje fue que se actuará para “extinguir, liquidar, fusionar y reducir”. Se devolverán competencias a las consejerías del Gobierno andaluz y se reordenarán los recursos.

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83 empleados son personal con contrato de alta dirección y los titulados superiores representan el 30 % del global de todas las agencias. A lo largo de los tres últimos años, de 2016 a 2018 se puede decir que prácticamente no ha habido variación ni en número de trabajadores ni en gasto de personal.

Niegan despidos masivos

Desde San Telmo, donde aterrizaron con la promesa de "levantar alfombras", insistieron en trasladar que no habrá despidos en bloque pero sí que se analizará uno a uno cada caso. “Si usted es director de un periódico y se encuentra gente que haya entrado por enchufe junto a gente que ha entrado por sus méritos, ¿qué haría? Nuestra responsabilidad es hacer las cosas bien y con los principios de igualdad, mérito y capacidad”, señaló el consejero de Hacienda cuando se le interpeló sobré qué harán con esos empleados públicos que, durante los años en los que el PP estuvo en la oposición, llamaba “enchufados”.

Una vez en el Gobierno el discurso cambia. Ahora aseguran que en esos contratos hay un abanico de supuestos “muy amplio”. “Hay quienes no sólo no han entrado de manera incorrecta sino que en muchos casos están haciendo un gran trabajo pero no nos podemos permitir como Junta de Andalucía que haya personal que no esté trabajando al cien por cien”, insistió el titular de Hacienda. Hay que recordar que el Gobierno andaluz, entonces del PSOE, ya llevó a cabo en 2010 un plan de reordenación del sector público que en un lustro permitió pasar de 353 a 303 entes instrumentales, aunque un informe de la Cámara de Cuentas desveló que esto sólo supuso reducir 61 empleos públicos porque el resto de trabajadores fueron "recolocados" en la administración. El actual Ejecutivo asegura que no son estos sus planes pero no aclara como procederá.

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La realidad es que será un trabajo arduo y difícil y que en muchos casos, admiten desde el Gobierno, si se despidiera a personas colocadas por ser afines al PSOE posiblemente ganarían en los tribunales porque ese no es un motivo para despedir a un trabajador.

Puntos débiles

Los entes auditados son la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, Agencia Pública Andaluza de Educación, Agencia Andaluza de la Energía, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, Agencia Andaluza del Conocimiento, Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. La Cámara de Cuentas tiene también en marcha una auditoria sobre la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

El informe señala que uno de los “puntos débiles” encontrados es que no hay una Relación de Puestos de Trabajo completa y adecuada en las agencias. Se recomienda diseñar ese inventario de puestos de trabajo determinando que características, necesidades y requisitos deben cumplirse en cada puesto de trabajo, qué funciones son atribuibles a cada uno de ellos y qué responsabilidades conllevan. A partir de ahí, la Junta deberá “establecer los mecanismos para la evaluación y valoración del desempeño de cada uno de los puestos de trabajo”.

La auditoría encargada señala que hay “duplicidades” y tareas repetidas entre estos entes públicos y las consejerías del Gobierno. A partir de ahora, un grupo de trabajo se encargará también de revisar y limitar las competencias de las distintas agencias públicas.

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El consejero de Hacienda, Juan Bravo, aseguró, con datos de los informes de control financiero permanente que de forma periódica hace la Intervención de la Junta, que hay entes donde el Gobierno tenía constancia de que no se había aplicado el recorte salarial entre el 5 y el 10% impuesto por ley ante el estallido de la crisis en 2012. Entre esos entes está la Agencia Andaluza de Conocimiento, cuyo empleados públicos no sufrieron recortes. Ese dinero, explicó Bravo, tendrá que ser reintegrado y devuelto a las arcas públicas. Ya con un informe de la Cámara de Cuentas trascendió que en el Servicio Andaluz de Salud había pagado 2,1 millones de euros a pluses a un centenar de sus directivos mientras recortaba la nómina a los profesionales sanitarios.

El Gobierno advierte de que hay entes que no aplicaron los recortes salariales que sufrieron todos los empleados públicos

El informe de los interventores asegura que no deben adscribirse funcionarios “solo por la necesidad de justificar el mantenimiento de estas empresas” y que debe evitarse “la redundancia” tras la creación de nuevos puestos de trabajo. “La adscripción de personal funcionario, de producirse, debe conllevar la supresión de otros análogos”, señala el documento interno del Gobierno andaluz.

Otra de las recomendaciones apuntan a que las agencias públicas empresariales deben cumplir funciones asignadas pero no actuar como “meros actores intermediarios” o “simples brazos ejecutores” de las consejerías, sin aportar “valor añadido”. En esta línea, el grupo de trabajo diseñado por el Gobierno andaluz tendrá también que delimitar y definir claramente las competencias y funciones de las agencias, precisar “competencias exclusivas, compartidas e indistintas” y eliminar duplicidades.

El informe se ha remitido a las distintas consejerías para que hagan alegacionres. Será obligatorio que cada agencia tenga un plan estratégico que establezca fines y metas a corto y medio plazo y que esto sirva para realizar evaluaciones. Además las agencias se abrirán en sus consejos de administración y organos directivos a representantes de organizaciones profesionales. Por ejemplo la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha entrado en la agencia Extenda, de promoción exterior.