Susana Díaz descarga en Ferraz la herencia de Chaves y Griñán con los ERE

Susana Díaz había repetido en muchas ocasiones que ella misma llamaría a los expresidentes de la Junta de Andalucía para exigirles su renuncia si llegaba una imputación firme del Supremo por el caso ERE. No le ha hecho falta. Se lo han puesto fácil. Uno, José Antonio Griñán, ya había dimitido y el otro, Manuel Chaves, no pensaba forcejear con su partido. Había una salida pactada en caso de que el Alto Tribunal confirmara las imputaciones y se puso en marcha sin problemas.

Tanto Díaz como Pedro Sánchez se han ahorrado el trago de salir públicamente a pedir la entrega de los escaños. Todos los imputados, también los dimitidos Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, que suma al de prevaricación administrativa de sus compañeros el delito de malversación de fondos públicos, se mantendrán como militantes socialistas y no se contempla su suspensión cautelar. Los estatutos del partido y el último código ético fijan esta decisión cuando se abra juicio oral. “Es un gesto que les honra”, señaló el secretario de Organización, César Luena, al anunciar la entrega del acta de los imputados.

El discurso implacable que entonó en noviembre de 2014 Susana Díaz se fue matizando y diluyendo en los últimos meses. Después de que el Alto Tribunal citara a Chaves y Griñán a declarar en calidad de imputados, Díaz alegó que lo habían pedido voluntariamente, que no había inculpación de delitos y que no era el momento. Después, empezó a deslizar que sería Ferraz quien tenía que tomar una decisión. Solo cuando vio bloqueada su investidura volvió a presumir de que su mayor patrimonio era su palabra y que exigiría las dimisiones si el juez instructor pedía el suplicatorio a las Cortes. Así logró el apoyo de Ciudadanos.

Los expresidentes llevan meses borrados de cualquier acto público del PSOE andaluz y la presidenta. Tanto la líder andaluza como el secretario general del PSOE eludieron dar la cara el día de la imputación firme de los expresidentes y exconsejeros. En el equipo de la presidenta de la Junta emplazan a preguntar en una convocatoria, en una visita a una residencia de ancianos, en la que atenderá este viernes a los medios de comunicación.

Díaz ya desveló sus cartas cuando respondió meses atrás en los pasillos del Parlamento andaluz a un grupo de periodistas que era la dirección federal quien debía asumir el duro trago de tomar decisiones por el caso ERE. “Eso Ferraz, eso Ferraz”, deslizó. Quiso pasarse a la retaguardia. Sabe del desgaste político y personal de poner cara al que es uno de los mayores casos de corrupción juzgados en España. Tiene difícil escabullirse de la herencia de sus antecesores inmediatos. Pedro Sánchez siempre anduvo un paso por detrás en este asunto hasta que Díaz asumió públicamente que pediría las dimisiones de la excúpula del PSOE andaluz. El día de autos ambos coincidieron en su postura política.

El pacto inicial pasaba por entregar las actas tras elevar recurso al Alto Tribunal

Ferraz acudió a la política de hechos consumados. El número dos, César Luena, dio por hecha las dimisiones de los imputados. Fuentes socialistas confirman que en las últimas semanas se había escrito cuál sería la hoja de ruta a seguir. Hay discrepancias sobre si el anuncio del secretario de Organización responde o no a lo que se había acordado internamente. Algunos de los afectados aseguran que se habló de entregar las actas tras presentar recurso al Supremo por sus imputaciones y siempre que el Alto Tribunal no modificara su posición. Lo cierto es que ninguno de los inculpados seguirá en su escaño. Griñán ya formalizó su renuncia la semana pasada y el resto de afectados no ha puesto resistencias, al menos que hayan trascendido públicamente.

Ferraz no carga las tintas contra el PSOE andaluz. Aseguran que todo estaba acordado previamente. La imputación de dos pesos pesados como Chaves y Griñán, junto a Zarrías y Viera, ha sido un mazazo interno muy importante aunque esta hipótesis había sido barajada como posible. Aún así y a pesar de que en las últimas semanas ya se había trazado un plan político para el peor de los casos, los dirigentes socialistas no ocultaban que el trance era muy doloroso.

Desde Andalucía, el secretario de Organización, Juan Cornejo, despachó en una escueta nota la dimisión de quienes suman 23 años en la presidencia de la Junta de Andalucía. Con menos explicaciones de las brindadas para casos de mucha menor envergadura, el número dos se limitó a certificar que las actas de los imputados se habían puesto a disposición del partido “tal y como ha informado el secretario de Organización federal, César Luena”. Las declaraciones de éste se realizaron en los pasillos del Congreso. El PSOE andaluz dio así por cumplido su compromiso de mover ficha en caso de la inculpación de Chaves y Griñán.

En círculos socialistas, sobre todo entre la vieja guardia y afines a los expresidentes, sorprendió el tono gélido e impersonal de la breve nota de los socialistas andaluces. Muchos lamentaban en privado que se liquidara con esa frialdad un escrito judicial que pone en cuestión y bajo sospecha “más de dos décadas de autogobierno en Andalucía”.

Los imputados podrían volver a manos de Alaya

Ahora queda por resolver si la pérdida del aforamiento en bloque de todos los imputados permitirá al Supremo seguir instruyendo la causa o si en este caso, volverá al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y a la magistrada Mercedes Alaya, que seguirá unos meses de forma interina. Tampoco está claro si la macrocausa quedará dividida o permenecerá inescindible en piezas como hasta ahora ha defendido su instructora. En el auto del Supremo se da por hecho que Griñán, en contra de lo que había solicitado, seguirá siendo procesado en el Alto Tribunal para no abrir diferencias con el resto de imputados. Queda por ver si esta doctrina permanece después de que todos los inculpados en bloque hayan perdido el aforamiento.

Ciudadanos y Partido Popular protagonizaron una disputa pública en Twitter para arrogarse las dimisiones de los expresidentes:

Ciudadanos se apresuró a anunciar en Andalucía que la dimisión de los expresidentes había frenado una moción de censura contra Susana Díaz que planeaban si no se cumplía el compromiso de que entregaran sus escaños. El PP habló de la “crónica de una imputación anunciada” y advirtió de que “ se va a sentar en el banquillo más de una década de gestión socialista en la Junta”. Acusó a Díaz y Sánchez de “tapar la corrupción” y exigió la comparecencia inmediata para dar explicaciones de la presidenta de la Junta. En esto coincidió Podemos, cuya dirigente andaluza, Teresa Rodríguez, advirtió de que la impunidad se acabará cuando se devuelva lo robado a las arcas públicas.