Otegi necesita dos reformas legales para excarcelar presos de ETA sin pedir la amnistía

Los focos se centran en Carles Puigdemont y la presunta negociación para una amnistía del procés. Irrumpe el PNV, consciente del valor de sus votos, y plantea cambiar el Estado. Mientras tanto, por debajo del radar, Bildu sigue emitiendo señales sin llamar excesivamente la atención porque su apoyo a Pedro Sánchez se da por descontado. Pero el líder abertzale, Arnaldo Otegi, potencial candidato a lendakari, dejó caer la semana pasada uno de sus objetivos irrenunciables de siempre: los presos de ETA. Y entre su lista de peticiones aboga por acabar con “las políticas de excepción” que endurecen las condiciones de los terroristas en prisión. Entre las aspiraciones del entorno de la banda está lograr dos reformas legales que permitirían sacar a decenas de terroristas a la calle.

Actualmente, hay 166 presos de ETA en la cárcel, 13 de ellos en Francia, según los datos de la izquierda abertzale. Atrás quedan las cifras de cuando ETA estaba en activo y su frente de cárceles era parte fundamental de su estructura. Cuando la organización terrorista decretó el fin de sus atentados, en 2011, contaba con 700 miembros entre rejas. El entorno de ETA ha mutado, se ha fusionado con otras formaciones, ha cambiado de nombres, pero sus exigencias no terminaron con el acercamiento de todos los reclusos a cárceles vascas durante la pasada legislatura. Hoy, Batasuna se llama Sortu y la histórica Gestoras Pro Amnistía y su sucesora Etxerat han cedido el testigo a la plataforma Sare para que ejerza la vanguardia del activismo por los presos de la organización, disuelta en 2018. Este colectivo ha realizado en agosto varios movimientos que permiten atisbar la estrategia del próximo curso.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

La pregunta (inmoral) de Otegi y el delegado del Gobierno en Madrid

José Antonio Zarzalejos

Uno de ellos es que el control sobre cómo cumplen condena los internos deje de depender de la Audiencia Nacional, en Madrid, para asumirlo las instituciones vascas. Sería una prolongación de lo que ya fue la cesión de la competencia de las cárceles al Gobierno autonómico en octubre de 2021. Hoy existe la figura del juez central de Vigilancia Penitencia de la Audiencia Nacional, que es quien estudia los permisos ordinarios de salida —cuando son más de dos días de duración— o quien autoriza y deniega los terceros grados y las libertades condicionales. También la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar la condena con salidas puntuales o indefinidas si es por salud. En esos procesos, una parte es el preso y la otra es la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En el entorno de ETA, se quejan de que en Madrid están denegando salidas que previamente aprueban las cárceles vascas.

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria el 18 de agosto, los portavoces de Sare, Joseba Azkarraga y Nahikari Iturbe, defendieron la tesis de que "es la sociedad vasca quien va a reintegrar a estas personas y, por lo tanto, la aplicación de una legislación ordinaria debe ser diseñada por la sociedad vasca, a través de sus instituciones". La supervisión de la Audiencia Nacional sobre los presos de ETA se introdujo en la reforma del Código Penal de 2003, bajo el Gobierno de José María Aznar. Se recuerda como la del cumplimiento íntegro de las penas e incluía requisitos específicos para los condenados por terrorismo, que en aquella época eran básicamente ETA y los Grapo.

Acabar con el juez central de vigilancia

Algunas de estas particularidades tienen que ver directamente con el acceso a beneficios penitenciarios y para ello fue necesario tocar leyes orgánicas. Lo que tiene que ver con el juez central de Vigilancia de la Audiencia Nacional implicó modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. "Se hace preciso crear los juzgados centrales de Vigilancia Penitenciaria con el fin de conseguir una unificación de criterios", decía la exposición de motivos de la nueva Ley 5/2003. Otro de los artículos que habría que suprimir o reformar para eliminar los obstáculos que denuncia la izquierda abertzale es el artículo 72.6 del Código Penal.

Obliga a los miembros de ETA a "que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines terroristas y además hayan colaborado activamente con las autoridades". "Podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio (...) y una petición expresa de perdón a las víctimas", dice. Este es uno de los caballos de batalla de las víctimas, que exigen que se cumplan estos requisitos. Denuncian que en ocasiones los terroristas acceden al tercer grado sin haber colaborado a esclarecer atentados o con vagos formularios de arrepentimiento como mero trámite. Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional y el fiscal han revocado excarcelaciones al entender que el preso no mostraba el arrepentimiento que sí apreciaban los trabajadores de las cárceles.

TE PUEDE INTERESAR

La Audiencia avisa a Interior: no dará terceros grados sin "repudio expreso" a ETA

Alejandro Requeijo

Otro obstáculo con el que se encuentran los etarras para acceder al tercer grado y, por tanto, a la semilibertad es el artículo 36.2 del Código Penal. Dictamina que los presos de ETA condenados a más de cinco años —la inmensa mayoría— no pueden optar al tercer grado hasta que no cumplan al menos la mitad de su pena. Sare pide derogar o adaptar estas normas a las "actuales circunstancias" mediante modificaciones parciales de lo que califica como "la legislación excepcional creada hace 20 años". Con ese propósito marcharon cientos de personas el pasado 25 de agosto por las calles de Bilbao. "La Fiscalía de la Audiencia Nacional sigue recurriendo el 75% de los terceros grados que se les reconocen", protestó una de las portavoces de Sare. Este guante lo recogió Otegi en la entrevista que concedió a la radio pública vasca la semana pasada para anunciar su intención de ser elegido lendakari en 2024.

El Confidencial ha tenido acceso en los últimos años a diversas conversaciones de presos de ETA en las cárceles que ayudan a medir sus preocupaciones y las gestiones con su entorno. En enero del año pasado, este periódico desveló una conversación entre el terrorista Manuel Miner y el portavoz de Sare Joseba Azkarraga durante una visita a la prisión en 2021. El condenado le advertía de que el problema era la Fiscalía de la Audiencia Nacional: "Lo que pasa es que estamos preocupados porque el fiscal está bloqueando y la vía, la vía es esa, ¡eh!". De esas conversaciones se pudo extraer otra de las aspiraciones del entorno proetarra para abrir las puertas de prisión a decenas de etarras.

Se trata de la reforma de la Ley 7/2014. Este es el plan que anhela la izquierda abertzale para sacar de prisión a 50 etarras que ya cumplieron condenas en Francia, según sus cálculos hace año y medio. Hoy serán menos porque hay quienes ya han salido de prisión desde inicios del año pasado. Para esta vía, cuentan con el apoyo del PNV. Buscan la derogación de varios preceptos de la norma para que se descuente a los presos de la banda el tiempo que pasaron en cárceles galas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tumbó esa posibilidad por la vía judicial en 2018. A juicio de Sare, la Ley Orgánica 7/2014 es "una legislación excepcional, que les impide el cómputo del tiempo cumplido de privación de libertad en el espacio de la Unión Europea".

TE PUEDE INTERESAR

Los presos de ETA, sobre las gestiones para su excarcelación: "Están bastante encaminadas"

Alejandro Requeijo

Censuran que "se redactó con la inclusión de cláusulas específicamente dirigidas a evitar dicho cómputo en el caso de los presos y presas vascas". Cuando Sare alude a cláusulas específicamente dirigidas a los presos de ETA, se refiere al artículo 14 de la ley orgánica. En su párrafo segundo, recoge los criterios para no descontar las penas cumplidas en otro país. Incluye las sentencias impuestas por España por delitos cometidos antes de haber sido condenado en otro país de la UE. Además, el redactado incluye una disposición adicional única, según la cual, en ningún caso serán tenidas en cuenta las condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro con anterioridad al 15 de agosto de 2010.

Los etarras se escondían en Francia tras actuar en España. Si eran detenidos allí, se les juzgaba por los delitos cometidos en suelo galo, principalmente la pertenencia a la organización (asociación de malhechores). Paralelamente, la Audiencia Nacional les investigaba por los atentados cometidos. Al terminar de cumplir sus condenas en cárceles del país vecino, se les entregaba a las autoridades españolas para ingresar de nuevo en prisión y comenzar a cumplir por los delitos cometidos en suelo nacional. En otra de las conversaciones a las que tuvo acceso El Confidencial, el etarra Jon Bienzobas le manifestaba así a Azkarraga su preocupación por esta situación: "El problema es que yo ya, Joseba, yo llevo 22 años, [los] hago este año. Pero he estado casi 19 en Francia. Para el Estado español, llevo cuatro años en la cárcel".

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) asiste a este escenario con preocupación. Advierten de que la probabilidad de que Otegi sea lendakari "es muy alta" y que, en paralelo, la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno puede conllevar una excarcelación de presos de ETA, porque se derogarán varias "leyes clave". Piden que los presos no pasen ni un día más en prisión de lo que dicen sus sentencias, pero tampoco un día menos: "La hoja de ruta para vaciar las cárceles marcada por el entorno de ETA, tanto por Bildu como por asociaciones que defienden a los presos, siempre ha sido muy clara y nosotros llevamos meses advirtiendo de ello".