2016: el año clave para resolver el caso ERE tras cinco años del inicio de la instrucción

El 19 de enero de 2011 arrancó la instrucción de los ERE por parte de Mercedes Alaya, la todopoderosa juez que inició las diligencias previas 174/2011 en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Cinco años después, no hay ni una sola de las ramificaciones del caso cerrada. No hay fecha de ningún juicio –ni se espera este año–, la trama alcanza ya a más de 200 imputados y se desconoce de modo exacto la cantidad defraudada, fijada en principio en 695 millones de euros, según escrito del juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro.

Las incógnitas de la instrucción, ahora dirigida por la magistrada María Ángeles Núñez Bolaños, que asumió el año pasado la capitanía de la causa tras el ascenso de Alaya a la Audiencia Provincial de Sevilla, y su juez de refuerzo, Álvaro Martín, continúan en este inicio de 2016 marcado por la posible prescripción de los presuntos delitos de personas investigadas, como ya alertó la Fiscalía Anticorrupción en los casos de Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio y Francisco Vallejo, exconsejeros de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El juzgado también tendrá que tomar declaración a Braulio Medel, presidente de Unicaja, por su participación en los consejos de la agencia IDEA.

¿Y las responsabilidades civiles?

Eso sí, el caso ha tenido consecuencias políticas con la retirada de la primera línea política de Chaves y Griñán, quienes tuvieron que declarar en el Tribunal Supremo como imputados y lo podrían hacer este año en el juzgado sevillano. Fuentes jurídicas próximas al caso destacan que rechazarán ofrecer más explicaciones ante el magistrado Martín. Junto a los expresidentes está previsto que declaren 52 exaltos cargos al presumir “la posible existencia de un delito continuado de prevaricación”. Esta pieza juzgará los hechos “relativos a la participación activa y consciente en el diseño y puesta en marcha del procedimiento específico” que permitió durante una década el reparto de estas ayudas.

Una de las claves que tendrán que afrontar en la instrucción es si los prejubilados forman parte o no de la trama, esto es, las responsabilidades civiles. “Si se saca fuera del caso a los prejubilados del fraude el asunto estaría resuelto enseguida y se podría avanzar mucho”, expone a este diario Carlos Leal, abogado sevillano, acusado de ocho delitos por Alaya, quien desmontó la instrucción de los ERE el pasado mes de julio en El Confidencial.

Recuerda Leal que si la instrucción hubiera analizado el Estatuto de los Trabajadores y la Orden del 5 abril de 1995 del Ministerio de Trabajo, “habría entendido cómo funciona el sistema de prejubilaciones y este asunto no hubiera llegado a ningún sitio porque estaba claro que todos los trabajadores tenían derecho a esas ayudas”. La orden contenía un apartado inédito en la normativa de 1994: las ayudas a la reestructuración de empresas. También recuerda que la Intervención General del Estado “nunca puso pega” al pago de estas prejubilaciones.

La Junta de Andalucía también le ha dado la razón a Leal. Ha reconocido la legalidad de las ayudas sociolaborales y afirma que no existe perjuicio al erario público. Para el abogado resulta “absurdo”. ¿Y el PP? “Han estado cuatro años diciendo que había que recuperar el dinero de los ERE, pero no querían. Les interesaba mantener la ficción de los 855 millones y no decirles que ese dinero lo tienen los prejubilados y ocultarlos conscientemente a la opinión pública. Han vendido una mentira”.

La actitud "pasiva" de Anticorrupción

Fuentes jurídicas próximas al caso lamentan cómo la Fiscalía Anticorrupción lleva unos meses con una actitud “pasiva” ante este caso. “Creemos que se han percatado del error al denegar el levantamiento de fianzas”, destacan estas mismas fuentes, que insisten en la necesidad de contar con más funcionarios para agilizar la instrucción ralentizada tras el interés de Alaya en quedarse con el caso y aplazar su entrada como magistrada en la Audiencia Provincial de Sevilla. El TSJA obligaba a “entendimiento y colaboración”. La magistrada sevillana, que quería “funcionarios designados por ella”, quería seguir por libre. Y el TSJA preveía conflicto y expresaba “fundadas dudas” sobre la viabilidad de la segunda comisión de servicio planteada por Alaya, como ya apuntó en el informe del 7 de julio de 2015. Y la Junta y el PSOE respiraron aliviados por la salida del caso de la primera instructora del escándalo de corrupción.

Núñez Bolaños, "muy lenta y dubitativa en sus decisiones", según fuentes judiciales, dictó un auto el pasado mes de julio en el que dividía en tres piezas la instrucción: una relativa al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas por el que se concedían las ayudas; otra pieza con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, y un tercer bloque que incluiría más de 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas. En noviembre reformó su propio escrito dividiendo en seis la causa. Este auto lo recurrió la Fiscalía al entender que se podría anular todo el proceso. Todo se ha complicado y 2016 es el año clave para resolver la polémica instrucción de los ERE ya sin Alaya...