Los viajes y movimientos de Aragonès que hicieron saltar las alarmas del CNI

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ratificó esta semana la querella que interpuso por supuesto espionaje de su móvil entre julio de 2018 y marzo de 2020. Su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, que instruye la querella, levantó expectación. El president apuntó directamente al CNI como el culpable de ese espionaje y pidió la desclasificación de papeles. Pero el Gobierno no sacará a la luz ningún documento que pueda poner en peligro la actuación del Estado ante situaciones límite.

El independentismo catalán había puesto a los organismos del Estado en esa situación límite a partir de 2016. Aragonès, lo mismo que la cúpula del soberanismo catalán y un reducido número de activistas que estaban creando instrumentos para independizarse, incluso por la fuerza, estaba en el punto de mira de los servicios por las evidencias de que estaba trabajando para dotar de los instrumentos financieros correspondientes a un hipotético Estado catalán que debía ponerse en funcionamiento el 2 de octubre de 2017, un día después del referéndum ilegal.

Un memorando fechado en 2017, cuando Aragonès era secretario de Economía, a las órdenes directas del entonces vicepresidente, Oriol Junqueras, destacaba: "Respecto al encargo de un rating en la sombra, se continúa trabajando en la búsqueda de una agencia que pueda llevar a cabo este encargo con las garantías necesarias. En Londres, se ha contactado con una agencia canadiense (DBRS) que puede tener el perfil adecuado".

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En su carrera por crear la república catalana, la cúpula de la Generalitat, en diciembre de 2016, puso sobre la mesa un ambicioso plan para la emisión de bonos canjeables. "Se está considerando realizar una emisión pequeña en los mercados, pidiendo autorización al Estado y haciéndolo compatible con el FLA". En aquellos momentos, los bonos catalanes estaban considerados bonos basura y los mercados internacionales estaban cerrados a cal y canto. Algunos dirigentes del independentismo sondearon a Rusia, otros a Israel y otros a China para tratar de conseguir financiación para la creación de la república catalana.

La operación diseñada por el área de Aragonès, no obstante, tenía trampa: "El principal objetivo sería para reintroducirnos en los mercados, pero técnicamente se argumentará que el objetivo es el de reducir costes financieros (con la financiación obtenida en esta emisión, se cancelarían unos shuldschein [pagarés])", dice un memorándum de la Secretaría de Economía que dirigía Aragonès. El documento en cuestión fue incautado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en septiembre de 2017 y analizado posteriormente a conciencia.

Captar infiltrados en el BCE

Lo cierto es que, a finales de 2016, la Generalitat buscaba financiación para separar Cataluña de España y Aragonès, como responsable director del área económica del Govern, era un puntal de primera magnitud. Su principal encargo era conseguir que el Institut Català de Finances pudiese conseguir del Banco Central Europeo (BCE) una ficha bancaria para convertirse en el Banc Central de Catalunya (BCC), totalmente independiente del Banco de España. Un informe de la Guardia Civil ya recogía en el año 2020 que en el sumario 5/2018 del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona "se puso de manifiesto que los líderes soberanistas estaban diseñando, precisamente, el banco central catalán del que el ICF sería el embrión, elemento fundamental para garantizar la soberanía monetaria y financiera de un eventual Estado independiente. De esa tarea, se estaría encargando el equipo liderado por el actual consejero de Economía y vicepresidente Pere Aragonès García", escribían los investigadores en otoño de 2020.

Para conseguir el funcionamiento del BCC en el marco de la eurozona, se estableció "una dinámica de realizar contactos con expertos del sector y, concretamente, con catalanes que trabajan en el BCE". Así lo explicita el memorando citado, que fue incautado por la Guardia Civil y que sirvió de base a los servicios españoles para poner el ojo en la cúpula independentista. "Estos encuentros ayudan a planificar la estrategia y a establecer las prioridades. Estas sesiones continuarán y el objetivo es identificar y tener expertos de referencia para cada una de las áreas básicas que compondrán el BCC", dicen los documentos internos del Govern.

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Un cronograma del área de Aragonès incautado apuntaba a que entre finales de 2016 y todo el año 2017 se agendaron "contactos con agencias del Tesoro de países pequeños europeos", así como "encuentros con países que han conseguido la independencia en el pasado reciente". También hubo una frenética carrera de Aragonès y su equipo para tratar de cerrar acuerdos de colaboración para financiar la separación de España y se citan reuniones en Londres, Oslo, Liubliana, Nueva York y Singapur. La mayoría de estas reuniones, efectivamente, se llevaron a cabo. A la oficina de la Secretaría de Economía que tenía a su cargo Aragonès le correspondió sondear "fuentes de financiación no convencionales" y "hablar con contactos estratégicos". Estas tareas figuran en un cronograma bajo el lema "Sostenibilidad económica y financiera de la Generalitat: financiación del nuevo Estado".

Viajes por media Europa

En esa época, Aragonès viajó por media Europa buscando dinero. El 25 de octubre de 2016, aterrizaba en Irlanda, junto a Natàlia Mas (actual consejera de Economía) y el asesor Jaume Domènech. Allí, se reunió con los directores de Funding and Debt Management (que coordina las necesidades de financiación del Ministerio de Finanzas irlandés para minimizar la carga de intereses de la deuda); de Ireland Strategic Investment Fund (ISIF), un fondo creado inicialmente para complementar las pensiones, pero que con la crisis se transformó en un fondo que invierte en sectores estratégicos para el desarrollo de Irlanda; NewERA, la agencia que asesora a las empresas públicas irlandesas de los sectores del gas, agua, electricidad y comunicaciones; del Strategic Banking Corporation of Ireland (SBCI), el homólogo del ICF en Dublín, y del National Development Finance Agency, la agencia responsable de la gestión de los proyectos de inversión a través de entidades público-privadas.

Aragonès y su equipo recibieron información "de cómo gestionan la deuda y la tesorería irlandesa, cómo lo han hecho y qué se ha de tener en cuenta en los peores momentos de las crisis en las que los mercados estaban cerrados, cómo es preciso acercarse a los posibles inversores y a las agencias de rating". También fueron informados sobre los mejores bancos de inversión y con quién debían colaborar los catalanes, así como "la posibilidad de emisión de deuda retail" (o sea, venta de títulos financieros al por menor).

En diciembre de 2016, Aragonès viajó a Londres, en compañía de Natàlia Mas y del entonces consejero de Exteriores, Raül Romeva. Allí se encontró con directivos de Morgan Stanley, DBRS, Deutsche Bank, Pimco e Invesco. A Oslo, en cambio, envió a Domènech, a Jordi Solé (secretario de Asuntos Exteriores y actual eurodiputado) y a Albert Royo, secretario general del Diplocat, la agencia de la diplomacia de la Generalitat, que "exploraron la posibilidad de buscar financiación a través de las dos estructuras que se visitaron".

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Tras esos primerizos contactos, Aragonès viajó a Eslovenia en enero de 2017 junto a su inseparable Natàlia Mas, la asesora Ana Stanic, contratada por sus contactos con el Gobierno esloveno, y Adam Casals, embajador de la Generalitat en el país. Allí, durante su primer día de estancia, Aragonès se vio con France Arhar, primer gobernador del Banco Central de Eslovenia; con Mojmir Mrak, negociador de Eslovenia en el momento de la independencia y jefe de las negociaciones para la entrada del país en la UE, y con Joze Mencinger, ministro de Economía en el primer Gobierno esloveno.

La segunda jornada, el representante de la Generalitat se vio durante media hora con Bostjan Jazvec, gobernador del Banco Central de Eslovenia; luego, visitó a Martjaz Noc, director del Departamento de Estadística del Banco Central esloveno, y más tarde, a Marko Kranjec, primer ministro de Finanzas de Eslovenia y exgobernador del Banco Central de aquel país. Por último, se vio con Andrej Rant, vicegobernador del Banco Central de 1997 a 2011. El memorando realizado tras el viaje detalla con todo lujo de detalles los pasos dados por Eslovenia para alcanzar su independencia, en un proceso que provocó más de 80 muertos. "Estarían absolutamente dispuestos a ofrecer asistencia técnica", dice el memorando del Govern.

La "total disposición" eslovena

Como apuntes finales, el documento destaca que "diversos expertos mostraron disponibilidad a ayudarnos. Posibles contactos como valiosos asesores externos serían France Arhar y Mojmir Mrak". Además, Aragonès mostró en su informe otro detalle importante: "El gobernador actual del Banco de Eslovenia mostró también total disposición a apoyarnos cuando el Consejo de Gobierno del BCE trate el caso de Cataluña. También a ayudarnos en la transferencia de conocimiento o de sistemas de información. Comentó que considera apropiado mencionar un encuentro con Cataluña en la próxima reunión del Consejo de Gobierno del BCR (este consejo está formado por los gobernadores de los bancos centrales que forman la zona euro y se reúne cada 15 días en Fráncfort)".

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Aragonès compartía tareas con Lluís Salvadó, secretario de Hacienda y el responsable de poner a punto la Agencia Tributaria Catalana (ATC) para recaudar todos los impuestos en el nuevo Estado, así como estructuras como una agencia propia de la Seguridad Social y una agencia de la Competencia al margen de la española. Salvadó, actualmente presidente del puerto de Barcelona, sí está imputado. Un informe del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que instruye el caso Voloh, señala que "tanto Lluís Salvadó como el actual vicepresidente, Pere Aragonès, realizaron viajes por Europa para reunirse con representantes de entidades de calificación de deuda y entidades financieras, pues uno de sus objetivos era poder financiarse en los mercados internacionales en caso de declarar la independencia".

Tras su comparecencia en el juzgado, Aragonès dijo que había comparecido "con el objetivo de que se sepa toda la verdad sobre el espionaje del que he sido víctima". Pero, aun así, se negó a entregar su teléfono con el fin de que el juez pudiese certificar que, efectivamente, fue espiado con el virus Pegasus. El president dijo que su vida personal "está en manos de alguien, por eso queremos acceder a toda la información, saber quién la tiene y quién lo ordenó". El secreto de Estado ha cercenado sus aspiraciones: el Gobierno no ha accedido a desclasificar, de momento, ningún documento.