La izquierda 'abertzale' plantea un 'plan B' para liberar a 50 etarras reformando una ley

La reforma de la ley 7/2014. Este es el plan que anhela la izquierda 'abertzale' para sacar de prisión a 50 etarras que ya cumplieron condenas en Francia. Para esta vía cuentan con el apoyo del PNV. Buscan la derogación de varios preceptos de la norma para que se descuente a los presos de la banda el tiempo que pasaron en cárceles galas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tumbó esa posibilidad por la vía judicial en 2018. Actualmente, hay en torno a medio centenar de presos afectados, según los datos de la izquierda 'abertzale' y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Sare, la red de apoyo a los reclusos de la banda que este fin de semana ha convocado 200 actos en el País Vasco, Navarra y Francia, denuncia que "a 50 personas reclusas vascas, que ya cumplieron condena en cárceles del Estado francés, se les está aplicando una ley redactada 'ad hominem', solo para presos y presas vascas". A su juicio, la Ley Orgánica 7/2014 es "una legislación excepcional, que les impide el cómputo del tiempo cumplido de privación de libertad en el espacio de la Unión Europea". Censuran que "se redactó con la inclusión de cláusulas específicamente dirigidas a evitar dicho cómputo en el caso de los presos y presas vascas".

TE PUEDE INTERESAR

Presos de ETA acusan a la Fiscalía de "bloquear" beneficios y salidas: "Estamos preocupados"

Alejandro Requeijo

La Ley Orgánica 7/2014 regula el intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. Se elaboró para incorporar en la legislación española una Decisión Marco aprobada por el Consejo de la Unión Europea en 2008. Establece el modo en el que hay que considerar las condenas entre los países miembros de la Unión.

Los artículos de la discordia

Cuando Sare alude a cláusulas específicamente dirigidas a los presos de ETA se refiere al artículo 14 de la Ley Orgánica. En su párrafo segundo, recoge los criterios para no descontar las penas cumplidas en otro país. Incluye las sentencias impuestas por España por delitos cometidos antes de haber sido condenado en otro país de la UE. Además, el redactado incluye una disposición adicional única, según la cual, en ningún caso serán tenidas en cuenta las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro con anterioridad al 15 de agosto de 2010.

Los etarras se escondían en Francia tras actuar en España. Si eran detenidos allí, se les juzgaba por los delitos cometidos en suelo galo, principalmente la pertenencia a la organización (asociación de malhechores). Paralelamente, la Audiencia Nacional les investigaba por los atentados cometidos. Al terminar de cumplir sus condenas en cárceles del país vecino, se les entregaba a las autoridades españolas para ingresar de nuevo en prisión y comenzar a cumplir por los delitos cometidos en suelo nacional.

PNV: "Apostamos por un cambio del marco normativo de la política penitenciaria, que pueda distender el ambiente"

Derogar estas excepciones de la Ley 7/2014 es una aspiración que ha cogido fuerza en las reclamaciones del sector proetarra, aunque en un segundo plano frente a otras más prioritarias como la de eliminar el cumplimiento íntegro de las penas, incluido en el Código Penal en 2003. Según sus cálculos, esta vía abriría las puertas de la prisión condicional a un tercio del colectivo que ya ha cumplido las dos terceras partes de sus condenas.

El Confidencial ha desvelado recientemente conversaciones de etarras en prisión en las que se pone de manifiesto los contactos con el Gobierno vasco, el Ejecutivo central de Pedro Sánchez y el interés por lograr que se descuente el tiempo de prisión cumplido en Francia para acelerar excarcelaciones. En una de estas charlas, uno de los terroristas presos en la cárcel de Palencia, Jon Bienzobas, llegó a verbalizar que las gestiones para ello estaban "bastante encaminadas". Esto ha activado las alertas de la asociación mayoritaria, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Según confirman fuentes de este colectivo, en los próximos días anunciarán iniciativas.

Las víctimas activan las alertas

Recelosas de la política penitenciaria del Ministerio del Interior, las víctimas ya estudian las medidas a adoptar para neutralizar este objetivo de la izquierda 'abertzale'. Los cálculos que manejan sobre etarras que se podrían beneficiar coinciden con los de Sare. Cuando El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tumbó las reclamaciones de etarras en 2018, contabilizaron 68 reclusos a los que se podría aplicar el descuento. Ahora cifran el grupo en 50 y otros seis presos en Francia con causas pendientes en España. Las víctimas tienen presentes las declaraciones de Arnaldo Otegi, quien condicionó su apoyo a los Presupuestos del Gobierno a una solución para los presos de la banda.

Para el cómputo de las penas cumplidas en Francia mediante un cambio legal, el entorno proetarra cuenta con el apoyo del PNV. Así se pronunció el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, cuando la Justicia europea rechazó las reclamaciones de los terroristas: "Éramos partidarios de ir poniendo fin a la excepcionalidad en la política penal y penitenciaria. Creemos que este es todavía un resquicio de lo que fue la excepcionalidad en ese ámbito y apostamos por un cambio del marco normativo de la política penitenciaria, que pueda distender el ambiente y facilitar la normalización política en Euskadi".

Paralelamente, el Grupo Parlamentario del PNV en el Congreso de los Diputados presentó una proposición de Ley Orgánica para reformar la Ley 7/2014. En el documento, firmado por Aitor Esteban, propusieron cambios en el preámbulo, el artículo 14 y derogar íntegra la disposición adicional única.

El fracaso en los tribunales

El mundo de ETA acudió sin éxito al tribunal de Estrasburgo donde ha tenido una suerte dispar a lo largo de la historia. En el Tribunal de Derechos Humanos se confirmó la ilegalización de Batasuna por formar parte de ETA, pero, en cambio, lograron la derogación de la doctrina Parot que endurecía el acceso a redenciones. Esto último supuso la salida de prisión en 2013 de decenas de terroristas y de varios delincuentes sexuales. En aquel momento, el colectivo de presos de ETA triplicaba en número a los cerca de 180 que cumplen condena hoy en cárceles españolas.

Tres presos de ETA exploraron la vía europea en 2016 para lograr que España tuviera en cuenta el tiempo cumplido en Francia a la hora de fijar las estancias máximas de cumplimiento en prisión. Fueron Santiago Arrospide, alias Santi Potros, Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito, y Alberto Plazaola. El abogado del sanguinario Santi Potros era Iker Urbina, exdiputado en el Congreso por la coalición 'abertzale' Amaiur que incluía en su seno a la actual Bildu. Apelaban a la Decisión Marco aprobada por el Consejo de la Unión Europea en 2008.

Santi Potros había sido condenado a más de 3.000 años de prisión por múltiples atentados, entre ellos el del Hipercor de Barcelona (21 asesinados) y el de la Plaza de la República Dominicana (12). A Plazaola se le habían impuesto cuarenta y seis años de cárcel y a Pakito, más de 4.700. Pero en España hay un tiempo máximo de estancia en prisión que en su caso se fijó en 30 años. Lo que pretenden los etarras es que se les descuente lo cumplido previamente en Francia.

La tesis de los tribunales españoles

Tuvieron en contra a la Fiscalía y al Tribunal Supremo. El alto tribunal se opuso a ese descuento amparándose en la Ley Orgánica con la que España había incluido en su ordenamiento en 2014 aquella Decisión Marco. Las autoridades habían excluido la posibilidad de descontar el tiempo cumplido en el extranjero como reclamaban los etarras y los tribunales lo habían avalado, incluido el Constitucional. España se acogía a un apartado de la Decisión Marco que daba potestad a los tribunales nacionales a "tener en cuenta a otros efectos las condenas anteriores dictadas en otros Estados miembros".

Estrasburgo zanjó en su sentencia que este caso no tenía nada que ver con la doctrina Parot y avaló la tesis del Supremo. En defensa de los tribunales españoles actuó el Gobierno, que en ese momento ejercía el Partido Popular. Como tercer interviniente también participó la AVT. Cuando en 2018 se conoció la sentencia, el ya ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió el falló del tribunal europeo.

Sare reaccionó con un comunicado en el que pidió al Gobierno central que derogase la ley "injusta que permite alargar las penas" y que "deje de lado la venganza y el odio, y ayude a construir las condiciones que permitan la convivencia y la paz". También hizo un llamamiento a los representantes del Congreso para "trabajar en esa misma dirección, aplicando la ley europea y así posibilitar las condiciones adecuadas". Bildu denunció "la ingeniería jurídica del Estado español para prolongar los castigos y dificultar el acceso de los presos a la libertad".

Por su parte, el abogado de etarras y exdiputado de Amaiur, Iker Urbina, admitió la dificultad de presentar un recurso y planteó convencer a algún tribunal para que elevase una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) —el mismo que en unos meses tendrá que decidir sobre la entrega a España del expresidente huido de Cataluña, Carles Puigdemont—. Sin embargo, Urbina ya avanzó entonces que se podría abordar "una tercera vía", pero ya en el ámbito político, que sería la de "la modificación total de la Ley", partiendo de que "la transposición no ha sido correcta y vulnera derechos".