corrupción en andalucía

El golpe judicial de los ERE agrava el bloqueo político y la crisis interna del PSOE

La petición de seis años de cárcel para el expresidente Griñán por un delito continuado de malversación consterna al partido y debilita las voces que piden un paso atrás de Rajoy

Foto: El expresidente de la Junta José Antonio Griñán, antes de comparecer ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz. (EFE)
El expresidente de la Junta José Antonio Griñán, antes de comparecer ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz. (EFE)

Nunca hubiera sido un buen momento pero el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, la petición de seis años de cárcel para el expresidente José Antonio Griñán y de diez de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por el caso ERE acaba de completar el negro cuadro político que se pinta en España. El peor mazazo ha sido para Griñán, a quien toda la oposición de los socialistas, salió rauda a señalar como padre político de Susana Díaz.

En plena polémica de Rita Barberá, cuando la veterana militante del PP se aferra a su escaño en el Senado pese a su imputación por financiación ilegal de su partido y pone en serios apuros a Mariano Rajoy, el caso de los ERE con toda su crudeza irrumpe en escena. Los socialistas andaluces subrayaron esa coincidencia, dando a entender que el ministerio público había actuado siguiendo órdenes políticas. Como daños colaterales de este golpe judicial se agrava la fractura interna del PSOE, se debilita las posiciones de los críticos de Pedro Sánchez que piden la cabeza de Rajoy a cambio de una abstención y se complica un posible desbloqueo político para evitar terceras elecciones. "Si el plan era pedir un paso atrás de Rajoy para abrir el debate de la abstención ya se sabe que va a responder el PP, este auto es lo que necesitaban", admite una voz cualificada del partido. Sin contraprestaciones, admiten, abordar ese debate va a ser muy difícil. En el PSOE algunos creen que este último revés judicial debilitará a Susana Díaz en la disputa interna. Otros, se afanan por dejar claro que nada tiene que ver y marcar distancias entre los ERE y los casos de corrupción por financiación ilegal que esperan al PP este otoño.

El golpe judicial de los ERE agrava el bloqueo político y la crisis interna del PSOE

El peor parado es, sin duda, el expresidente José Antonio Griñán, quien enfrenta 30 años de inhabilitación y una pena de seis años de cárcel tras su imputación por malversación de fondos públicos además de prevaricación administrativa, delito castigado sólo con inhabilitación. El juez instructor de la pieza política, Álvaro Martín, ya sorprendió en su auto de procesamiento el pasado junio añadiendo este delito a lo redactado por el Tribunal Supremo. La malversación se apoya en los quince avisos de la Intervención que recibió como consejero de Economía, cargo que ocupó de 2004 a 2009, y en las 22 ampliaciones presupuestarias autorizadas para cubrir el fondo de las ayudas sociolaborales. Ninguno de los avisos de la Intervención alertó de menoscabo de fondos públicos pero sí se irregularidades administrativas. De hecho, sobre el exinterventor general, Manuel Gómez, también planea un delito continuado de malversación. El Ministerio Público pide además a todos ellos que afronten una indemnización que supera los 741 millones de euros..

Contrario al Supremo

Fuentes cercanas a Griñán admitieron que está “hundido” tras este último revés pero se mostraron convencidos de que el expresidente saldrá airoso del último trance judicial. Recuerdan que el auto del Supremo descartó la malversación “por no existir datos indiciarios incriminatorios” pues “no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales públicos para las ayudas/subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas”. El expresidente dejó su escaño en el Senado en junio de 2015 antes de su imputación formal y tras prestar declaración ante el juez del Supremo. Chaves renunció a su acta de diputado, como quien fue su mano derecha, el exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, dos semanas después. Además se dieron de baja como militantes del PSOE en el momento en que se señaló la apertura de juicio oral, un año más tarde, el pasado junio.

Anticorrupción no sólo es dura contra Griñán, para quién mete en el mismo saco y pide penas muy similares a las de otros exconsejeros como Antonio Fernández y José Antonio Viera, o del director general, Francisco Javier Guerrero, en la génesis del sistema organizado para repartir 854 millones de dinero público durante una década con ausencia de controles y de forma discrecional. Para estos últimos nombres la petición de pena de cárcel se eleva a ocho años.

Una vez difundido el duro escrito de la Fiscalía Anticorrupción el PSOE andaluz emitió un comunicado en el que dejaba clara su confianza en la inocencia y honestidad de los expresidentes y mostraba su “sorpresa” por la fecha elegida por la Fiscalía aunque tenía de plazo hasta el 15 de octubre. Fuentes del ministerio público aclararon que el escrito ya estaba realizado porque el plazo de prorrogó hace pocos días y realmente la fecha tope expiraba este martes. La oposición política en Andalucía reaccionó poniendo de manifiesto la relación de Susana Díaz con sus mentores políticos, exigiendo a la presidenta que pida perdón a los andaluces y celebrando un escrito de acusación demoledor que creen que acaba con años de “impunidad” y con una manera de hacer política del PSOE en Andalucía. El PP insistió además en reclamar a los socialistas y a Pedro Sánchez que deje de utilizar la corrupción como “excusa” para bloquear la formación de gobierno.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, y José Antonio Griñán. (EFE)
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, y José Antonio Griñán. (EFE)

Tras el escrito de Anticorrupción se da un paso más hacia el primer juicio que se celebrara por el caso ERE después de un lustro de instrucción judicial. Esta pieza política, con 26 imputados, pone contra las cuerdas una década de gestión y sienta en el banquillo a los principales puntales del socialismo en Andalucía y en el país, porque Chaves y Griñán ejercieron como ministros y presidentes del PSOE. La gestión del caso de los ERE siempre ha sacudido internamente al partido. Supuso la ruptura de años de amistad de los expresidentes, dividió al PSOE andaluz en dos bandos que siguen manteniendo serias diferencias pese a la llegada de Susana Díaz y además agravó las tensiones con Ferraz y Pedro Sánchez por la gestión de este episodio de corrupción que ha marcado un antes y un después en la vida del partido.

Todos los fantasmas internos volvieron a sacudirse con el escrito de la Fiscalía. Son muchos dentro del PSOE los que opinan que José Antonio Griñán fue una pieza clave en los últimos años del partido. En contra del criterio de Ferraz y de Alfredo Pérez Rubalcaba, Griñán se negó a adelantar las elecciones andaluzas de 2012 y logró así mantener a salvo el Gobierno de Andalucía en plena debacle socialista. Además, en 2013 dimitió como presidente de la Junta de Andalucía y abrió paso a la renovación con Susana Díaz. Aunque nunca entonces lo admitió, su renuncia estaba relacionada con los ERE y fue una decisión con la que trató de evitar que el partido pagase un precio político mayor. La salida de Manuel Chaves en 2009, tras 19 años en la presidencia de la Junta, le ahorró tener que estar al frente cuando estalló el caso en los tribunales, aunque en la década bajo sospecha era presidente. Ambos, ya jubilados y retirados de la vida pública, vuelven a ser protagonistas de la encrucijada política española muy a su pesar.

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