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Los presos de ETA, la razón oculta que ata a Bildu con Sánchez (aunque ahora se critiquen)
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Los presos de ETA, la razón oculta que ata a Bildu con Sánchez (aunque ahora se critiquen)

Los de Otegi no retirarán su apoyo al Gobierno aunque el PSOE le corte el paso; al contrario, necesitan que la legislatura llegue hasta el final. “Si llega el PP se frenarán desarrollos legales para los presos”, avisan

Foto: (I-D) El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, durante la ronda de contactos. (Europa Press/Archivo/Eduardo Parra)
(I-D) El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, durante la ronda de contactos. (Europa Press/Archivo/Eduardo Parra)
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Una de las incógnitas no verbalizadas en la campaña electoral vasca es qué consecuencias tendría para Pedro Sánchez si el próximo domingo, como pronostican algunas encuestas, Bildu gana y el PSOE le cierra el paso al Gobierno vasco con el PNV. La respuesta no puede ser más explícita: “ninguna”. Los de Arnaldo Otegi no retirarán su apoyo a Sánchez, todo lo contrario, necesitan que siga en Moncloa y evitar a toda costa un gobierno del PP, con o sin Vox. Y la razón principal, que ocultan deliberadamente entre discursos sociales y su supuesto apoyo gratuito al “muro de contención” de Sánchez contra el “fascismo”, son los presos de ETA. “Si llega el PP se frenarán desarrollos legales y quizá se atrevan a dar marcha atrás en la política penitenciaria”, señalan fuentes nacionalistas.

El candidato de Bildu ha incendiado el tramo final de la campaña por su negativa a reconocer a ETA como una banda terrorista ("grupo armado"). El Gobierno y el PSE, que temen quedarse cortos para la mayoría absoluta con el PNV, se lanzaron al cuello contra Pello Otxandiano, al que tildaron de "cobarde" e "incompatible con la democracia", aunque desde Moncloa dejan claro que no prescindirán de su apoyo en el Congreso.

Al contrario que Pablo Iglesias, que ha lanzado un “órdago” a Sánchez por un “tripartito” vasco de izquierdas -en el que nadie cree- “a cambio de la estabilidad” en Moncloa, Bildu se mantendrá fiel al presidente. “En ningún caso se plantea un canje de la Lehendakaritza a cambio de la Moncloa. Hay otro nivel de acuerdo que aún hay que resolver... En Madrid, todo el vestido está hilvanado, no cosido”, describe gráficamente a El Confidencial una fuente abertzale. “No nos conviene que Sánchez caiga”, asegura. Durante la legislatura pasada, el Gobierno del PSOE inició y culminó el acercamiento de todos los terroristas encarcelados a las prisiones del País Vasco y Navarra, y ejecutó la transferencia de la gestión de las cárceles al Gobierno vasco. Y esperan más.

"La madre de todas las batallas"

Lo explicó Otegi en un acto con militantes en Eibar, en octubre de 2021, sacudiéndose las críticas internas de quienes critican su apoyo a Sánchez. “La única opción que existe es cambiar la ley. Pero para cambiar esa ley, nosotros tendríamos que obligar al Gobierno a introducir un cambio legislativo que favorezca a los presos de ETA, con todo lo que eso quiere decir, ¿vale?. Es la madre de todas las batallas. No descartamos que eso pueda ocurrir, pero no tenemos certeza. Por tanto, seguiremos trabajando. Y por eso necesitamos seis años. Por eso no lo decimos en público (...) Pero nosotros tenemos 200 presos dentro, ¿eh? Y esos tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar Presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y así de claro. ¿Por qué? Porque eso lo tenemos aquí (en la cabeza). (...) Tenemos esa necesidad y ellos lo saben.

Cuando ETA decretó el cese definitivo de la violencia en 2011, la banda tenía 700 miembros dispersados por cárceles a lo largo y ancho del territorio de España y Francia. A día de hoy son 130 presos, según las listas de las plataformas en defensa de los internos terroristas en las que no incluyen a los pocos reclusos que decidieron salirse de la disciplina de la banda, disuelta en 2018. De esa cifra, 124 se encuentran en los tres centros penitenciarios de Euskadi y el de Navarra y solo seis permanecen en el país galo. El goteo de salidas es constante porque van cumpliendo sus condenas. El curso se inició, en septiembre del año pasado, con 166 internos terroristas.

La prioridad de Bildu es la excarcelación de todos los etarras, también de aquellos que cumplen condenas largas por varios atentados. Y el regreso de los fugados, en su argot, "exiliados". Para ello, necesita aprobar en el Congreso modificaciones legales. Y el Gobierno, como adelantó este periódico, le ha abierto la vía con su proyecto de reforma de la ley orgánica 7/2014, y cuya tramitación se halla en fase de enmiendas, ahora en suspenso por el trimestre electoral.

El Gobierno abre la vía a Bildu para acortar las condenas de quien ha cumplido en Francia con su proyecto de reforma de la ley orgánica 7/2014

En muchas ocasiones, la hoja de ruta a seguir con los presos etarras la avanzan las plataformas abertzales que orbitan en torno a la formación que lidera Otegi. Desde aproximadamente un año, sus mensajes se centran lograr dos reformas legales que permitirían sacar a decenas de terroristas a la calle. Una de sus aspiraciones es que el control sobre cómo cumplen condena los internos deje de depender de la Audiencia Nacional para asumirlo las instituciones vascas. En el entorno de ETA, se quejan de que en Madrid están denegando salidas que previamente aprueban las cárceles de Euskadi, con las competencias transferidas desde 2021.

La supervisión de la Audiencia Nacional sobre los presos de ETA se introdujo en la reforma del Código Penal de 2003, bajo el Gobierno de José María Aznar. Se recuerda como la del cumplimiento íntegro de las penas. Lo que tiene que ver con centralizar las decisiones en torno a un juez de Vigilancia en la Audiencia Nacional implicó modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Pero no sería necesario acometer una reforma tan profunda para aligerar las cárceles porque existen otras vías.

Una de ellas pasa por suprimir o reformar el artículo 72.6 del Código Penal. Obliga a los miembros de ETA a "que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines terroristas y además hayan colaborado activamente con las autoridades". Este es uno de los caballos de batalla de las víctimas, que exigen que se cumplan estos requisitos. Las autoridades se pueden acoger a la habitual falta de compromiso de los etarras para negarles beneficios.

Foto: Arnaldo Otegi (EH Bildu), durante una rueda de prensa. (EFE/Javier Etxezarreta)

Otra reforma que aliviaría la cifra de presos terroristas pasa por el artículo 36.2 del Código Penal. Dictamina que los presos de ETA condenados a más de cinco años —la inmensa mayoría— no pueden optar al tercer grado hasta que no cumplan al menos la mitad de su pena. Sare, la plataforma que capitaliza las movilizaciones por los presos de ETA desde hace años, pide abiertamente adaptar el ordenamiento a las "actuales circunstancias".

El Confidencial tuvo acceso a conversaciones de etarras en prisión de las que se extrae otra de sus aspiraciones: abrir las puertas de las cárceles a decenas de terroristas que ya cumplieron penas previamente en Francia. Se trata de la reforma de la citada Ley 7/2014, otro plan que anhela la izquierda abertzale y que cuenta con el apoyo del PNV. Buscan la derogación de varios preceptos de la norma para que se descuente a los presos de la banda el tiempo que pasaron en cárceles galas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tumbó esa posibilidad por la vía judicial en 2018 y dio la razón a España.

La izquierda abertzale denuncia que la norma contiene cláusulas específicamente dirigidas a los presos de ETA. Se refiere al artículo 14 de la ley orgánica, que en su párrafo segundo, recoge los criterios para no descontar las penas cumplidas en otro país. Incluye las sentencias impuestas por España por delitos cometidos antes de haber sido condenado en otro país de la UE. Además, el redactado incluye una disposición adicional única, según la cual, en ningún caso serán tenidas en cuenta las condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro con anterioridad al 15 de agosto de 2010, justo las fechas en las que ETA dejó de matar.

Foto: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un desayuno informativo en Madrid. (EFE/Javier Lizón)

Los etarras se escondían en Francia tras actuar en España. Si eran detenidos allí, se les juzgaba por los delitos cometidos en suelo galo, principalmente la pertenencia a la organización terrorista (asociación de malhechores). Paralelamente, la Audiencia Nacional les investigaba por los atentados cometidos. Al terminar de cumplir sus condenas en cárceles del país vecino, se les entregaba a las autoridades españolas para ingresar de nuevo en prisión y comenzar a cumplir desde cero por los delitos cometidos en suelo nacional.

El Gobierno siempre ha negado concesiones a los presos a cambio del apoyo político de Bildu y ha justificado el acercamiento de los etarras a las cárceles vascas -que completó hace un año- en que la dispersión no tenía ya sentido sin ETA. Sánchez ha manifestado, en respuesta a las críticas, que los presos de ETA "cumplirán íntegramente sus penas", aunque esto también lo dijo de los líderes del procés al conocerse la sentencia. El Ejecutivo niega tajante que se contemplen medidas de gracia como indultos para terroristas.

Una de las incógnitas no verbalizadas en la campaña electoral vasca es qué consecuencias tendría para Pedro Sánchez si el próximo domingo, como pronostican algunas encuestas, Bildu gana y el PSOE le cierra el paso al Gobierno vasco con el PNV. La respuesta no puede ser más explícita: “ninguna”. Los de Arnaldo Otegi no retirarán su apoyo a Sánchez, todo lo contrario, necesitan que siga en Moncloa y evitar a toda costa un gobierno del PP, con o sin Vox. Y la razón principal, que ocultan deliberadamente entre discursos sociales y su supuesto apoyo gratuito al “muro de contención” de Sánchez contra el “fascismo”, son los presos de ETA. “Si llega el PP se frenarán desarrollos legales y quizá se atrevan a dar marcha atrás en la política penitenciaria”, señalan fuentes nacionalistas.

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