"LAMENTABLE" EN UN JUEZ DE CARRERA

La Manada: malestar en el Supremo por la "impresentable" opinión del juez de Vox

"Es impresentable", dicen algunos, mientras otros manifiestan desconcierto y "perplejidad" ante la valoración de Serrano

Foto: Francisco Serrano. (EFE)
Francisco Serrano. (EFE)

Han pasado poco más de tres días tras el fallo del Supremo sobre La Manada y el eco de las valoraciones tras la resolución aún resuena en los pasillos del alto tribunal. Una de ellas se escucha sin ninguna duda con más fuerza, la de Francisco Serrano, presidente de Vox en el Parlamento de Andalucía. Sus palabras durante el fin de semana, tras hacerse público el sentido de la resolución que eleva hasta los 15 años la condena y modifica el abuso de la primera instancia hasta la violación continuada, han provocado un hondo malestar entre los magistrados, que no dan crédito a que una opinión tan "lamentable" proceda de un juez de carrera.

En un comentario en su página de Facebook, Serrano aseguró que la sentencia le parece "gravísima" y "dictada por la turba supremacista feminista". Añadía consideraciones como que "un gatillazo" o "no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer" puede ahora terminar "con el impotente en prisión". "Es un torpedo directo contra la heterosexualidad y las relaciones libres entre hombres y mujeres", decía el de Vox, que acaba defendiendo que, a partir de la decisión judicial, "la relación más segura entre un hombre y una mujer será únicamente a través de la prostitución".

La Manada: malestar en el Supremo por la "impresentable" opinión del juez de Vox

La crítica a esta interpretación, unánime en la arena política, donde incluso su propia formación ha tratado de minimizar el impacto de la valoración, se ha producido también en el terreno jurídico. No se puede hablar de indignación, dicen algunos, porque la persona de la que parten estas palabras no tiene la entidad suficiente como para provocarla, pero sí de hartazgo y rechazo.

"Es impresentable", asegura una de las fuentes jurídicas preguntadas por este diario. Otros las acogen con desconcierto y se refieren a que, si bien la crítica es siempre lícita, un juez debe conocer que la forma de combatir o rebatir criterios que no se comparten parte de la exposición de argumentos jurídicos. Para otros de los magistrados, la sensación tras el comentario en la red social es de "perplejidad".

El presidente andaluz de Vox insistió este lunes en que su valoración es una "opinión personal" y no piensa retirarla

Lejos de esta visión, el presidente andaluz de Vox insistió este lunes en que su valoración es una "opinión personal" y no piensa retirarla. En la misma línea se pronunció la formación que dirige Santiago Abascal. El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, limitó las declaraciones a "un comentario personal que no tiene nada que ver con la línea" de la formación y descartó medida alguna contra Serrano, porque "no es algo que se esté contemplando en el partido", y ha reconocido no haber tenido ninguna conversación con Serrano durante el fin de semana, pero ha dicho que imagina que este lo habrá hecho con "alguien del partido".

Su condena en 2012

Al margen del alcance de la opinión y de si es personal o no lo es, hay un hecho incontestable. El Supremo elevó en 2012 de dos a 10 años de inhabilitación la condena al juez por actuar de manera "negligente" al cambiar el régimen de visitas de un niño para que fuera con su padre a una procesión. Consideró a Serrano autor de un delito de prevaricación después de que acordara en marzo de 2010 cambiar el régimen de visitas de un menor de 12 años. Aquella resolución fue ponencia del magistrado Andrés Martínez Arrieta, que presidió también el tribunal que decidió el pasado viernes sobre La Manada.

La decisión fue posteriormente enmendada por el Constitucional, que redujo de nuevo la pena a dos años, la decisión inicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Curiosamente, el presidente de Vox en Andalucía ha recibido recientemente un capote del alto tribunal. Fue el Supremo quien tumbó, por ser contrario a derecho, un acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en el que se rechazaba su reingreso en la carrera judicial una vez cumplida la condena. Le abrió así la puerta a acceder a una plaza de juez si así lo deseaba.

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