PSOE y PP cierran un último reparto de sillones en Andalucía antes de las elecciones

Cuando los grandes partidos quieren ponerse de acuerdo, lo consiguen. PSOE y PP han cerrado un último pacto político justo en la víspera de unas eventuales elecciones anticipadas en Andalucía. Los dos partidos mayoritarios han acordado la renovación de los sillones que ocupan en la Cámara de Cuentas. Lo aprobarán en un pleno extraordinario convocado para el próximo lunes de forma sorpresiva y que viene a abundar en el evidente adelanto electoral.

Izquierda Unida, con solo un consejero, se ha opuesto frontalmente a esta maniobra de los dos partidos mayoritarios y denuncian que puede caer en la “ilegalidad”. Socialistas y populares no solo pactan los nombres en los tres sillones que a cada partido le corresponde sino que cierran la puerta a la entrada de nuevos consejeros en el órgano fiscalizador de las cuentas andaluzas hasta finales de 2017, cuando tocaría la próxima renovación. Si en unas elecciones se confirmara la entrada de nuevos partidos en el Parlamento andaluz, éstos se quedarían fuera de la Cámara de Cuentas gracias al acuerdo de última hora entre PSOE y PP.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, prometió en su investidura una reforma a fondo de la Cámara de Cuentas, un órgano adjunto al Parlamento y destinado al control de las cuentas públicas. Defendió con vehemencia, dentro de su capítulo en la lucha contra la corrupción, esta medida como prioritaria para dotar a esta institución de mayor independencia y capacidad para auditar los presupuestos de la comunidad en pleno escándalo de los ERE. Esa reforma formaba además parte del acuerdo cerrado entre PSOE e IU al sellar la coalición de gobierno. Entre las reformas avanzadas en el discurso político de Susana Díaz incluyó dotar de capacidad a la Cámara de Cuentas andaluza para fiscalizar los gastos de los partidos políticos o para sancionar a los responsables públicos que eludan la rendición de cuentas o la implantación de las recomendaciones emitidas por este órgano.

La promesa de Susana Díaz ha cumplido cerca de un año y medio pero no verá la luz. Los partidos han sido incapaces de cerrar un acuerdo en esta línea. El PP defendió el pasado mes de octubre una propuesta de reforma de la Cámara de Cuentas en el Parlamento a la que PSOE e IU cerraron el paso argumentando que se quedaba corta en sus pretensiones. Entre las propuestas que se defendieron en ese debate figuran la demanda de que los consejeros del órgano auditor sean perfiles profesionales y no ex cargos políticos de cada partido a los que haya que buscar acomodo. Se reclamó que las deliberaciones del órgano fueran públicas, que los expedientes de contratos públicos y subvenciones se remitieran a la Cámara de Cuentas y que sus trabajos se ejecutaran en menor plazo de tiempo.

En lo que sí se han puesto de acuerdo PSOE y PP es el reparto de sillones y en la renovación de sus cargos. La baja por defunción de una consejera nombrada por los populares había dejado una vacante por cubrir. De camino, los socialistas también renovarán uno de sus miembros. En ambos casos los partidos han optado por Rafael Salas y Enrique Benítez, diputados del grupo popular y el socialista respectivamente, sin perfil profesional y sí muy político. La prórroga del resto blinda la Cámara de Cuentas hasta dentro de dos años. Si por ejemplo Podemos logrará escaños en el Parlamento andaluz, su entrada en este órgano estaría vetada. El reparto seguirá siendo de tres sillones para PSOE y PP respectivamente y uno para IU sea cual sea el nuevo arco parlamentario.

El actual presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, catedrático de economía financiera y contabilidad, sí tiene un perfil muy técnico. Desde hace meses, este responsable ha abogado públicamente por la reforma a fondo y en la reunión que mantuvo el pasado diciembre en San Telmo con Susana Díaz el asunto estuvo sobre la mesa. López salió convencido de que la reforma se iba a retomar al arrancar el año.

El Presupuesto de 2015 dota a la Cámara de Cuentas con una asignación de diez millones de euros. Este órgano ha sido clave para alertar de escándalos como el de los ERE, con retraso respecto a la investigación abierta en los tribunales, o el fraude de los cursos de formación. En este último caso sí que destapó el presunto desvío de fondos públicos meses antes de que estallara la investigación policial. Un informe alertó el pasado febrero de que el 89% de los fondos de formación repartidos en 2009 se habían adjudicado sin control. También puso de manifiesto las irregularidades en la antigua Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que ahora investiga la juez Mercedes Alaya. A raíz de este informe, PSOE e IU aprobaron el encargo de una segunda auditoría más exhaustiva de estos fondos que, por supuesto, no ha comenzado ni a realizarse. IU siempre se ha escudado en el encargo de este informe para justificarse por haber evitado que se abriera una comisión de investigación sobre este asunto en el Parlamento.

El reparto de sillones en la Cámara de Cuentas es el único acuerdo político al que han llegado PSOE y PP en solitario en esta legislatura. Hubo acuerdo político a tres bandas para reformar el Reglamento del Parlamento, también en la ley de transparencia y al acordar una subida de sueldos encubierta de los diputados andaluces que se negoció en secreto en mayor de 2013, en plena crisis económica, y que tuvo que ser anulada en mitad de una gran polémica.