El Gobierno vasco otorga un tercer grado a etarras cada 14 días y ya ha beneficiado al 25%

Un tercer grado cada dos semanas para presos de ETA. Ese es el ritmo que ha aplicado el Gobierno vasco del PNV desde que asumió las competencias penitenciarias hace 18 meses. En ese tiempo, ha concedido un total de 40 progresiones a la semilibertad para los internos de la organización. Estas cifras se han visto facilitadas por la política del Ministerio del Interior, que desde 2018 ha acercado a todos los reclusos de la banda. Actualmente, hay 164 terroristas en los centros penitenciarios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Un 25 por ciento de ellos ha obtenido ya la clasificación penitenciaria más flexible, según los datos que obran en poder de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y de la Fiscalía.

Esta es la foto fija de la situación en la que se encuentra el colectivo de presos de ETA desde que la comunidad autónoma asumió las competencias el 1 de octubre de 2021. Era una cuenta pendiente, ya que estaba recogida en el Estatuto de Gernika de 1981. El lugar en el que cumple su condena un preso es decisión exclusiva de la administración. Las resoluciones judiciales tan solo recomiendan —no es obligatorio— un centro cerca de su entorno en aras de la reinserción. Pero en el caso de los etarras, se comprendió que juntarlos en prisión facilitaba el control que ETA ejercía sobre ellos y por eso en 1989 se apostó por la dispersión. Casi un cuarto de siglo después, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acabado con esa estrategia.

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Han pasado once años y medio desde que ETA decretó el cese definitivo de sus atentados, se cumplen ahora cinco años desde que la organización terrorista comunicó su disolución definitiva. La última víctima mortal de los pistoleros fue en 2010, en Francia. En 2009 perpetraron su último asesinato en suelo español, contra los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáenz. Fueron los últimos muertos de una lista que supera las 800 víctimas, el reguero de sangre que ETA extendió durante medio siglo de actividad. Cuando ETA dejó de matar, tenía alrededor de 700 presos en las cárceles. Hoy, más de una década después, son 189: 164 en Euskadi, 11 en Navarra, una en Madrid y 13 en Francia.

Las víctimas denuncian que el final de la dispersión es un premio para los etarras y sus familias cuando todavía quedan cerca de 300 crímenes por resolver. El viernes 24 se anunciaron los últimos traslados que quedaban y el histórico líder del brazo político de la organización, Arnaldo Otegi, lo celebró con "alegría contenida". El actual líder de Bildu se expresó con un mensaje a largo plazo en el que exige "un horizonte sin presos". La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), en cambio, se mostró muy crítica con el Ejecutivo de Sánchez, al que culpa de estar "del lado de los terroristas". Desde las antípodas, coinciden con Otegi al ver en el final de la dispersión un paso más dentro de un plan orquestado que acaba en la concesión generalizada de libertades condicionales.

Según el análisis de la AVT, Sánchez y el ministro Grande-Marlaska han llevado a cabo una estrategia en varias fases. La primera consistió en un traslado paulatino a cárceles cerca del País Vasco y Navarra, como Logroño, Zaragoza, Cantabria o Burgos. Al mismo tiempo, la mayoría de presos terroristas iban abandonando el primer grado, el más estricto, por una clasificación más flexible. La segunda fase es la actual, con todos los etarras ya en sus lugares de origen y accediendo a terceros grados con regularidad. El ritmo de una semilibertad otorgada cada 14 días sería mayor si se tiene en cuenta que el primer tercer grado se concedió en febrero de 2022. Si se toma esa fecha de referencia, sale a uno cada diez días. Existen diversas tipologías de tercer grado y no todas contemplan la posibilidad de salir de la cárcel para volver cada noche a dormir.

Colaborar con la Justicia

La tercera fase son las libertades condicionales. El Observatorio de Política Penitenciaria, que actualiza a la AVT cada mes, cifra en 23 las libertades condicionales otorgadas desde 2019. El colectivo de víctimas mayoritario lamenta que, con estas políticas, el Gobierno ha renunciado a exigir a los asesinos la colaboración con la Justicia para esclarecer los atentados pendientes. Esta figura no es una petición de las víctimas, sino un requisito legal incluido en la reforma del Código Penal de 2010. El artículo 90.8 establece que la concesión de la libertad condicional exige que el preso acredite una ruptura con su pasado, "una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito" o "su colaboración con las autoridades".

El mismo requisito de colaboración se exige para acceder al tercer grado. Lo estipula el artículo 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Contempla que "hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas". En la práctica esto no sucede siempre. En ocasiones es difícil acreditar el conocimiento que tenían los miembros de un comando de las acciones que hacían el resto. Otros son condenados sin delitos de sangre. Esta justificación es más inverosímil en el caso de los jefes y a eso hay que sumarle que ETA antes de desaparecer fijó la delación como una línea roja infranqueable.

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Las conversaciones de presos etarras en la cárcel a las que ha tenido acceso El Confidencial reflejan otras aspiraciones del colectivo, como que se descuente del máximo de años que pueden pasar en prisión el tiempo que ya cumplieron en Francia. Esa medida adelantaría la excarcelación de decenas de etarras. El PNV y la izquierda abertzale ya han solicitado en múltiples ocasiones una reforma legal al Gobierno para activarlo. Las víctimas permanecen alerta. Los internos etarras señalan a la Fiscalía como el principal obstáculo en sus aspiraciones. La razón es que los representantes del Ministerio Público están ejerciendo como muro de contención frente a la concesión de terceros grados y libertades condicionales del Gobierno vasco.

El Gobierno vasco pide "respeto"

En el momento en el que Interior traslada a un preso al País Vasco ya pierde la competencia sobre él y pasa a depender de la Consejería de Justicia del Ejecutivo nacionalista de Urkullu. Pero la ley penitenciaria es la misma, así como los funcionarios que participan en el proceso de concesión de beneficios. La consejera del ramo, Nerea Melgosa, reivindicó esta semana el trabajo de su departamento. En una entrevista para Herri-Irratia, aseguró que la concesión de terceros grados se hace en función de criterios técnicos, "nunca políticos". "Un poco de respeto hacia las personas porque son profesionales como la copa de un pino y muchas veces esos ataques son personales y directos", se quejó.

Sin embargo, son las autoridades judiciales las que han puesto en duda esos criterios técnicos del Gobierno vasco. De las 40 progresiones a la semilibertad concedidas por la administración autonómica vasca, la Fiscalía ha recurrido 21. El Juzgado de Vigilancia ha estimado 11 y ha desestimado 6. El resto, están aún pendientes y la Fiscalía ha recurrido tres de esas 6 en apelación. También se ha informado a favor del recurso de un interno a quien tanto la administración como el juzgado de vigilancia penitenciaria denegaron la progresión.

La presentación de estos recursos tiene una consecuencia directa desde hace apenas unos meses. Tal y como avanzó este periódico, el Tribunal Supremo estableció en diciembre una doctrina según la cual los etarras ya no pueden salir automáticamente a la calle en el momento en el que el Gobierno vasco les conceda el tercer grado [en el caso de que sea de las modalidades que lo permiten]. Ahora tienen que esperar al menos hasta que la Audiencia Nacional resuelva el recurso presentado por el Ministerio Público.