El CNI pidió al Supremo pinchar el móvil de Aragonès porque "dirigía" a los CDR

Los autos en los que el Tribunal Supremo autorizó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a intervenir el móvil del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, concretan que la solicitud se realizó en 2019 por las sospechas de que "dirigía" las acciones de los CDR. Según precisan fuentes jurídicas, el centro sospechaba en aquel momento que el líder de ERC daba instrucciones de forma clandestina "al margen de su papel institucional". El móvil se pinchó en enero de 2020, cuando era vicepresidente y ya en la etapa de Pedro Sánchez.

Los escritos han quedado este jueves a disposición del Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona que tiene previsto tomar declaración este viernes como imputada a la exdirectora del CNI Paz Esteban en el marco del conocido como caso Pegasus. La desclasificación que aprobó hace unos días el Consejo de Ministros fue parcial. Las partes solo han accedido a algunos fragmentos con la argumentación del magistrado Pablo Lucas, encargado de la autorización.

Fuentes de Moncloa han tratado de desvincularse de la actuación del CNI y apuntan al PP. Aseguran que los servicios de inteligencia "no tienen que informar al Gobierno" de sus movimientos y que las escuchas "traen causa de operaciones iniciadas antes" de su llegada al Ejecutivo. Destacan que su decisión de desclasificar demuestra "que ahora se actúa con transparencia".

El titular del juzgado aceptó las diligencias reclamadas por el presidente catalán sobre el espionaje a los teléfonos de personas vinculadas al independentismo. La querella interpuesta por Andreu van den Eynde, el que fuera abogado del líder de ERC Oriol Junqueras durante el juicio del procés, se dirigía contra OSY Technologies, la firma con sede en Luxemburgo que es propietaria de la israelí NSO Group, responsable de la tecnología. El juez ordenó remitir una comisión rogatoria a este país para recabar información que aún está en tramitación.

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En un auto al que tuvo acceso El Confidencial, el magistrado ordenó una batería de diligencias, todas ellas solicitadas por ERC, a las que aún no se ha dado respuesta. Tras apreciar "la posible existencia de infracciones penales, entre otras, de la intercepción ilegal de comunicaciones y espionaje informático", reclamó al CNI información precisa sobre las escuchas a Aragonès.

El juez requería, previa solicitud de la pertinente desclasificación, "información relativa a la compra y posible uso del programa Pegasus". Buscaba saber si el centro dispone de licencia de uso, si cuenta en exclusiva con las facultades de autorización de su utilización en el territorio español o si otros organismos tendrían licencia. También qué entidad mercantil adquirió la licencia y qué personas concretas actuaron en nombre del CNI.

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El juez iba aún más allá, en la misma línea de la querella de ERC. Exigía que se aporten los documentos relativos al encargo, compra, instalación y pago, que informaran si han hecho uso del software Pegasus en relación con Aragonès y acceso completo a cualquier registro de eventos o incidencias, información o datos vinculados al uso del programa Pegasus sobre cualquier dispositivo vinculado al presidente de la Generalitat.

Respecto a la autorización judicial de la intervención, el juzgado se dirigía al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, responsable del control judicial del CNI, para que confirmara si había autorizado el uso del software de intervención de las comunicaciones y la intimidad de Aragonès. "Caso afirmativo, que remita testimonio de las resoluciones judiciales por las cuales se ha autorizado la injerencia", agregaba. El magistrado está obligado por ley a guardar secreto de sus actuaciones.

Las escuchas

Ante la Comisión de Secretos del Congreso, en mayo de 2022, Esteban reconoció que se realizaron escuchas a 18 dirigentes independentistas con esta tecnología ante la sospecha de presuntas actividades ilícitas, pero con previa autorización judicial. Entre los espiados por el CNI, estarían Aragonès; los diputados Míriam Nogueras, Albert Botran y Carles Riera; el portavoz de Ómnium Cultural, Marcel Mauri; los tres ingenieros de Tsunami Democràtic, Elies Campo, Jordi Baylina y Pau Escrich, y personas del entorno de Carles Puigdemont.

A puerta cerrada, Esteban ya mostró entonces las autorizaciones judiciales del Tribunal Supremo para espiar a todos ellos. El CNI se desvincula del resto de escuchas, más de 60, que publicó The New Yorker con base en información ofrecida por Citizen Lab.

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La causa judicial transcurre de forma paralela al impulso de la comisión de investigación parlamentaria sobre el mismo caso. ERC cuenta con obtener también respuestas a través de esta vía y se centrará en tratar de averiguar cuántos organismos estatales operan con Pegasus y qué uso han llegado a hacer de él. El Ministerio del Interior ha reiterado en los últimos años que ningún cuerpo de la policía ha utilizado nunca este software espía.