El Gobierno vasco usa un atajo legal para facilitar salidas a presos de ETA sin aval judicial

El Gobierno vasco permite a los etarras acogerse a un resquicio legal para salir de prisión con permisos ordinarios sin la supervisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el principal obstáculo para los internos de la banda. Este atajo consiste en solicitar salidas no superiores a dos días de duración, según informan a El Confidencial diversas fuentes conocedoras de la situación. Cuando no superan las 48 horas, no es necesario informar a las autoridades judiciales, y la competencia para concederlos es exclusiva de la Consejería de Justicia, en manos del PNV. Se da la circunstancia de que la acumulación de esos permisos sin incidentes es luego un argumento a su favor para optar a la semilibertad por medio del tercer grado.

La inmensa mayoría de los presos de ETA se encuentra ya en cárceles vascas, una vez que el Ministerio del Interior completó el final de la política de dispersión durante la pasada legislatura. Desde octubre de 2021, el Gobierno vasco ostenta las competencias penitenciarias de las tres cárceles vascas. Eso quiere decir que las juntas de Tratamiento de Zaballa, Martutene y Basauri ya no reportan al Ministerio del Interior, sino al Gobierno vasco. A pesar de ello, la ley penitenciaria es la misma en todo el Estado y los presos en segundo grado penitenciario con un cuarto de la condena cumplida pueden solicitar permisos ordinarios de salida de prisión.

Tienen derecho a pedir un total de 36 días al año fuera de la cárcel. La clave en este caso es la duración de esos permisos. Pueden ser de un máximo de siete días seguidos, pero si no superan los dos días, no hace falta informar a la Fiscalía ni al juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Así lo establece el artículo 161.2 del Reglamento Penitenciario: cuando los permisos son de uno o dos días, los decide directamente el centro directivo, es decir, el Gobierno vasco.

Según las fuentes penitenciarias consultadas por este periódico, al menos 48 presos de ETA repartidos en las tres cárceles vascas han salido en lo que va de este año con estos permisos de corta duración. Se trata de un porcentaje alto del colectivo, atendiendo a que actualmente hay 127 presos de la organización terrorista en los centros penitenciarios de Euskadi. A esas cifras hay que sumar los que salieron por esta vía en 2022, en torno a una veintena. Las mismas fuentes consultadas advierten además de que este número de permisos concedidos supera significativamente la media de los que se otorgan en el resto del Estado y en Cataluña, comunidad que también tiene las competencias penitenciarias transferidas.

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Se da la circunstancia de que si un preso disfruta sin incidentes de estos permisos cortos, luego el juez y el fiscal tendrán pocos argumentos para rechazar propuestas de la Junta de Tratamiento de la cárcel de permisos más largos o la concesión de beneficios mayores. Además, al tener que pasar solo por la ventanilla de la Administración, los tiempos de espera se reducen considerablemente. La aprobación de un permiso ordinario de salida por parte de la Audiencia Nacional puede prolongarse durante semanas. Este recurso de solicitar solo dos días de salida de la cárcel ya lo usaron los presos independentistas catalanes condenados en firme por el Tribunal Supremo tras el desafío soberanista de 2017.

Los presos de la banda terrorista ETA —autodisuelta en abril de 2018— han señalado en el pasado la Fiscalía de la Audiencia como el principal escollo para lograr sus aspiraciones. Este periódico tuvo acceso a conversaciones de internos en prisión que apuntaban en ese sentido y decían sentirse preocupados: "El fiscal está bloqueando".

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Tanto las víctimas como la propia Audiencia Nacional se han interesado por estas concesiones de permisos de dos días, según las mismas fuentes consultadas. La respuesta del Ejecutivo nacionalista es que estas salidas no suponen impunidad y que, a pesar de no tener el aval judicial, los perfiles de presos que salen ya han hecho un camino personal de ruptura con su pasado criminal. Los precedentes, no obstante, acumulan muchos ejemplos sobre la disparidad de criterios entre las autoridades penitenciarias vascas y los jueces de la Audiencia Nacional en Madrid a la hora de valorar esa presunta evolución.

El último informe sobre la política penitenciaria publicado a finales de noviembre por la AVT cifra en 58 los terceros grados otorgados por el Gobierno vasco a presos de ETA desde que asumió la competencia de Prisiones. Se da la circunstancia de que, en al menos 10 ocasiones, las autoridades nacionalistas han dado un tercer grado por segunda vez al mismo preso después de que se lo hubiese revocado la Audiencia Nacional. La Fiscalía, por su parte, ha recurrido un total de 29 terceros grados.

Según los listados de las plataformas proetarras de apoyo a los presos, actualmente hay 127 presos de ETA en cárceles vascas, seis más en la prisión de Pamplona (Navarra) y nueve siguen internos en Francia. Eso compone un colectivo de 142 individuos. Cuando la organización terrorista decretó en 2011 el cese definitivo de sus atentados, acumulaba 700 presos.