El Parlamento con Vox: diputados con negocios y promesa de devolver fondos

"Los de Vox son unos jetas". La afirmación es del coordinador regional de Izquierda Unida. Antonio Maíllo, indignado por la luz verde que ha dado el Parlamento andaluz para que ocho parlamentarios de Vox, cinco de Cs, uno del PP y otro de Adelante Andalucía puedan compatibilizar el escaño con actividades privadas.Con respecto a Adelante Andalucía, fuentes de este partido precisan que el caso de David Moscoso es compatible porque no ejerce de momento actividad, pero que se denegó que pudiera ejercer como profesor en la universidad mientras que al resto sí se les permiten sus negocios privados.

Por primera vez 17 diputados -en la pasada legislatura lo hizo uno-, han pedido poder compatibilizar su actividad privada con sus escaños. Uno de los diputados de Vox renuncia a su sueldo público, sólo cobrará dietas, y mantendrá su nómina como médico en la actividad privada.

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El caso más llamativo ha sido el del juez en excedencia Francisco Serrano. Él, como otros de sus compañeros de filas, podrá mantener su actividad en su despacho de abogados. Siempre sin recibir ingresos. PSOE y Adelante Andalucía, según ha podido saber este periódico, votaron en contra de la resolución adoptada en la comisión del diputado, cuyas deliberaciones tienen carácter secreto y están protegidas.

Serrano, que está especializado en la defensa de "padres maltratados", como indica su último libro publicado, pleitea en casos de divorcios y custodias y pone siempre que puede el altavoz de las supuestas denuncias falsas que se tramitan bajo la ley de violencia de género para defender a sus clientes. Por eso llamó mucho la atención que fuera él quien pidiera expresamente a la Mesa del Parlamento la lista de todos los trabajadores y equipos de violencia de género. Tener esa información en su mano podría estar directamente relacionado con la actividad profesional que ha venido realizando hasta ahora y que podrá mantener en cierta medida, con acuerdo de los letrados de la Cámara andaluza.

"Hay un agujero enorme en la ley electoral que va a permitir que haya gente que se lucre", señaló el portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo. "Cuánto cuesta en propaganda para cualquier bufete de abogados", sostuvo, convencido de que hay "una intencionalidad objetiva de utilizar la proyección de su actividad pública para servirse en favor de sus intereses privados".

Sobre el diputado de Vox Francisco Serrano aseguró que es "un misógino que se dedica a defender a padres entre comillas maltratados y ahora tiene el foco del Parlamento con lucro indirecto". Adelante Andalucía presentará una reforma de la ley electoral, que es "muy laxa con las actividades privadas y muy dura con actividades públicas sobre ser profesor de universidad y parlamentario". "Es una perversión que todos los diputados seamos empleados públicos, pero desde luego hay una vinculación con lucro indirecto que hay que revisar", defendió.

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¿Agujero en las incompatibilidades?

"El tripartito ha venido a forrarse", aseguró el portavoz de Adelante Andalucía. Hay otros casos llamativos, por ejemplo el del diputado de Cs Francisco Carrillo, accionista mayoritario en una empresa de La Fábrica de Discursos. Este diputado explicó que ha recibido luz verde a la compatibilidad no como responsable de esa empresa sino para seguir con su actividad docente, dando clases en cursos y másteres. Sobre el debate abierto en el seno del Parlamento andaluz, Carrillo insistió en que Cs es partidario de abrir el debate pero se preguntó si es positivo que solo se dé entrada en la política a gente sin actividad profesional que viene a "eternizarse" y no abrirla a "los mejores de la sociedad", a gente que tenga una carrera profesional pero venga a desarrollar durante un tiempo determinado un servicio público.

Desde Adelante Andalucía consideran que cuando se reguló la ley para formular las incompatibilidades se pusieron muchas trabas a la docencia porque en ese momento había un 'boom' con los profesores asociados en las universidades, pero ahora han entrado en el Parlamento otros perfiles "de personas que no sólo vienen de la actividad privada sino que son propietarios de empresas, de bufetes, etc y hay un agujero en el debate de incompatibilidades muy grande porque no se valora la proyección que se tiene para generar un lucro indirecto gracias al conocimiento de esas personas". Su oportunidad de negocio, aseguró Maillo, se va a multiplicar. Nunca se pidieron 17 compatibilidades entre 109 diputados.

El diputado de Vox Alejandro Hernández, que figura entre quienes han recibido luz verde para seguir con su bufete de abogados, defendió que la decisión se adoptó conforme a los servicios jurídicos del Parlamento, que presentaron un informe "en consonancia con lo que se ha venido haciendo respecto a las pasadas legislaturas". "No se ha variado en absoluto la política seguida", puntualizó.

El portavoz de Vox aseguró que los parlamentarios que han presentado escritos de compatibilidad han recibido luz verde pero "no van a continuar con su actividad sino para terminar asuntos que estaban iniciados y renunciado al cobro" y a honorarios como abogados. "El día 1 de diciembre todos nos dedicábamos a nuestra actividad privada. Todo ha sido de golpe y porrazo y no podemos dejarlo de la noche a la mañana sin cumplir con nuestros compromisos. No nos van a reportar ningún tipo de retribución. Hemos renunciado expresamente a ella", agregó.

Vox propone suprimir subvenciones públicas

Vox abrió otro debate que sacudirá al Parlamento. Según la información publicada por la Cámara, este partido recibirá una asignación anual de 1,17 millones de euros para el funcionamiento del grupo parlamentario con cargo al Presupuesto de la Cámara en 2019. El PSOE, 3,2 millones; PP, 2,5 millones; Cs, 2,05 millones; y Adelante Andalucía, 1,6 millones. Además, conforme a la ley electoral, a Vox le corresponden 2,8 millones de euros en subvenciones por gastos electorales, que solo cobraran, como el resto de partidos, si pueden acreditar los gastos ante la Cámara de Cuentas durante la campaña electoral.

Pese a que en su programa electoral Vox propone la supresión de subvenciones públicas a los partidos, de momento no devolverán estas cantidades. Sí que se comprometen a pedir una reforma del Reglamento de la Cámara para que puedan devolver "el excedente anual" de las asignaciones como grupo parlamentario.

"Como partido político tenemos un compromiso con nuestros simpatizantes, militantes y afiliados. Queremos que el mensaje del partido llegue al mayor numero de personas posibles y poder competir en igualdad de condiciones, conseguir los mejores resultados posibles, en igualdad con el resto. No renunciamos ni muchísimo menos a que se haga una reforma para que se eliminen esas subvenciones, pero no vamos a renunciar unilateralmente a estas ayudas que nos dejaría en desigualdad de condiciones respecto a nuestros rivales. Todos tenemos que tener las mismas armas", explicó el diputado de Vox Alejandro Hernández. Consideran que estas reformas tienen que plantearse a nivel nacional y presentarán una iniciativa para "que al 50% se puedan reducir esas cantidades". El compromiso público adquirido es que el dinero que no gasten del grupo parlamentario no irá a la caja del partido. Se devolverá al Parlamento.

"Los financian los millonarios de Irán, para qué necesitan las subvenciones públicas", replicó a esa propuesta el portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo. También desde el PP andaluz, José Antonio Nieto coincidió en que es mejor una financiación pública y transparente, con controles que reducen la financiación privada, y no conforme a otros tipos de intereses. Desde Cs, Fran Carrillo se preguntó por qué plantean este debate ahora y no cuando a Vox se le comunicó sus asignaciones. "Es Voxtureo y populismo", zanjó.