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Aragonès se resiste a dar su móvil al juzgado que aceptó su querella por el caso Pegasus
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Crisis por el caso de espionaje

Aragonès se resiste a dar su móvil al juzgado que aceptó su querella por el caso Pegasus

El presidente de la Generalitat quiere que el juez solo acepte los peritajes de parte que confirman el espionaje de su teléfono, pero desconfía de entregar ese terminal a la Policía Nacional

Foto: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, señala al CNI tras declarar en los juzgados. (EFE/Andreu Dalmau)
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, señala al CNI tras declarar en los juzgados. (EFE/Andreu Dalmau)

Pere Aragonès se resiste a entregar su móvil al juzgado que ha aceptado su causa por el caso Pegasus. El presidente de la Generalitat declaró este miércoles ante el Juzgado de Instrucción Número 29 de Barcelona para ratificar la querella que presentó, tras detectar que su móvil había sido espiado con el software Pegasus cuando era vicepresidente del Govern, conseller de Economía y máximo representante político de ERC.

Fuentes jurídicas conocedoras del caso han explicado que el juzgado ha aceptado a trámite la querella de Aragonès, en la que exige que se investigue la intrusión de su móvil, pero muestra reservas a entregar su teléfono para que la policía judicial haga un peritaje independiente. Desde la Generalitat recuerdan que el móvil de presidente catalán estuvo infectado por Pegasus, de acuerdo con el informe de Citizen Lab y con una pericial informática efectuada posteriormente por un laboratorio forense informático.

La Generalitat recuerda que Aragonès ha reconocido de forma expresa que no tiene ningún problema para entregar su móvil para hacer una tercera pericial, pero solo en caso de que se entienda imprescindible hacerla. Su defensa alega que hay varios motivos por los que no procede de acuerdo con la ley efectuar una tercera pericial: porque en el procedimiento penal no se requiere ningún pericial adicional y porque los datos del presidente de la Generalitat tienen un carácter sensible extremo y tiene derecho a que su móvil no esté siendo examinado constantemente.

Además, recuerdan que la Audiencia Provincial de Barcelona ya ha dictaminado en algunas resoluciones que no debe volver a peritarse los móviles de las víctimas porque en todo caso lo procedente sería interrogar los peritos informáticos y no ir efectuando nuevas periciales cuando ya existen.

Foto: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. (EFE/Andreu Dalmau)

"Si la autoridad judicial lo reclamara, se entregaría el móvil en el momento que fuera oportuno. Ya se han practicado en otras querellas periciales informáticas por la policía científica que han corroborado las infecciones por Pegasus", aseguran desde Palau.

Aragonès ha aportado a la causa dos análisis de parte, aunque se resiste a uno nuevo de carácter independiente. No es el único caso. El Juzgado número 32 archivó de manera provisional la causa que había abierto por la querella del candidato a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, y del conseller de Empresa, Roger Torrent, sin que ambos políticos entregasen sus terminales para que avanzase el caso.

Foto: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. (EFE/Andreu Dalmau)

Una de las razones de fondo es la desconfianza de la Generalitat hacia la Policía Nacional y que actúe como policía judicial, como es el caso del Juzgado número 29, donde se lleva el caso de Aragonès.

En uno de esos informes periciales, se establece que el móvil de Aragonès estuvo intervenido entre julio de 2018 y marzo de 2020. La defensa del presidente catalán alega que en ese periodo estuvo sumido en importantes negociaciones políticas, pero la más importante, la emprendida por el Gobierno de Quim Torra, en donde Aragonès fue vicepresidente de Economía, ya se había llevado a cabo. También se había cerrado ya la investidura de Pedro Sánchez en 2018, que fue apoyada por ERC. Citizen Lab nunca dio fechas concretas del ataque informático al teléfono de Aragonès.

Foto: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, momentos antes de su comparecencia este lunes en el Palau de la Generalitat. (Europa Press/David Zorrakino)

En este momento se está negociando entre el juez y las partes si Aragonès y la Generalitat aceptan a los Mossos como policía judicial neutral. Pero las resistencias a entregar el móvil persisten. Desde la Generalitat se asegura que "⁠no tenemos constancia de ningún debate sobre quién debe hacerse cargo de una eventual pericial pública acordada por el Juez. El juez determinará si lo hace un laboratorio público (una Universidad, por ejemplo) o la policía científica correspondiente".

La Fiscalía alega que si no se lleva a cabo un peritaje independiente no puede haber caso, dadas las múltiples irregularidades que jalonan el informe de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, que sirvió para desatar el escándalo y que forzó el cese de la directora del CNI, Paz Esteban.

El precedente de Sánchez

En contra de Pere Aragonès juega el precedente de Pedro Sánchez, quien también fue espiado con el software israelí de Pegasus. Sánchez sí entregó su móvil a la Audiencia Nacional y se pudo establecer la cantidad de archivos y datos que fueron pirateados en estas operaciones de espionaje. Aun así, el juez archivó el caso, ya que sin la colaboración de la empresa informática resulta imposible establecer quién realizó el espionaje.

Sánchez sí entregó su móvil a la Audiencia por el caso Pegasus, que acabó archivado

En todo el caso, la situación más delicada es la de Paz Esteban. El Tribunal Supremo mantiene por ahora el secreto y niega la desclasificación de la información sobre el espionaje a Aragonès. La exdirectora del CNI, representada por la Abogacía del Estado, ha recurrido el requerimiento del juez instructor al Consejo de Ministros para que levante la reserva sobre los datos en cuestión. Si la información sigue siendo calificada de secreta, Esteban no puede testificar.

Pere Aragonès se resiste a entregar su móvil al juzgado que ha aceptado su causa por el caso Pegasus. El presidente de la Generalitat declaró este miércoles ante el Juzgado de Instrucción Número 29 de Barcelona para ratificar la querella que presentó, tras detectar que su móvil había sido espiado con el software Pegasus cuando era vicepresidente del Govern, conseller de Economía y máximo representante político de ERC.

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