El plan para que puedan votar los 180.000 vascos 'exiliados' (y que lleva años en un cajón)

Alrededor de 180.000 personas tuvieron que abandonar el País Vasco por la presión de ETA y el nacionalismo entre 1977 y 2022. La cifra la estableció el año pasado un estudio elaborado por el Centro de Estudios, Formación y Análisis del CEU. Muchos años antes, concretamente en 2012, el Gobierno del Partido Popular impulsó un plan legislativo de la mano de reputados catedráticos para reconocer el derecho a voto en Euskadi de todos los vascos que tuvieron que abandonar su tierra por motivos políticos. Más de una década después, ese plan sigue olvidado en un cajón. Los artífices del proyecto recuerdan para El Confidencial aquellos trabajos y coinciden en que era “una idea viable”, pero “con algunas complicaciones técnicas”.

La tesis de origen de ambos proyectos es que los asesinatos de ETA y la presión nacionalista fueron alterando el censo electoral en el País Vasco, limitando el peso del voto constitucionalista. Se marchaban huyendo del clima asfixiante en sus pueblos y ciudades. Otros directamente para evitar que los matasen tras sufrir amenazas o el chantaje del impuesto revolucionario que la banda exigía a los empresarios para financiar sus atentados. Quien se negase a pagar, corría el riesgo cierto de integrar la lista de víctimas del terrorismo, que ascendió a más de 800 muertos en casi 50 años de atentados.

El estudio elaborado por el CEU apelaba en el título a un “éxodo vasco” en el que incluía políticos, empresarios, periodistas, jueces, entre otros. ETA apostó por un concepto que llamó la socialización del sufrimiento, que iba más allá de matar a militares y policías. Cualquier miembro de la sociedad podría ser ejecutado. Según los cálculos del trabajo, esa diáspora vasca de 180.000 personas habría que completarla con sus hijos y nietos nacidos ya lejos de sus orígenes.

Tal segmento de población representaría un porcentaje de peso en elecciones como las de este domingo, en las que 1,8 millones de vascos estaban llamados a las urnas y contaron con una participación del 62%. Los últimos comicios autonómicos han constatado la hegemonía nacionalista e independentista: PNV y Bildu suman el 72% de los escaños en el parlamento de Vitoria. Una de las noticias principales de la noche fue el auge de la coalición abertzale que integra en su seno a los herederos del brazo político de ETA y cuenta en sus filas con condenados por terrorismo.

"Las dificultades eran básicamente de censo y de voluntades de los afectados"

En el año 2012 el PP de Mariano Rajoy acababa de ganar las elecciones. Solo unos meses antes, ETA había decretado el cese definitivo de la violencia acosada por las operaciones policiales y 700 de sus miembros en las cárceles. La banda se vio condicionada también por el giro de Batasuna, que apostó tácticamente por las vías exclusivamente políticas al verse fuera de las instituciones y consciente de que ETA había pasado de ser un temido ejército a un famélico de escuadrón de pistoleros sin capacidad ya de doblegar al Estado. En ese contexto surgió la idea de revisar el derecho a voto de los exiliados por parte del Ejecutivo.

“Es un tema que, ciertamente, tengo archivado y no me parece que me tenga que pronunciar”, dice el catedrático Benigno Pendas en conversación con El Confidencial. Hoy es el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, pero en 2012 estaba al frente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Este es el organismo en el que se apoyó el Gobierno del PP para impulsar una reforma legal que permitiese volver a votar en Euskadi a los que huyeron. Se congregaron expertos juristas que celebraron reuniones, debates y ponencias.

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“Aquello, efectivamente, fue un encargo del Ministerio del Interior, el Centro hizo su trabajo, entregó una propuesta y concluyó su participación. La conclusión del Centro con los expertos en Derecho Electoral es que, con muchas dificultades técnicas, era viable explorar esa posibilidad. Las dificultades eran básicamente de censo y de voluntades de los afectados. Había dificultades técnicas, pero era viable estudiarlo”, resume Pendas.

El catedrático de Derecho Administrativo Carlos Vidal era uno de los miembros de aquel equipo de trabajo. Recuerda para este periódico los nombres de algunos compañeros de ese ‘dream team’ de juristas. Cita nombres como el de Fabio Pascual, Lourdes López Nieto, Manuel Delgado, el fundador de Ciudadanos Francesc de Carreras o el magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo. Era un total de 20 personas. “Se hizo un informe por consenso y creo que llegó a haber un borrador”, rememora Vidal.

Reformar una ley orgánica

Coincide con Pendas en que “no era un asunto muy fácil, pero se podía hacer”. Destaca, además, que aunque era necesario reformar una Ley Orgánica y acompañarla de varios decretos, el PP tenía entonces mayoría absoluta. Nunca les llegaron a dar una explicación de por qué aquellos trabajos no llegaron nunca a materializarse: "No sé por que no salió. No nos dieron ninguna explicación".

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Carlos Vidal detalla varios obstáculos principales del proyecto. Uno de ellos era poder acreditar que alguien había sufrido amenazas. Los que hubiesen recibido una carta exigiendo el impuesto revolucionario, sí, ¿pero los que no? ¿Y sus hijos y nietos? “Había partidarios de abrir el campo a todos los que lo pidieran, pero yo no estaba de acuerdo con eso, creo que tendría que ser más restrictivo”, dice Vidal.

Usaron como fuente de inspiración la situación de los descendientes de los emigrantes gallegos o vascos en Latinoamérica, que tienen su derecho a voto en las elecciones autonómicas de ambas comunidades. La diferencia en este caso es que había que afrontar el doble empadronamiento de ciudadanos que se mudaron a otros puntos de España y censarse en Euskadi les haría perder los derechos de los lugares en los que fijaron su nueva residencia.

Vidal pone como ejemplo alguien que viva en Madrid y tuviese que renunciar a ventajas fiscales. “Creo que si se hubiese aprobado no habría habido muchas personas que lo hubiesen utilizado”, comenta. “Si los exiliados por la presión de ETA vivieran en el extranjero no habría problemas, pero no puedes tratar a alguien como si viviera en el extranjero residiendo en España”. Tampoco estaba claro que el Gobierno tuviese competencias para modificar la Ley electoral autonómica vasca, de manera que sí se podría aplicar en unas elecciones locales, que organiza el Estado, pero no está claro que sirviera para unas autonómicas.

"No habría habido muchas personas que lo hubiesen utilizado"

En 2011, el gobierno vasco dirigido entonces por el socialista Patxi López llegó elaborar también un proyecto denominado “Retorno” cuya finalidad era diseñar un programa público de reparación que facilitara el regreso a Euskadi de los familiares de los asesinados por ETA, así como de los extorsionados, coaccionados y amenazados. En 2012 el PNV ganó de nuevo las elecciones y no se continuó con la idea.

El documento

Este periódico ha tenido acceso al documento que resultó de las discusiones de los juristas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Lleva fecha del 24 de julio de 2012 y se tituló “Propuesta de Modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para la garantía del voto de los electores desplazados por la presión de la violencia terrorista”. Consta de 15 folios, en su exposición de motivos ampliaba la problemática a Navarra y empleaba términos como “depuración”.

“El presente proyecto de ley no pretende otra cosa que restablecer la integridad del censo electoral, impidiendo –en la medida de lo posible puesto que varios cientos de personas asesinadas por ETA no podrán votar nunca más- que la depuración del mismo llevada a cabo por ETA despliegue sus efectos sobre la realidad política del País Vasco y de Navarra”, dice el documento. El punto de partida eran contar con todas las personas que se fueron de Euskadi tras las primeras elecciones democráticas de 1977, cuando ETA ya mataba.

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El entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, compareció ante los miembros del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para trasladar la visión del Gobierno. Reivindicó como “una exigencia moral responder desde la legalidad constitucional a aquellas conductas que, de manera deliberada, han provocado el perverso efecto de mutilar el derecho de participación de muchos ciudadanos”.

“No debemos olvidar –dijo allá por 2012– que durante décadas ETA no ha sido solo muerte y violencia cruel, sino también un intento totalitario de imponer el exterminio de la libertad de pensamiento y del pluralismo político. ETA ha pretendido doblegar con las armas la voluntad de quienes se resistían a adherirse a su fanatismo paranoico. ETA ha querido crear un país de independentistas y radicales”.

La legislatura de Rajoy avanzó por otros derroteros y esta iniciativa se fue diluyendo entre otras urgencias del momento. La hemeroteca muestra, dos años después, de nuevo al ministro del Interior delegando en los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados la iniciativa que en su día puso en marcha el Gobierno. "Al final se pensó" tramitar esta cuestión como una proposición de Ley "para que lo presentasen los grupos parlamentarios" y no como un proyecto de Ley "porque era deseable el mayor consenso posible", argumentó.

"La proposición de ley no llegó a presentarse"

Carlos Vidal no recuerda bien si el encargo fue de Interior o del Ministerio de la Presidencia que en ese momento encabezaba Soraya Sáenz de Santamaría, al frente también del Centro de Nacional de Inteligencia (CNI). Un alto cargo de entonces de Interior afirma "que existía una clara voluntad en el MInisterio de encauzar esta iniciativa, que era una reivindicación histórica de las víctimas del terrorismo".

“A pesar de las dificultades prácticas que planteaba el tema, los expertos llegaron a formular una propuesta viable, pero su tramitación dependía de las fuerzas parlamentarias y era evidente que solo podía hacerse con un alto grado de consenso. Desde que se presentó la propuesta, la iniciativa dejó de estar en manos del Ministerio y pasó a los grupos parlamentarios, donde es evidente que no encontró el respaldo necesario, pues la proposición de ley no llegó a presentarse", zanja.