Auge y caída del juez que forjó el discurso de Vox contra las 'feminazis'

Francisco Serrano era un juez de familia mediático y conocido en Sevilla mucho antes de ser el candidato de Vox en Andalucía allá por 2015. Entonces utilizó una frase de Luther King, según él mismo dijo aunque en realidad era de Edmund Burke, para explicar a este medio su entrada en política: "Para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada". Tertuliano y columnista en medios como la SER o 'El Correo de Andalucía', se hizo famoso con los casos de Iván y Sara o la niña de Benamaurel, negándose a que las familias biológicas pudieran recuperar a esos menores.

Serrano era mucho más conocido que Santiago Abascal cuando en 2015 su rostro se convirtió en el del candidato del partido de extrema derecha a la presidencia de la Junta de Andalucía. El magistrado en excedencia, que ahora protagoniza una sonada fuga del partido y se queda el escaño del Parlamento andaluz, con lo que cumple con el manual del tránsfuga, ya había lidiado con la Justicia y se presentó en esa guerra como un mártir de las “turbas feministas supremacistas”, de las “feminazis”, de “la ideología de género” y como el defensor de “los padres maltratados”. Vox se aprovechó de su fama y de su discurso contra las feministas.

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Ese ha sido su sello, desde mucho antes de convertirse en diputado y en el rostro de Vox en Andalucía. Hace un año, el partido de Abascal quiso aligerar ese discurso tan agresivo, pero sin duda está en su ADN y en la esencia del ascenso del partido de extrema derecha en España, que tuvo una base importante de votantes en muchos padres separados y descontentos contra la ley integral contra la violencia de género. A ellos se dirigían continuamente en sus orígenes.

El legado del juez

Ese discurso que abrazó Vox y que sirvió para su despegue electoral es obra de Francisco Serrano, contra quien la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha querellado por un presunto fraude de ayudas públicas de 2,5 millones de euros. Nada tiene que ver esta ayuda con la actividad de su despacho de abogados, que sigue funcionando y que el Parlamento andaluz, en una controvertida decisión, le autorizó a tener abierto y compatibilizar con su tarea de diputado. Serrano ha liderado todo tipo de iniciativas contra la violencia de género, una de las más sonadas exigiendo al Gobierno andaluz de PP y Cs la lista de nombres de los trabajadores de las unidades de violencia de género o de las asociaciones que han recibido dinero de las políticas de igualdad. Eso seguía incrementando su fama y el negocio de su bufete.

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La querella que ahora lo aparta del partido nada tiene que ver con esto. Se debe a la participación de Serrano como socio en la empresa Bio Wood Niebla, que iba a montar un negocio de pellet, un combustible de biomasa, para el que pidió al Ministerio de Industria una ayuda de 2,5 millones de euros para la compra de maquinaria. Ese proyecto nunca vio la luz, la fábrica que debía existir en la localidad onubense de Niebla no existe y la Administración tributaria ha exigido ya a los socios la devolución de la subvención más intereses. La ayuda se recibió en 2016. Un año más tarde, Serrano abandonó la sociedad como administrador solidario. Él asegura que vuelve a ser víctima de una conspiración.

El último libro publicado por Serrano, ya como diputado de Vox, resume mucho mejor cuáles eran, hasta ahora, los negocios conocidos del magistrado. 'Guía práctica para padres maltrados. Consejos para sobrevivir a la dictadura de género' es un compendio de recomendaciones e indicaciones para padres y abogados convencidos de que hay que combatir “el virus de género”. Ya antes publicó 'La dictadura de género'. A eso se dedicaba Serrano, con gran éxito económico y largas listas de espera de clientes que querían que fuera el despacho del juez de Vox quien defendiera sus causas contra un estereotipo de mujeres malas y despechadas, mentirosas que inventan denuncias falsas de violencia de género para amargar la vida de sus ex y apartarlos de sus hijos.

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Sueldo, escaño y aforamiento

El Parlamento permitió que Serrano siguiera adelante con su despacho abierto y que compatibilizara el negocio del bufete con el sueldo de diputado, 3.076 euros netos en su última nómina. Lo que seguirá cobrando como diputado no adscrito, menos el complemento de la presidencia del grupo. La decisión de Serrano de quedarse el acta y mantener el escaño no responde a necesidades económicas o de tener un sueldo. Al menos así lo aseguran los que lo conocen. Serrano es juez y tiene plaza en el juzgado de lo penal número 13 de Sevilla. Podría incorporarse cuando quisiera. Si Serrano mantiene el escaño, es para mantener el aforamiento, consideran sus propios compañeros de partido. Vox defiende la supresión de los aforamientos y así se posicionó con PP y Cs en el Parlamento en marzo de 2019. Serrano siempre ha denunciado la “politización” de la Justicia, según su propia experiencia personal como condenado.

Porque no será esta la primera vez que Serrano se enfrenta al Tribunal Superior de Andalucía. En 2009, un total de 22 organizaciones de mujeres pidieron al gobierno de los jueces que le abriera expediente por considerar que actuaba “como altavoz” de los maltratadores. Su peor trago lo vivió en 2011, cuando el alto tribunal andaluz lo condenó a dos años de inhabilitación por actuar de forma “imprudente”. Como juez, atendió la petición del abuelo de un niño de 10 años que solicitó saltarse el régimen de visitas para que el pequeño, en vez de volver con su madre como estaba estipulado, procesionara en la Semana Santa. Ignoró lo que había establecido un juzgado de violencia de género. Con esa ley integral, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, empezaron los problemas de Serrano, juez de familia. Nunca creyó ni apoyó una norma que condenaba, según él mismo, a los hombres “a Guantánamo” solo por ser hombres.

Pendiente de su indemnización

El TSJA inhabilitó a Serrano pero la sentencia del Supremo fue mucho peor. Corrigió al alto tribunal andaluz y elevó la inhabilitación a 10 años por un delito de “prevaricación culposa”. Serrano fue al Tribunal Constitucional con un recurso de amparo y ahí empezó a ganar su batalla. El TC tumbó el fallo en 2016 y volvió a la inhabilitación a dos años. Ya había pasado mucho más tiempo y Serrano, en contra del Consejo General del Poder Judicial y con el visto bueno final del Supremo, se incorporó a su plaza de magistrado. La toga le duró poco. Pidió una excedencia y volvió a su despacho de abogados, que compaginó con su papel en Vox.

Opinión

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Serrano aún tiene pendiente que el Consejo de Ministros se pronuncie sobre la indemnización de 516.635 euros que el CGPJ respaldó en mayo de 2019. Su despacho de abogados va bien e incluso no pierde oportunidades en la pandemia. En abril, se acusó a su bufete de “captar clientes de forma desleal” por la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid. Él se desvinculó de la actividad de su socio.

"Todavía nos quedan 10". La crisis interna de Vox, de la que aún no se conoce su alcance real, preocupa también a los socios de PP y Cs en el Gobierno andaluz. Necesitan sus votos para mantenerse en el poder. Aún queda margen, la izquierda suma 50 diputados y las derechas 57, a solo dos de la mayoría absoluta (55), pero la inestabilidad va a más.

El mutismo de Vox

El mutismo fue ayer total en Vox Andalucía. Desde el grupo parlamentario, remitían a la dirección nacional. La despedida se limitó a un edulcorado comunicado, después de que Serrano anunciara vía Europa Press que se quedaba el escaño, en el que le deseaban “suerte” para defenderse de la querella de la Fiscalía del TSJA. Pero ese apoyo a Serrano, ese mensaje de que respetan que se quede el acta como no adscrito y que hace “lo mejor para el partido”, como él defiende, no es lo que piensan en su antiguo partido, molestos y sorprendidos con la maniobra de su candidato.

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La caída de Serrano se empezó a vislumbrar justo cuando Vox entró por primera vez en las instituciones, con la sorpresa de los 12 diputados en el Parlamento andaluz en diciembre de 2018. Cuando se abrieron las negociaciones con PP y Cs para formar un Gobierno que dejara atrás casi cuatro décadas de socialismo en Andalucía, Serrano fue apartado de las mesas y el mando lo tomó Ortega Smith. Al sevillano no lo dejaban, según él mismo decía cada vez que podía, ni hablar con los medios de comunicación.

La portavocía del grupo le duró solo meses. Justo un año antes de su baja en Vox, en junio de 2019, fue relegado como portavoz y le dieron la presidencia del grupo, un puesto casi honorífico sin foco y sin trato con los medios de comunicación. Vox quiso sacarlo del la primera línea y utilizó como detonante unas declaraciones del diputado contra la sentencia del Supremo por la Manada. El partido anunció medidas disciplinarias si se reafirmaba en esos comentarios. Calificó el fallo como “un torpedo a la heterosexualidad” y llamó al Supremo “turba feminista supremacista”. En unas rocambolescas explicaciones, dijo que fue un colaborador quien escribió esas valoraciones en su perfil de Facebok. Serrano se dio de baja por depresión y en su grupo pensaron que no volvería. Sí que lo hizo, poco antes de las vacaciones parlamentarias, y desde entonces la crisis interna estaba larvada. Nunca aceptó que el partido promocionara al diputado cordobés Alejandro Hernández como el hombre fuerte en Andalucía.

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Meses más tarde, otra diputada de Vox en Andalucía, Luz Belinda Rodríguez, se dio de baja y se convirtió en ‘no adscrita’. Denunció “acoso” de los compañeros de su grupo. Ella verbalizó en muchos corrillos privados con otros compañeros parlamentarios que la suya era solo la primera de una cadena de bajas y abandonos de Vox y aseguró que el siguiente iba a ser Serrano. Dijo que de 12, hasta cinco diputados se marcharían y que la operación estaba cerrada para ajustar cuentas internas. El que fue su partido negó tajantemente esa hoja de ruta. Serrano le ha dado la razón, aunque en esta ocasión hay por medio una querella de la Fiscalía por presunto fraude de subvenciones públicas. Un delito que, de momento, lastra la carrera de quien lleva años denunciando la 'paguita' de las feministas y exigiendo la supresión de organizaciones radicales de mujeres creadas al calor de las subvenciones públicas, según el discurso asumido por el partido de extrema derecha.