IU Andalucía llega al pacto con Podemos con una deuda de 2 millones de euros

“Y Unidos Podemos, Izquierda Unida, tiene 11 millones de deudas con los bancos. Son el partido con más deudas con los bancos. ¿Qué pasa? ¿Que ustedes ya son los de arriba en vez de los de abajo? ¿O simplemente es que han pedido financiación y no la pueden devolver?”. Este ataque de Albert Rivera a Pablo Iglesias durante el debate a cuatro del pasado lunes pone el dedo en la llaga de uno de los asuntos que más han tensado las negociaciones de Podemos e IU para concurrir juntos el próximo 26 de junio.

El último informe del Tribunal de Cuentas sobre fiscalización de los partidos políticos desvelaba la complicada situación de Izquierda Unida, con dos puntos en rojo: Madrid y Andalucía. Efectivamente, atribuía a IU 11 millones de patrimonio neto negativo. El órgano fiscalizador alertaba de la bancarrota de la federación de izquierdas, con deudas por encima del valor de sus bienes e impagos a la Seguridad Social que, según la ley, les impedirían optar a nuevas subvenciones públicas. IU Andalucía nunca ha escondido esta realidad. Según los datos oficiales del partido, la deuda actual de la federación andaluza alcanza los 2,1 millones de euros.

El actual coordinador regional, Antonio Maíllo, heredó de la dirección anterior una deuda mucho más voluminosa, de 3,5 millones, según datos de la organización. Desde que en 2013 sustituyó a Diego Valderas al frente del partido, “cada año se han amortizado 500.000 euros de deuda”. Este “esfuerzo”, en palabras de los responsables del partido, es fruto de un duro plan de ajustes” que ha conllevado incrementar el ‘impuesto revolucionario’ que IU impone sobre los sueldos de sus cargos públicos. Hay que recordar que el partido participó en el Gobierno andaluz junto al PSOE desde 2012 hasta principios de 2015 con tres consejeros y un centenar de cargos de confianza. Las restricciones en las cantidades cobradas se han extendido a dietas y otros complementos salariales, y ya existían para los diputados andaluces desde hace años.

Medio millón cancelado por año

Izquierda Unida destaca como un dato “muy relevante” el compromiso de que el próximo mes de septiembre la formación política ponga a cero el contador con la Seguridad Social. La deuda que llegó a tener contraída con la Hacienda pública, más allá de lo que debe a los bancos, es de los pocos datos que el partido no ha proporcionado. El montante más importante de esta deuda se debe a cotizaciones no abonadas de los trabajadores del partido. El partido niega que las cajas andaluzas, Unicaja y Cajasol, les hayan condonado deuda durante ejercicios pasados. Antes era legal y no había que difundirlo, lo que cambió con la última reforma normativa. “Eso es absolutamente falso”, insisten. Sí que es verdad que, como otros partidos, disfrutaron de plazos mucho más cómodos que el común de lo mortales a la hora de devolver sus créditos.

El principal bien inmueble con el que cuenta IU es la sede regional de la formación en la calle Donantes de Sangre de Sevilla. Un edificio, propiedad del Partido Comunista, que fue usado como garantía hipotecaria para avalar el último crédito solicitado por IU Andalucía a los bancos. Fue para la campaña de las últimas elecciones andaluzas, en marzo de 2015. Según la información que brindó a El Confidencial la propia formación, la campaña se presupuestó “a la baja”, con una partida prevista de 994.000 euros. En los comicios anteriores había gastado 1,6 millones. No se equivocaron. La bajada en escaños y votos, con cinco diputados frente a las 12 anteriores, les otorgó una subvención pública de algo más de un millón de euros. IU insiste en que “desde que Antonio Maíllo es coordinador regional, la deuda de la formación no ha hecho más que recortarse”.

El Gobierno andaluz acaba de aprobar un crédito extraordinario de 9,3 millones de euros para subvencionar la campaña andaluza de 2015

IU suscribió para esa campaña un préstamo de 500.000 euros con el Banco Popular que ahora, explican, están en disposición de cancelar. El Gobierno andaluz aprobó el pasado 7 de junio un crédito extraordinario para pagar 9,31 millones de euros a los partidos políticos en forma de subvenciones públicas para sufragar los gastos electorales de los comicios autonómicos de marzo de 2015. Desde Podemos Andalucía, también insisten en que la coalición electoral con IU no supone que este partido asuma su deuda. “Unidos Podemos es una coalición electoral orientada a las elecciones generales del 26 de junio en que los presupuestos de cada organización y sus ingresos están totalmente separados y son responsabilidad de cada actor”, insisten desde el partido de Teresa Rodríguez.

Fue una condición impuesta por Pablo Iglesias para la coalición electoral que ningún partido acudiera a los bancos para financiarse o pagar sus campañas. Izquierda Unida corrobora que en esta campaña no ha acudido a ninguna entidad financiera. Podemos sigue optando por los microcréditos de ciudadanos anónimos para financiarse. En el caso de Andalucía, en la última campaña de las autonómicas acreditó ante la Cámara de Cuentas 397.000 euros obtenidos a través de estos pequeños préstamos.

El órgano fiscalizador solicitó datos individuales de cada ciudadano y dio el visto bueno en su informe sobre estos gastos electorales. Podemos admite que muchos de estos donantes anónimos no han recuperado aún su aportación, ya que no se han cobrado las subvenciones públicas, y que a muchos se les pedirá que renuncien a su reintegro para aportar a nuevas campañas. Ateniendo a los votos y 15 escaños obtenidos en el Parlamento autonómico, Podemos podría haber recibido 1,8 millones de euros. Sin embargo, solo había declarado gastos por 399.503 euros, y eso es lo que cobrará. “Somos los que más ahorramos. Hemos ahorrado a las arcas públicas 12 millones de euros desde las europeas”, defienden desde este partido.

Podemos presume de haber ahorrado 12 millones de euros en las campañas y sigue acudiendo a microcréditos

Una de las líneas rojas impuestas por Podemos a la hora de negociar con los socialistas la investidura de Susana Díaz, hace un año, fue precisamente que la Junta hiciera públicas todas sus cuentas bancarias y dejara de operar con aquellas entidades que desahuciaran. Una condición que fue tachada de “imposible” por el PSOE. Este tema ha sido objeto de reproches en múltiples ocasiones por parte de la presidenta andaluza contra la secretaria general de Podemos en Andalucía. Díaz se ha remitido en sus cruces dialécticos en el Parlamento andaluz a la propia realidad asumida por el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, que para salvar las cuentas municipales acudió a varias operaciones de tesorería y negoció con varios bancos obviando la condición de los desahucios.

PSOE y PP miran a Madrid

En el caso de Ciudadanos, en Andalucía defienden que han financiado sus campañas acudiendo a los bancos y con las cuotas de sus afiliados. En el caso de las últimas autonómicas hubieran podido captar, según votos y escaños, un total de 1,2 millones de euros, pero solo acreditaron gastos por 253.583 euros. Aunque Ciudadanos no explica con claridad cómo son sus cuentas, el sistema del partido instaura una caja única donde van a parar también las aportaciones exigidas a sus cargos públicos. La tesorería está centralizada y la controla directamente el secretario de Organización, Fran Hervías.

Con PSOE y PP ocurre exactamente igual. Ambos partidos acuden además a la misma expresión para evitar dar datos desagregados para Andalucía: “Somos un partido con un único CIF”, subrayan, dejando descansar la responsabilidad de sus cuentas en Madrid. Pese a los casos de financiación ilegal que rodean al PP, la cúpula andaluza nunca ha hecho nada por explicar sus cuentas, ingresos o donantes. Ahora aseguran que están “saneados” y no tienen “ninguna deuda”. Igualmente, por más que Pedro Sánchez remitiera en el debate a la web del PSOE para conocer los números del partido, no será posible conocer los detalles para las poderosas federaciones socialistas. Susana Díaz se comprometió a cambiar la ley de la Cámara de Cuentas andaluza para que tuviera competencias, como el Tribunal de Cuentas, para fiscalizar a los partidos más allá de las campañas. También se comprometió en su investidura a dejar al descubierto las cuentas del PSOE andaluz a golpe de clic. Ninguna de esas reformas se ha cumplido.