Vox silencia ahora a Serrano, pero siempre jaleó su discurso antifeminista

Francisco Serrano fue el candidato de Vox en Andalucía en 2015, cuando el partido cosechó apenas un 0,45% de los votos, unos 18.000. Entonces su figura eclipsaba la marca de un partido que huía a pedradas de mítines improvisados en la calle, sin apenas asistentes. El juez Serrano era ya un personaje muy conocido. Mucho más que Santiago Abascal. Su discurso era también público e idéntico al que ahora mantiene. Vox no podrá decir que las afirmaciones que el otro día volcó en su muro de Facebook a raíz de la condena de La Manada, donde llegó a afirmar que la única relación segura a la luz de esa sentencia era la prostitución, son una novedad.

El partido al que representaba se había valido de su fama y su notoriedad en el discurso contra “la política o la ideología de género”. Aunque ahora marque distancias o se aleje de las posiciones expresadas por Serrano en la sentencia de La Manada, Vox construyó una parte importante de su discurso político, el referido a la violencia de género o el feminismo, aprovechando íntegramente el argumentario del diputado andaluz en esta materia. Se valió de su fama y de su papel de abanderado de los hombres “maltratados” y “castigados” en casos de separaciones y divorcios para ganar votos y proyección pública.

No podrán hacerse ahora los sorprendidos con las afirmaciones del diputado andaluz, que repitió como cabeza de cartel en 2018 y que, sorpresivamente, fue apartado por la cúpula nacional de Vox al arrancar la andadura parlamentaria en Andalucía. Primero se le vetó como portavoz en las negociaciones con PP y Cs para la investidura. Si un medio pedía hablar con Serrano, él mismo dejaba claro que estaría encantando pero que Madrid había decidido tomar las riendas. Lo silenciaron. Sus afirmaciones ante las protestas feministas a las puertas del Parlamento cuando se constituyó el legislativo coincidieron con la decisión de Vox de pasarlo a segunda fila. El partido no quería basar toda la negociación de la investidura en la ley de violencia de género, de carácter estatal y que finalmente desapareció del acuerdo sellado con el PP. No obstante, la derogación de esa ley continuó vigente en el programa de las generales. Un documento sellado en Vistalegre donde se recogían asuntos como el rechazo al aborto cubierto por la sanidad pública, las listas paritarias de los partidos y la supresión de “organismos feministas radicales subvencionados”.

TE PUEDE INTERESAR

"Las ayudas no acaban en las maltratadas sino en programas para el mapa del clítoris"

Isabel Morillo. Sevilla Vídeo y fotos: Fernando Ruso

La estrategia se materializaría con el relevo de Serrano como portavoz parlamentario y con su designación como presidente del grupo. Un cargo ‘honorífico’ sin contacto con los medios de comunicación. No obstante, su protagonismo siguió vigente por su cruzada contra los trabajadores de las unidades de violencia de género. Sus declaraciones seguían tensando la cuerda con PP y Cs pese a que Vox quería imponer otro rumbo.

Vox eligió a un abogado cordobés, Alejandro Hernández, como rostro en Andalucía. Él, afiliado en 2016, ha asumido íntegramente el protagonismo en la última gran negociación con el Gobierno de PP y Cs, la del presupuesto. Salió al paso de las valoraciones de Serrano sobre La Manada para marcar distancias y dejar claro que la posición oficial es la que él, como portavoz, fijaba en sus redes sociales: respeto a las decisiones judiciales.

Condena del Supremo

Cuando Vox fichó al juez, Serrano había alcanzado una gran notoriedad tras ser expulsado de la carrera judicial con una condena de prevaricación culposa. Antes ya se le conocía como un juez díscolo por enfrentarse al Poder Judicial en casos de niños que debían volver con sus padres biológicos, a lo que él se negaba asegurando que debían permanecer con sus familias adoptivas. Fueron los casos de Iván y Sara o del niño de Benamaurel, que recuerdan aún en la Audiencia de Sevilla.

Pero su gran problema le sobrevino cuando se le acusó de beneficiar a un padre en un caso de custodia tras una separación. Se saltó lo establecido y decidió que el niño, a petición del abuelo, podía salir en una procesión de Semana Santa. Lo más llamativo de aquel caso, que llegó a ser muy mediático, es que el juez se presentó como una víctima de lo que llama, lo repitió el otro día al referirse a la sentencia por violación de una chica en Pamplona, “turba feminista supremacista”. No era la primera vez que usaba esos términos.

Cuando Vox fichó al juez Serrano, había alcanzado una importante notoriedad tras ser expulsado de la carrera judicial con una condena de prevaricación

Sin embargo, no fueron las feministas sino el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía quien tomó la decisión en 2011. Se le condenó a dos años de inhabilitación por haber actuado de forma “imprudente”. No dolosa, es decir, no se le atribuyó mala intención. Se le reprochó especialmente que hubiera ignorado las medidas impuestas por un juzgado de violencia contra la mujer al decidir que el menor prorrogara las vacaciones con su padre.

Entonces ya Serrano consideró que esa sentencia, como ahora la de La Manada, estaba dictada por la presión mediática, pero su verdadera guerra sería contra el Supremo, contra el que ahora se revuelve. De aquellos polvos, estos lodos. El alto tribunal corrigió al TSJA y elevó la condena de dos años a 10 de inhabilitación. Vio intención y no solo imprudencia.

Indemnización pendiente

En 2016, el Constitucional tumbó ese fallo tras un recurso de amparo del magistrado. Corrigió al Supremo y volvió a los dos años de condena dictados por el TSJA. Ya se habían cumplido con creces, así que el ahora diputado de Vox pudo reingresar en la carrera judicial. Antes superó otro obstáculo, el Consejo General del Poder Judicial le denegó la reincorporación y fue finalmente el Supremo quien decretó su vuelta, en noviembre de 2017, a un juzgado de Badalona.

Serrano anunció que se iba “a poner la toga para que le hicieran muchas fotos” pero que pediría la excedencia para volver a su despacho de abogados. Justo después saltó a la política. Su bufete iba muy bien, era un lucrativo negocio como abanderado de padres en casos de divorcio. Hoy, pese a su condición de diputado, sigue abierto. El Parlamento consideró que era compatible siempre que él no tuviera la titularidad. Tras ganar en el Constitucional, reclamó al Ministerio de Justicia una indemnización por los daños a su carrera, 516.635 euros, que el pasado mayo el Consejo General del Poder Judicial respaldó.

La ley y Guantánamo

El discurso de Serrano se radicalizó tras su expulsión de la carrera judicial. Lo vivió como una guerra contra su persona de las asociaciones feministas. Aún hoy se sigue presentando como víctima de un linchamiento, convencido de que esas mujeres van en su contra por su cruzada contra sus “chiringuitos”. Pero siempre ha mantenido afirmaciones como que la violencia de género condenaba "a los hombres a Guantánamo".

Antes incluso de esa inhabilitación, Serrano ya había creado un personaje, muy mediático, que aún hoy sigue desbordando a Vox, a pesar de que el partido basó buena parte de su crecimiento electoral en los argumentos del juez a favor de padres separados y en contra de la Ley de Violencia de Género. En 2010, hace ya casi una década, Serrano presentó una Plataforma Ciudadana por la Igualdad, para denunciar la Ley de Violencia de Género. Se había convertido en su gran lucha como juez de familia. Nunca compartió la creación de juzgados especializados.

Antes de su inhabilitación, Serrano ya se había creado un personaje muy mediático que, a día de hoy, todavía sigue desbordando a Vox y su aparato

Ya hace 10 años, Serrano era conocido por sostener exactamente lo mismo que ahora. “El problema es que una discusión de pareja, en condiciones de igualdad, se considera maltrato por parte del varón, y se anima a que ello se denuncie”, dijo argumentando que había un número importante de denuncias falsas. Ante los números del Consejo General del Poder Judicial sostenía que, de ser verdad: “Casi todos los ciudadanos están pegando a casi todas las ciudadanas durante casi todo el día”. Estaba ya convencido de que las subvenciones estaban “viciadas” por darse en función del número de denuncias, sostenía que “unas 130.000 personas en España” vivían de la “política de género” y hablaba de “efecto llamada”. Si Vox se muestra extrañado de sus últimas afirmaciones, que han desaparecido de su muro de Facebook, a él se entregaron en su momento pensando en su tirón electoral. Asumieron gran parte de su impronta ideológica contra lo que llaman “feminazis”.