El exministro Fernández Díaz: "¿'Lawfare'? Rotundamente, no. Es un insulto"

Jorge Fernández Díaz (Valladolid, 1950) fue ministro del Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy. Su gestión al frente de la seguridad del Estado se encuentra actualmente bajo el escrutinio de la Justicia. Se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de dirigir maniobras policiales para favorecer al Partido Popular. En su último movimiento en los tribunales, el exdirigente ha pedido que su partido sea también procesado como beneficiario a título lucrativo en el llamado caso Kitchen. “Del procedimiento, siguiendo la opinión de mi abogado, no quiero hablar”, advierte antes de empezar la entrevista.

Una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados concluyó que Fernández Díaz creó una estructura en su ministerio para "perseguir" a adversarios políticos, incluido el independentismo catalán. Él lo niega tajantemente y rechaza el término lawfare sobre una presunta campaña de los jueces para perjudicar a los dirigentes nacionalistas. “Que conste que rompo un principio que hasta ahora había mantenido en todo momento, que es no hacer declaraciones”, dice. La recién registrada ley de amnistía le ha movido a romper su silencio. “Estamos ante un golpe de Estado”, sostiene Fernández Díaz, quien confía en el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo para canalizar la movilización social contra Pedro Sánchez.

PREGUNTA. ¿Cuál es su opinión acerca de la ley de amnistía conocida esta semana?

RESPUESTA. Basta volver a ver los vídeos y los audios en los que desde Sánchez hasta destacados miembros de su Gobierno en funciones se manifestaban hace escasamente tres o cuatro meses radicalmente en contra de la posibilidad de una amnistía por ser incompatible con nuestra Constitución, y en lo que es un pilar de nuestro Estado de derecho como es la independencia de nuestro poder judicial, para darse cuenta de que la palabra no tiene ningún valor. La Constitución y las leyes al parecer están en función de lo que le convenga al señor Sánchez, y como su interés es seguir en la Moncloa al precio que sea y para él el fin justifica los medios, pues resulta que estamos en esta situación. Creo que es el mayor atentado contra el orden constitucional que se ha producido en España en los 45 años de vigencia de la Constitución.

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P. Usted reside en Cataluña, ¿cree que esta ley va a servir para facilitar la convivencia?

R. Depende del concepto que tengamos de la convivencia, si a quienes pretenden romper el orden constitucional, socavar nada más y nada menos que el mismo fundamento de la Constitución, que dice que se basa en la indisoluble unidad de la nación española, les das lo que piden, puede haber una aparente y transitoria tranquilidad. Pero no es más que la vuelta a los cuarteles de invierno esperando una mejor ocasión, porque en ningún momento han pedido perdón ni han mostrado el más mínimo arrepentimiento, todo lo contrario, han repetido y repetido que lo volverán a hacer. Saben que ahora no es el momento, pero tenemos mayor tranquilidad porque se les ha concedido lo que querían. Están rearmando sus fuerzas para, cuando sea el momento propicio, volver a realizar lo que ya hicieron hace unos años con el procés, con la diferencia de que los delitos por los que fueron juzgados y condenados se han eliminado del Código Penal. Se les ha puesto una alfombra roja.

"No es ninguna exageración aludir a que podemos estar ante un golpe de Estado"

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P. ¿Usted cree que en España hay lawfare?

R. Rotundamente, no. Rotundamente, no. Basta comprobar lo que ha sido el funcionamiento con todas las garantías de nuestro Estado de derecho para negar rotundamente eso. Por ejemplo, el juicio que se siguió en el Tribunal Supremo contra nueve de los principales responsables del procés fue un modelo de transparencia y de garantía judicial. Y de ahí para abajo, todo. Es un insulto al poder judicial hablar de un lawfare, es decir, de una instrumentalización de la Justicia en función de unos determinados intereses políticos. Es una ignominia y lo que es vergonzoso es que el Gobierno, encabezado por el Partido Socialista, haya aceptado un acuerdo que introduce esa expresión. Es, repito, una infamia contra el Estado de derecho y el poder judicial.

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P. Usted ha conocido los entresijos de la seguridad del Estado y su relación con los tribunales, ¿está en disposición de negar que haya habido algún tipo de maniobras en los últimos años destinadas a combatir el independentismo al margen de los tribunales?

R. Por favor, confío que en este caso la presunción de inocencia juega también para los jueces y los tribunales, ¿no? Salvo que se demuestre lo contrario, no creo que haya ningún caso que pueda objetivamente ser acusado de esto, de haber sido un ejemplo de instrumentalización de la Justicia al servicio de la política. Me parece, sinceramente, que quien hace esa acusación la tiene que demostrar y no el que es inocente, que es el poder judicial español.

P. ¿Se refiere a lo que se denominó como la operación Cataluña?

R. Eso ya entra en un campo del que no voy a hablar, pero es que la operación Cataluña es un nombre que le pusieron precisamente los que estaban interesados en transmitir esa opinión de que había una instrumentalización en el aparato del Estado para ir en contra de los separatistas. Pero no quiero entrar en ese tema porque como mínimo tiene que ver con algo que mi abogado me ha pedido que no hable.

P. ¿Cuál es su opinión sobre el papel que está jugado el PP, no sé si puedo seguir diciendo, su partido?

R. Yo creo que no es ninguna exageración retórica aludir a que podemos estar ante lo que es un auténtico golpe de Estado, porque el poder judicial y la separación de poderes son consustanciales a un sistema democrático social y de derecho y esta iniciativa, evidentemente, rompe la división de poderes. Es evidente que es un golpe de Estado, al menos al tipo de Estado que está regulado en nuestra Constitución. Entonces, hay que ejercer el derecho de manifestación pacíficamente, por supuesto, rechazando cualquier atisbo de violencia. Apelar al derecho de manifestación para manifestar la oposición social a un golpe de Estado en los términos que acabo de mencionar me parece que es obligado. Una iniciativa que va en la dirección de una clara autocracia solo puede ser frenada dentro de la ley mediante la movilización popular.

P. ¿Cree que el liderazgo de Feijóo está preparado para canalizar esa movilización popular?

R. Yo creo que sí, perfectamente. Hasta este momento, creo que se está ejerciendo bien, marcando un límite sin fisuras con cualquier tipo de violencia, manifestándose en el marco de la ley, dentro de la ley, con toda la fuerza de la ley. Por tanto, creo que sí, que está bien ejercido ese liderazgo de Núñez Feijóo sobre el Partido Popular.